"El gobierno Bush debe explicar inmediatamente qui�n supervis� y aprob� un memor�ndum clasificado de alto nivel del Pent�gono que pretende justificar el uso de la tortura." Human Rights Watch formul� esta exigencia el pasado martes 8. Con raz�n. El d�a anterior aparecieron en The Wall Street Journal fragmentos del memo que, entre otras cosas, asegura que W. Bush, en su calidad de comandante en jefe de las fuerzas armadas, tiene facultades pr�cticamente ilimitadas para declarar la guerra y violar las disposiciones internas y los convenios internacionales contra la tortura de los que EE.UU. es Estado parte. La expresi�n "el presidente cree que est� por encima de la ley" que suelen utilizar sus cr�ticos ha adquirido realidad documental: fue jur�dicamente fundamentada por expertos del Pent�gono y del Departamento de Justicia.

Donald Rumsfeld estamp� en el memor�ndum el sello "secreto" el 6 de marzo de 2003, en v�speras de la invasi�n a Irak, y la revelaci�n de su existencia se produce cuando arrecian las acusaciones -y las evidencias- de que el Pent�gono est� tratando de encubrir la verdadera magnitud del uso de la tortura en los interrogatorios que sus efectivos infligen en Afganist�n, Irak, Guant�namo y a saber d�nde m�s. Rumsfeld orden� el inicio de seis investigaciones sobre el trato propinado a los prisioneros iraqu�es y afganos, pero ninguna est� destinada a determinar la responsabilidad en la materia de los altos jefes militares y de la conducci�n civil del Departamento de Defensa. La teor�a oficial es que los soldados fotografiados en la prisi�n de Abu Ghraib son un pu�adito de "manzanas podridas". El resto del caj�n est� sano.

El memor�ndum tiene m�s de 100 p�ginas, aborda una serie de aspectos jur�dicos relacionados con los interrogatorios y define los grados "legales" de dolor f�sico y de manipulaci�n psicol�gica aplicables a los prisioneros. Las p�ginas desclasificadas son las primeras 56 y se refieren a los presos afganos en Guant�namo que, por orden de W. Bush de fecha 13 de noviembre de 2001, no son considerados prisioneros de guerra y pueden ser torturados hasta la muerte. Un cap�tulo titulado "Consideraciones relativas a la pol�tica" inicia la parte no desclasificada. La fundamentaci�n de tan extraordinario documento -antecedente de los m�todos aplicados en Irak- es cosa vieja: "Como nada es m�s importante que 'obtener inteligencia vital para la protecci�n de incontables miles de ciudadanos norteamericanos' -cita The Wall Street Journal-, las restricciones corrientes al uso de la tortura pueden no respetarse". Las torturas entonces deben ser "severas" y "de un nivel de intensidad tan elevado que impidan al sujeto soportarlas". Los autores del protoloco ilustran acerca de c�mo se puede defender la impunidad de tales pr�cticas: se aducir� que son "necesarias" para evitar un ataque y/o se recurrir� al argumento de la "obediencia debida" que las v�ctimas de las dictaduras militares latinoamericanas bien conocen.

"A fin de acatar la facultad constitucional del presidente de lanzar una campa�a militar... (la prohibici�n de la tortura) debe considerase inaplicable a los interrogatorios realizados de conformidad con su autoridad de comandante en jefe", estableci� el grupo de distinguidos abogados que, con el consejero general del Pent�gono William J. Haynes al frente, redact� el documento luego de efectuar consultas con el Estado Mayor Conjunto de las fuerzas armadas, el Departamento de Justicia y casi todos los 16 servicios de espionaje del pa�s. Seg�n esos expertos, el Congreso no tiene competencia para intervenir cuando militares o funcionarios de EE.UU. se dedican a torturar. Y adem�s: "En ocasiones, el bien superior de la sociedad requerir� que se viole la letra de las disposiciones del derecho penal". Dicho de otra manera, la democracia no tiene por qu� observar su propia legalidad. Puede violarla democr�ticamente.

Kenneth Roth, director ejecutivo de Human Rights Watch, record� que se conoc�a el inter�s de la cumbre del Pent�gono por emplear la tortura y evadir al mismo tiempo las consecuencias legales. Es una pretensi�n reiterativa de la Casa Blanca, que demanda siempre inmunidad para sus tropas cuando participan en ejercicios militares en otros pa�ses. "Si alguien pensara todav�a - advirti� Roth- que los abusos cometidos en Abu Ghraib fueron imaginados por un grupito apenas de soldados y sargentos, este memor�ndum deber�a terminar con semejante mito." El macartista procurador general de EE.UU. John Ashcroft, en uso de la cantilena oficial, declar� el martes 8 ante el Comit� de Justicia del Senado que el gobierno Bush se opon�a a la tortura, pero se neg� a entregar el documento, que varios senadores solicitaron, y �stos le advirtieron que su actitud podr�a considerarse un desacato al Congreso. El vocero del Pent�gono Lawrence Di Rita, por su parte, afirm� a la prensa que se trataba de un borrador y que los 24 m�todos de interrogatorio aprobados por su jefe Donald Rumsfeld no eran en realidad torturas. Por ejemplo, el aislamiento de prisioneros durante un mes o m�s, los interrogatorios de 20 horas seguidas durante tres d�as seguidos, las amenazas de atacar con perros y otros tratos gentiles que las fotos tomadas en Abu Ghraib se encargaron de registrar.

Esas conductas violan los convenios de Ginebra de 1949, ratificados por EE.UU. en 1955, que proh�ben toda forma de "coerci�n f�sica o mental" de los prisioneros de guerra; los pactos internacionales de derechos civiles y pol�ticos; la Carta de las Naciones Unidas; la convenci�n de la ONU contra la tortura, tambi�n ratificada por Washington, que establece que "ninguna circunstancia excepcional, tr�tese del estado de guerra o de amenaza de guerra, de inestabilidad pol�tica interna o de cualquier otra emergencia p�blica, puede ser invocada para justificar la tortura"; disposiciones estadounidenses como la ley sobre cr�menes de guerra de 1996, que considera punible la comisi�n de torturas, o el estatuto federal contra la tortura de 1994, que castiga al nacional o al habitante de EE.UU. que tortura o intenta hacerlo, o la garant�a constitucional que proh�be los tratos "crueles e inhabituales". Claro que, como propone el memor�ndum de marras, ni el Congreso estadounidense ni la Constituci�n del pa�s ni los convenios internacionales tienen entidad o latitud para lastimar un hecho indiscutible: el gobierno Bush est� por encima de todas esas peque�eces, puras peque�eces, no m�s que peque�eces.