Latinoamérica

Ezequiel Meler,

Era de esperarse. Los vínculos entre la extrema derecha boliviana -aquella que supo gritar que Hitler había matado a los judíos porque no conocía a los collas- con sus pares de la región tenían que salir a la luz, más tarde o más temprano. Y salieron más temprano que tarde, con el pedido de colaboración por parte del gobierno boliviano al embajador argentino en la lucha contra los grupos terroristas que amenazan la vida del presidente Morales.
El vínculo establecido no es aleatorio: se trata de grupos de ex militares argentinos -los llamados "carapintadas"-, varios de los cuales tienen pedido de captura internacional por crímenes de lesa humanidad, tanto en nuestro país como en el exterior. El gobierno boliviano los sindica como responsables del entrenamiento de las células terroristas cruceñas que alientan al movimiento separatista del oriente de ese país. Aunque los detalles no son demasiado conocidos, tenemos muchas razones y varios precedentes -éste, por ejemplo, o éste, por no recordar este otro- que nos permiten afirmar la verosimilitud de la versión oficial.
Hagamos un poco de memoria. Bolivia se transformó en una suerte de santuario para genocidas de diversa calaña ya en los años ochenta, luego del sangriento golpe militar de Luis García Meza. El investigador argentino Ariel Armony ha detallado la participación argentina en dicho levantamiento en su trabajo La Argentina, los Estados Unidos y la cruzada anticomunista en América Central, 1977 - 1984.
Comprometida con la Doctrina de la Seguridad Nacional, e influida por las enseñanzas de los militares franceses en lo referente a la "guerra contrarrevolucionaria", la dictadura argentina consideraba que los límites nacionales eran irrelevantes en la confrontación con el comunismo. De este modo, pudo justificar tanto el Plan Cóndor como las sendas intervenciones en países de la región, siempre en contra del "enemigo común" del Occidente cristiano, a saber, las organizaciones guerrilleras partidarias del "totalitarismo comunista". Entre dichas intervenciones  se cuentan los operativos en Bolivia, El Salvador, Guatemala y Honduras.
El "golpe de la cocaína", con todo, destaca en esa lista como una operación de pura estirpe criolla. Coordinado por el Batallón de Inteligencia 601, y financiado por narcotraficantes de escala regional, este operativo es una muestra perfecta de la relación entre política, ideología y negocios que practicaban los militares argentinos.
Al respecto, Armony señala lo siguiente:
"En julio de 1980, los militares argentinos participaron en una importante y violenta operación exterior: el golpe de Estado que en Bolivia encabezó el comandante del Ejército, general García Meza. Éste solicitó asistencia militar para expulsar a Lidia Gueiler, la presidenta civil designada por la Asamblea Legislativa boliviana, y el ejército y la armada argentinos intervinieron activamente. El golpe se caracterizó por una precisa planificación y una brutal ejecución. [...] La Argentina fue el primer país que reconoció al nuevo régimen boliviano [...] Además de consideraciones referidas al conflicto este - oeste, tensiones tradicionales en la región del cono sur -en especial la rivalidad argentina con el Brasil- y la importancia de estados tapón como Bolivia para el equilibrio de poder regional desempeñaron un papel significativo en la decisión de respaldar el golpe de García Meza. Sin embargo, la lógica geopolítica no fue la única razón de la cooperación con los militares bolivianos. Poderosos grupos de las Fuerzas Armadas argentinas estaban estrechamente relacionados con redes transnacionales ilegales, principalmente del narcotráfico, y su participación en el alzamiento [...] les redituó enormes beneficios económicos. [...] El socio de García Meza era el barón de la droga Roberto Suárez Levy, considerado uno de los principales traficantes de cocaína del mundo en los años ochenta. [...] El dinero proporcionado por Suárez Levy contribuyó a pagar la intervención argentina en el golpe. A su vez, esos fondos solventaron las actividades militares argentinas en El Salvador. El general Suárez Mason, socio de los grandes traficantes de cocaína -entre ellos García Meza y su ministro del interior, el coronel Luis García Arce-, dirigió una poderosa red dentro del aparato militar y paramilitar argentino, que combinó exitosamente los operativos anticomunistas con el narcotráfico y otras transacciones ilegales. Durante el régimen de García Meza, Bolivia se convirtió en un santuario de criminales de guerra nazis y terroristas neofascistas italianos. Klaus Altmann -más conocido como Klaus Barbie, el carnicero de Lyon- recibió de manos de Arce Gómez el rango honorario de teniente coronel del ejército boliviano. Altmann asesoró a las fuerzas de seguridad de ese país en técnicas de interrogatorio y torturas. Pier Luigi Pagliai y Stefano delle Chiaiae operaban dentro del servicio de inteligencia militar boliviana."
Nada de todo esto se interrumpió con el advenimiento de la democracia en la Argentina. Suárez Mason huyó a Estados Unidos, donde estableció su cuartel general de narcotráfico y represión ilegal. Sus socios locales simplemente se escondieron, o bien se reconvirtieron en "empresarios" con inversiones diversificadas en distintos rangos de la producción: tal era y sigue siendo el alcance de la autonomía que los sectores de inteligencia habían alcanzado bajo la última dictadura.
Un alumno dilecto de Suárez Mason, Mohamed Alí Seineldín, viejo enlace entre el Ejército y la organización paramilitar conocida como "Triple A", fue "premiado" por su labor al ser designado como agregado militar en Panamá. Allí permaneció hasta 1988, primero como parte del equipo diplomático argentino, y luego abiertamente como asesor de las Fuerzas Armadas y los servicios de inteligencia locales, especialmente la "Fuerza de Tareas" designada como "E2″.
Estos antecedentes muestran a las claras la verosimilitud del vínculo, denunciado por el gobierno boliviano, entre la mal llamada "mano de obra desocupada" -bastante ocupada está, debemos reconocerlo- y los ataques contra la investidura presidencia en el país vecino. Cabe preguntarse, si se confirma una noticia de esta naturaleza, ¿qué (no) harían en su propia tierra?