El sindicalismo en Colombia está de luto. Si 2007 terminó con renovadas esperanzas por la notable reducción de muertes y amenazas de líderes e integrantes de sindicatos, en el 2008, en cambio, la ilusión de que la persecución al sindicalismo cesaría se ha tornado frágil. El 2 de enero, cuando apenas se iniciaba el año, ocurrió el primer homicidio. Ese día, mataron a Mario Zuluaga, de la Asociación Médica Sindical (Asmedas).
Después de esa muerte, no ha parado la mala racha. Dieciséis más han sido asesinados <http://www.semana.com/wf_InfoArticulo.aspx?idArt=110668.

El caso más reciente fue el de Adolfo González Montes, dirigente del Sindicato de Trabajadores del Carbón (Sintracarbón), en Riohacha. Se fue a su casa temprano a descansar para madrugar al día siguiente a su trabajo en Carbones del Cerrejón. Nunca salió. Fue torturado y asesinado en su residencia. Entre enero y marzo de 2007 la cifra ya era escandalosa: diez muertes violentas de sindicalistas, pero este año los casos van en aumento. De mantenerse esta tendencia, los logros que se habían conseguido hasta ahora se podrían reversar.
Ninguno de los sindicalistas asesinados en este año, según dijeron funcionarios del gobierno a Semana.com, había recibido amenazas, ninguno estaba en procesos de negociación colectiva en sus empresas, ni el ambiente de sus trabajos era hostil. Por eso ninguno estaba en el programa especial de protección a sindicalistas del Ministerio del Interior que generalmente ofrece especial custodia oficial y otras condiciones de seguridad a quienes estén en riesgo.
Los organizadores de la marcha en contra de los crímenes del paramilitarismo y en solidaridad con sus víctimas del pasado 6 de marzo han dicho que cuatro de los sindicalistas fueron asesinados en represalia por su participación activa y liderazgo en dicha caminata. Las autoridades aún no han confirmado ni desmentido esta denuncia.
Guillermo Correa, director del área de Investigación de la Escuela Nacional Sindical (ENS), coincide con el gobierno en que las últimas muertes, según la información que se conoce hasta el momento, no parecen asociadas a conflictos laborales o a amenazas por su actividad sindical. Sin embargo, las investigaciones judiciales están en proceso. Correa espera que la Fiscalía esclarezca los homicidios.
Como sucede a veces en Colombia con personas protegidas especialmente por su labor en defensa de los derechos ciudadanos -defensores de derechos humanos, periodistas, jueces, etc., - que algunos pocos resultan asesinados por razones que nada tienen que ver con su labor, asimismo sucede con los sindicalistas. Incluso el informe de 2007 del Departamento de Estado de Estados Unidos sobre la situación de los derechos humanos en Colombia, que asegura que en miembros de los sindicatos continuaron siendo blanco de la guerrilla de las Farc y el Eln, y de los nuevos grupos armados al margen de la ley, por razones políticas, también señala que algunos sindicalistas fueron muertos como consecuencia de casos de robo, riñas domésticas y otras razones ajenas a la política.
"De acuerdo con la Fiscalía -dice el informe - los motivos en la mayoría de los casos procesados no tuvieron relación con el hecho de que las víctimas fueran integrantes de un sindicato".
Sobre las muertes recientes, hay que esperar a que las autoridades judiciales lleguen a descubrir realmente qué es lo que ha pasado y den con los responsables. Es de deducir sin embargo, que ante una ola de asesinatos de sindicalistas como la que se ha dado este año, hay algo más siniestro detrás que simples coincidencias de homicidios comunes. Las organizaciones nacionales e internacionales especialistas en el tema están preocupadas y consideran, con razón, que hay un ambiente francamente hostil para el ejercicio del sindicalismo en el país.
En la sesión número 301 del Consejo de Administración de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que se realizó entre el 6 y el 20 de marzo pasado, reconocieron que en Colombia se han visto las garantías para ejercer la actividad sindical. Pero, a su vez, llamaron la atención por la presiones y amenazas que han recaído últimamente sobre el sindicato empleados de la Universidad de Córdoba "por parte del rector de la Universidad y de jefes paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc)". Le pidió al gobierno que garantice la seguridad de los dirigentes sindicales amenazados.
Apenas cinco días después de la reunión de la OIT, 22 organizaciones internacionales de derechos humanos les enviaron una carta a los presidentes Álvaro Uribe y George Bush. En ella, rechazaban las muertes y amenazas que han ocurrido en los últimos días no sólo contra sindicalistas, sino contra organizaciones defensoras de derechos humanos y líderes sociales. Y culpan al gobierno de haber creado un clima de intolerancia política contra los organizadores de la marcha del 6 de marzo al afirmar que detrás de esta caminata estaban las Farc.
*Males nuevos y viejos* Los conocedores del tema advierten que habrá dificultades el futuro inmediato. Paradójicamente, en momentos en que se necesita más que nunca que se respete la vida de sindicalistas y líderes para la aprobación del TLC con Estados Unidos, se avecina un turbio panorama.
Para empezar, despertó el paramilitarismo, el principal verdugo de los líderes laborales. Los diálogos con las Auc habían conducido a la reducción sustancial del hostigamiento a sindicatos, pero en un reciente comunicado emitido por un grupo que se hace llamar Águilas Negras en Rearme, el comandante 'Camilo' anuncia una primera fase armada con el "total rearme de las fuerzas paramilitares".
"Después de ese anuncio, no conozco aún que se haya registrado alguna violación por parte de ese grupo, pero prende las alarmas", dijo Correa, el director de Investigaciones de la ENS. Ese ambiente cargado de amenazas y polarización se suma a viejos males de la sociedad colombiana, que tiene una visión negativa de los sindicatos<http://www.semana.com/wf_InfoArticulo.aspx?idArt=110675.
En este terreno abonado florece la intolerancia y la agresión contra miembros y líderes de sindicatos.
Ahora, lo que se avecina para las autoridades es un gran reto, pues los sindicalistas son un grupo de población vulnerable que requieren especial protección debido al importante papel que cumplen en una democracia en representación del trabajo. Es deber del gobierno proteger sus vidas y habilitar su actividad como miembros activos de organizaciones laborales.
El gobierno asegura que ya está tomando medidas especiales para evitar que las muertes violentas de sindicalistas se vuelvan a disparar y que ya tienen planeado cómo se protegerá la vida de los sindicalistas de ahora en adelante.
Al Programa de Protección <http://www.semana.com/wf_InfoArticulo.aspx?idArt=110676que se viene desarrollando desde 1997, según explicó Andrés Palacio, viceministro de Relaciones Laborales, del Ministerio de la Protección Social, a Semana.com, van a tomar medidas extraordinarias como un programa de recompensas para aquellos que informen sobre quiénes amenazaron o mataron a algún sindicalista y que coordinará el director de la Policía, general Óscar Naranjo.
También garantizarán protección especial a los trabajadores que se encuentren en procesos de negociación colectiva y que sientan que están en alto riesgo de muerte.
Fuera de eso, el gobierno hará una campaña en los medios de comunicación que invite a respetar la vida de los maestros. El viceministro explicó que esta será dirigida en particular a valorar a los maestros "porque son quienes más se ven afectados por la violencia, ya que además de su trabajo con el magisterio algunos maestros son voceros de las comunidades y denuncian acciones ilegales como la presencia de cultivos ilícitos, narcotraficantes o grupos armados". El Viceministerio también anunció un cuidado especial a los trabajadores de los hospitales que están en proceso de reestructuración y que manejan grandes sumas de dinero.
"Esas determinaciones fueron producto de un acuerdo entre sindicatos y autoridades después de detectar los focos donde más violencia se está generando últimamente", dijo el funcionario.
Lo que viene es duro tanto para las autoridades como para los sindicalistas.
A pesar de los esfuerzos de Estado y líderes sindicales por prevertir la ola de violencia y desactivar la cultura de intolerancia que la alimenta, en tres meses ya van 17 sindicalistas asesinados. Un costosísimo campanazo de alerta que está diciendo a gritos que hay que hacer mucho más para acabar con este despreciable crimen.