ALCA

La expansión militar de Estados Unidos en América Latina, relacionada con el proyecto anexionista del Area de Libre Comercio para las Américas (ALCA), comenzó mucho antes de la declaración de la Guerra Infinita del presidente George W. Bush, anunciada después de los atentados del 11 de setiembre de 2001.

Stella Calloni (*)

Esa expansión fue diseñada en los documentos militares de los años 90, con el eje de Guerra de Baja Intensidad (CBI) que va más allá de una militarización clásica, ya que abarca: intromisión en la vida política, económica y social de los países, con exacerbado acento en guerras sicológicas, destrucción cultural, dentro de un extenso proyecto de desinformación y manipulación, favorecida por la apropiación de los grandes medios masivos de comunicación.
Las maniobras de tropas estadounidenses ya se sucedían casi en forma permanente en la región desde los años 90, superando el esquema anterior.
Un ejemplo lo registramos en Argentina, donde hoy se denuncia profusamente la entrada de tropas estadounidenses en maniobras en distintas zonas del país y especialmente en la provincia de Misiones, limítrofe con Paraguay y Brasil.
Sin embrago el 14 de setiembre de 1993, bajo un manto de silencio periodístico ya las tropas de Estados Unidos realizaban maniobras en esa misma provincia y estuvo allí el comandante general del ejército sur de Estados Unidos, general George Cracker, mientras en Córdoba ­y con el mismo sigilo­ otro grupo de tropas realizaba actividades similares bajo el nombre de "ejercicios de gabinetes de comandos".
En ese mismo mes entre el 6 y el 10 de setiembre ya se habían realizado otros juegos de guerra en Misiones "para perfeccionarse en tareas en zonas de espesa vegetación selvática".
Esa provincia argentina es similar en su topografía a Panamá, país donde se enclavó durante años el Comando Sur del Ejército estadounidense.
Por entonces llegaron también paracaidistas a Misiones bajo el mando del general Ed Stevens, lo que causó fuertes reacciones en Brasil, cuando sólo unos días antes partidos políticos, organismos sindicales, estudiantiles, municipios y diputados habían realizado una protesta en Bolivia por la llegada de asesores estadounidenses.
En esos días durante una reunión de seguridad dentro del Mercado Común del Sur (Mercosur) los militares brasileños mostraron su descontento por las maniobras, denunciando serios peligros para las soberanías locales.
A mediados de 1996 una información periodística reveló que existía un Proyecto de Seguridad presentado por Argentina a Brasil que suponía la intervención militar en "procesos de desestabilización social, cultural y política en los estados partes".
El documento preparado por la Secretaría de Asuntos Militares, la subsecretaría de Políticas y Estrategia y la Dirección Política del Ministerio de Defensa de Argentina, bajo el gobierno de Carlos Saúl Menem proponía asimismo la intervención militar para prevenir estallidos por causas diversas como "indigenismo, subversión, terrorismo, narcotráfico, factor campesino", y manifestaba la intención de "desarrollar estrategias de anticipación a partir de la detección temprana de los riesgos y amenazas comunes", lo que causó una fuerte reacción en este país y en Brasil.
El documento era casi un calco no sólo de la nefasta Teoría de Seguridad Nacional que propició las dictaduras de los años 70 y el genocidio regional, sino que tenía elementos de la llamada "Operación Cóndor", una verdadera transnacional del terrorismo de Estado, que permitió el intercambio de prisioneros políticos, asesinatos en uno u otro país de perseguidos por razones ideológicas, cruces de informaciones, coordinación para el crimen.
El descubrimiento de los llamados Archivos del Terror en Paraguay en diciembre de 1992, permitió ratificar las denuncias sobre la "Operación Cóndor" y puso al descubierto la responsabilidad de Estados Unidos.
En 1997 el abogado paraguayo Martín Almada, dirigente de derechos humanos, víctima de la dictadura y descubridor de los "archivos del horror" tuvo acceso a un fax enviado por un coronel del ejército de su país que actuaba como enlace con la Secretaría de la Conferencia de Ejércitos Americanos, (CEA) en Quito, Ecuador. Se trataba de un informe sobre "la subversión en el primer semestre de 1997 en Paraguay".
La nota contenía una lista de supuestos "subversivos" donde figuraban gremialistas, políticos, estudiantes, organizaciones sociales y campesinas, como en el mejor período de la Guerra Fría.
La gravedad de la denuncia de los organismos de derechos humanos de Paraguay, originó un primer pedido judicial de informes sobre el rol de la Secretaría en funciones del CEA.
El oficial en cuestión manifestó que había usado el término "subversivo" porque era el utilizado en los informes semestrales al CEA enviados desde cualquier país de la región.
La intención de ligar a los movimientos sociales, a los Campesinos Sin Tierra, a los desocupados, a los perdedores de un sistema económico injusto con una supuesta instancia de "subversión" resultaba una amenaza para nuestros países y daba cuenta de los términos en que se trabajaban los famosos acuerdos de seguridad, a espaldas de los pueblos y del retorno o nunca salida de la "guerra fría".
Esto en momentos en que Washington desataba una carrera armamentista que abría las puertas a la creación de conflictos artificiales, provocaciones de todo tipo, en función de agilizar una mayor venta de armas, lo que implicaba un desafío a la paz y a la seguridad del continente.
Washington asestó otro golpe al Mercosur, al ofrecer a la Argentina el papel de gendarme del Cono Sur, como aliado extra OTAN para obstaculizar la difícil integración, iniciada en 1991. Dentro de las "relaciones carnales" con Washington admitidas por el gobierno de Carlos Menem también este fue uno de los más fuertes promotores de la firma de un acuerdo militar y policial en zonas fronterizas con Brasil para arrastrar detrás a Paraguay y Uruguay.
Los acuerdos de seguridad firmados en torno a la Triple Frontera, que une Paraguay, Brasil y Argentina, así como los avances en la creación de otros compromisos entre los países del Mercosur para crear una coordinación conjunta militar y de seguridad, unido al Plan Colombia, implementado prácticamente a partir del año 2000, conforman un peligrosísimo esquema de expansión y control.
Otro de los soportes del proyecto militar de Estados Unidos para América Latina es el llamado Plan Puebla-Panamá, que intentó ser vendido como un trazado de desarrollo regional.
Una de las estrategias norteamericanas en el diseño de la GBI es estar ya en el terreno para prevenir conflictos, que estaban previstos en los años 90 cuando los expertos militares analizaban que la situación regional iba a estallar por el tema de la deuda externa, la pobreza creciente y el desempleo, así como el desarrollo de planes económicos incompatibles con el crecimiento y del desarrollo social.
Este esquema se ha disparado ahora por la Guerra contra el Terrorismo ­"la guerra infinita"­ y supone entre otras medidas la ocupación de las fronteras comunes en América Latina en un diseño de dominación y control perfeccionado.
Ya no se necesitan grandes bases como las que se agrupaban en el Comando Sur, cuando aún estaba en la Zona del canal de Panamá, sino las que permitan el rápido despliegue de fuerzas y la vigilancia y control de todas las fronteras.
El ALCA no podría programarse sin su pata militar. La guerra contra el terrorismo, sin fronteras, le ha permitido al gobierno de Estados Unidos avanzar con celeridad, la actividad militar regional es constante y va fijando bases y estructuras.
Las consecuencias en América Latina
Por esta razón existen ahora sobrados temores de que Estados Unidos intente algún tipo de acción militar en Ciudad del Este, en la zona de la Triple Frontera (de Argentina, Brasil y Paraguay) durante algunas de las maniobras militares planeadas para los próximos meses, incluso no se desestima que inventen un "atentado" a la medida de sus necesidades en algunos de los países, como se ha hecho en ocasiones de crear el argumento para una guerra(Cuba en el siglo XIX, Vietnam en el XX).
Para armar el esquema de la Triple Frontera Washington recurrió a informaciones falsificadas y los medios locales determinaron que fue la Central de Inteligencia de Estados Unidos (CIA) la que "advirtió" al presidente Menem sobre la posibilidad de que ese lugar sirviera "como plataforma" para atentados terroristas, aunque a todas luces eso era absolutamente improbable. Ciudad del Este en Paraguay es una ciudad pequeña, tipo Far West, conocida como lugar privilegiado para el contrabando, incluso de armas y de personas, y fue básica para la estructura corrupta de la dictadura paraguaya de Alfredo Stroessner, que contó con todo el apoyo de Estados Unidos. El comandante en jefe interino del Comando Sur del Ejército norteamericano, Gary Speer, afirmó que su fuerza "reconoció (en la Triple Frontera) una amenaza terrorista viable en América Latina mucho antes del 11 de setiembre" y que si esa amenaza, "no es expuesta y removida, representa un potencial de peligro tanto para nuestra seguridad nacional como para la de nuestros vecinos" al informar al parlamento sobre la "Guerra contra el terrorismo y la política estadounidense en Colombia". También sostuvo que sus fuerzas de inteligencia monitorean "actividades terroristas desde hace años, incluyendo incidentes como los ataques con bombas contra la embajada israelí en Buenos Aires y la sede mutual judía en la Argentina, en 1992 y 1994, atribuidos a Hezbolá", aunque esto nunca haya sido comprobado. *

(*) La autora es periodista argentina. Colaboradora de Prensa Latina.
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