Negocio empresarial en auge. Sistemática explotación de adolescentes. Complicidad del Estado. Este es el escenario en el que 3.500 niños y jóvenes empaquetadores y carriteros desempeñan diariamente sus labores en las cadenas de supermercados, en situación de total precarización de sus derechos laborales. La organización de los niños trabajadores, incipiente aún, busca romper este sistema opresivo.
 
Vicente Páez
E`A, periódico de análisis
http://ea.com.py/

El Código de la Niñez y la Adolescencia establece la prohibición de la explotación de niños, niñas y adolescentes. Sin embargo, los trabajadores infantiles y adolescentes de las áreas de empaquetado y traslado de productos en los carritos no tienen salarios, no tienen contratos y mucho menos tienen cobertura del Instituto de Previsión Social (IPS), comentó Gladys González, una de las jóvenes dirigentes de la Coordinación Nacional de Niños, Niñas y Adolescentes Trabajadores (Connats). «Algunos de los trabajadores menores de edad de los supermercados deben presentarse incluso antes de las siete para limpiar los salones y luego pasan a realizar los trabajos de empaquetado y carga en los carritos de los productos comprados por los clientes. Además, en ciertos casos trabajan más de ocho horas», anexó. Los trabajadores deben pagar sus pasajes, sus comidas y ni siquiera bebederos de agua existen en los supermercados. Unos 3.500 niños y jóvenes se dedican a esta labor.

Si la explotación de los trabajadores adultos es notoria en los supermercados, la realidad es aún más cruda con los menores. «Si faltamos, tenemos que presentar un certificado médico para justificar nuestra ausencia», comentó uno de los trabajadores adolescentes que presta sus servicios hace más de un año en uno de los supermercados de la cadena que «Sale más barato». Los empleados que llegan con 10 minutos de atraso en sus horarios de entrada no son admitidos ese día y se pierden una jornada en la que batallarán por ingresos que puedan contribuir a su subsistencia.

«El Estado debe crear las fuentes dignas de trabajo para los padres, de modo a que los niños y niñas estén en sus casas, en las escuelas o jugando. Nosotros estamos en contra del trabajo infantil», expuso Gumersindo Galeano, secretario general del Sindicato de Trabajadores del Comercio y Servicios (Sintecoss) e integrante del Comité Ejecutivo de la Central Nacional de Trabajadores (CNT).

El jornal mínimo en Paraguay es de 44.756 guaraníes. Sin embargo, muchos de los pequeños trabajadores que prestan su fuerza laboral a los supermercados, reciben insignificantes sumas diariamente, pero ni siquiera de estas empresas, sino que dependen de las propinas que voluntariamente los clientes les entreguen. Algunos sacan al día 15.000 ó 20.000 guaraníes, dependiendo del nivel de movimiento que exista en la jornada, mencionó un trabajador consultado por E’a. Algunos llevan cargas por varias cuadras y reciben como paga de parte de los clientes solo 1.000 ó 2.000 guaraníes, a pesar del gran esfuerzo, e incluso el riesgo en que incurren al cruzar avenidas muy transitadas.

La organización obrera en otros sectores ya dio resultados. Mediante la articulación de los trabajadores, por ejemplo ya no se tienen a niños ingresando a trabajar al vertedero de Cateura, explicó Galeano.

Sin embargo, la persecución patronal a la organización de los trabajadores de los supermercados es sistemática. «Existen empresas que prohíben que más de tres trabajadores se reúnan para conversar. Hasta este nivel llega el ataque al derecho de sindicalización de los trabajadores», graficó el dirigente sindical. El año pasado, los trabajadores del supermercado Gran Vía de Ciudad del Este formaron su sindicato, pero la patronal desató una cruenta persecución, despidió a los dirigentes sindicales y se desarticuló la organización, ante la nula respuesta del Ministerio de Justicia y Trabajo para garantizar el derecho a sindicalización de los trabajadores.

En algunos supermercados se dan cursos para los niños y adolescentes, pero se les insiste para que sean sumisos, para que no reclamen sus derechos, detalló Francisco Estigarribia, dirigente de la Connats. Se hicieron varios intentos por organizar a los adolescentes, pero es muy difícil dada la persecución por parte de los empresarios. «En el supermercado Real, del ex senador Blas N. Riquelme, se despidió a varios referentes que intentaron sindicalizar a los carriteros y empaquetadores», mencionó Francisco. Sin embargo, a pesar del miedo instaurado, y al desamparo proveniente del Estado, los niños no cesan en sus intentos por organizarse y dignificar sus condiciones de trabajo. Incluso se obliga a los jóvenes a elegir a un supervisor de su trabajo, para quien deben aportar cada uno 1.000 guaraníes como retribución por esta función, detalló el dirigente. En el supermercado Grütter, del Mercado del Abasto, los propios guardias de seguridad maltratan a los jóvenes, expuso Gladys.

El denodado esfuerzo de los trabajadores del supermercado Arco Iris de Ciudad del Este, con el acompañamiento de la Comisión de Defensa de los Derechos de la Niñez (Codeni) de dicha ciudad, dio sus frutos, pues propició que desde agosto del 2006 pudieran recibir al menos el 60% del salario mínimo de parte de la patronal.
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El año 2008 fue muy sacrificado, pero con grandes satisfacciones, había expresado el presidente de la Cámara Paraguaya de Supermercados (Capasu), Elzear Salema. Omitió, sin embargo, que los satisfactorios resultados de los negocios supermercadistas tuvieron como elemento importante la violación persistente de los derechos de los trabajadores, en especial los infantes.

Las ganancias se mantienen para las empresas. Y la explotación es obrera. En las épocas pico, como diciembre, muchos niños realizaron doble turno a fin de obtener ingresos mayores. A esta sobrecarga de trabajo se añadió que muchos de ellos quedaban sin posibilidad de utilizar los servicios públicos de transporte, pues ya no habían ómnibus a ciertas horas de la noche.

Gobierno apaña violaciones laborales

El Ministerio de Justicia y Trabajo (MJT) se desentiende estructuralmente de esta problemática. Con ello, avala la hiper explotación infanto juvenil. Esta cartera realizó una tímida inspección del supermercado La Bomba, de Asunción, en la primera quincena de enero de este año. Sin embargo, se carece de una política de gobierno para obligar a las patronales a respetar los derechos de los trabajadores y las trabajadoras.

El abogado Jorge Villalba mencionó que encara una pelea judicial contra la cadena de supermercados España por el despido injustificado de una trabajadora. La situación de incumplimiento de los derechos de los empleados es la constante, añadió.

La CNT apoya la iniciativa del gobierno del Sistema Nacional del Empleo, mencionó el secretario general del Sintecoss. «Pero necesitamos que sea una iniciativa real, que no termine en el opareí», agregó Galeano.

El anterior presidente de la República, Nicanor Duarte Frutos, se ufanaba porque uno de los supuestos logros de su gobierno había sido el incremento de 30% de las ganancias de los supermercados durante el 2007. En contrapartida, el gobierno seguía manteniendo en el desamparo a millares de trabajadores de este sector comercial, muchos de ellos menores de edad. En medio de la campaña proselitista de caras a las elecciones del 2008, Duarte Frutos amagó una débil intervención del supermercado Stock, de Antonio J. Vierci, que terminó sin mayores resultados favorables a los trabajadores.

El MJT tiene solo 50 inspectores para realizar las verificaciones de las condiciones de trabajo en las empresas. La estructura del Estado en el mundo del trabajo está montada para desatender los reclamos obreros. En el Chaco, solo existe una oficina de denuncias. Las oficinas regionales del mjt solo llegan a 10 en todo el país. Para la represión de las luchas sociales, el Estado cuenta con 50 oficinas de la Fiscalía en todo el país y centenares de funcionarios. La sede del Viceministerio del Trabajo, ubicada en Herrera y Paraguarí, ni siquiera tiene cartel indicador. Un claro indicador de que se busca desalentar cualquier denuncia de parte de los obreros y obreras.

La explotación es igual a muerte

Uno de los casos más referenciales en cuanto a sistemas opresivos de trabajo se presentó con la masacre del supermercado Ycuá Bolaños. Unos 50 empleados y empleadas murieron calcinados en sus puestos de trabajo. La orden empresarial era expresa: ante cualquier siniestro los trabajadores tenían prohibido dejar sus lugares respectivos de labor. Esta es una situación que se mantiene, mencionó Galeano.

El sector supermercadista ocupa actualmente a unos 45.000 a 55.000 trabajadores en forma directa e indirecta. Muchos de ellos en condiciones de trabajos altamente precarias, de acuerdo al Sintecoss.