Las comunidades indígenas de Puncu Atun y Codo, pertenecientes al Pueblo Diaguita Cacano y, la comunidad campesina de Toro Uman, todas organizadas en la Unión Solidaria de Comunidades (UCS) se encuentran defendiendo la única región boscosa, patrimonio de las comunidades, existente en el departamento Atamisqui, El Alto.
A esta región de El Alto han llegado "inversores" vinculados a los agronegocios con el propósito de deforestar, talar el bosque, fuente de vida para las comunidades, para destinar los suelos a la cría de ganado vacuno y cultivo de soja. Puesto que la región es un ecosistema que integra las salinas de Ambargastaal suroeste, el río Dulce al noreste y este y los bañados del Dulce al sureste, con El Alto, cordón boscoso, corriendo por el centro de sureste a noroeste, su deforestación implicaría una acelerada salinización de los suelos y desertificación general.
Ya con anterioridad, en el año 2006, un emprersario oriundo de Jesús María, Córdoba, de apellido Sbiglio, apoyado por el Comisionado Municipal de Medellín, Julio Abdala y, grupos de guardias armados, pretendió avasallar los derechos territoriales de la comunidad indígena Ayllu Puncu Atun, pero no fueron expulsados gracias a la resistencia de la comunidad y la solidaridad de muchos compañeros y compañeras, aunque aún continúa la discusión judicial ante los tribunales locales.
Hacia finales del año 2007, otro empresario se presenta aduciendo haber comprado el campo denominado Toro Uman, también en El Alto, el cual se encuentra dentro del territorio de las comunidades Puncu Atun, Codo y Toro Uman. Ingresa con tractores, maquinaria pesada, topadora, rolos, y destruye posesiones de las comunidades (cercos, potreros, deslindes, caminos vecinales, plantaciones de árboles, etc.), destruye el bosque (algarrobos, quebrachos, garabatos, breas, etc.) hábitat de animales (chanchos del monte, zorros, tigres, etc.). En un primer momento se presenta como Juan Manuel Juaire, denunciando a los pobladores por "hurto de productos forestales", comenzando la policía un sistemático acosamiento a los Atuniykus (caciques) y Consejeros de los Ayllus. algunos de ellos ancianos acusados y sospechados de haberle producido "daños" al alambrado de Juaire.
Curiosamente, en el 2008, ya no es Juaire el propietario, sino que dice que se trataría de una mujer, Elizabeth Mireya Freidenberg, para quien el trabajaría. Pero en realidad, tanto uno como otro, son testaferros de la familia Bustingorri, propietarios de la Cabaña "Genética del Este" (ex Cabaña San Patricio del Este), ubicada en Punta Indio (Buenos Aires). Por otra parte, José Benito Bustingorri, presidente de la Sociedad Rural de Saladillo, candidato de la Unión PRO, fue uno de los líderes autoconvocados que mantuvo cortada la ruta 205 durante la protesta contra las retenciones.
Estos empresarios han sido denunciados por las comunidades ante la Dirección de Medio Ambiente de la Provincia de Santiago del Estero, la Secretaría de Medio Ambiente de la Nación y, policialmente. Cabe destacar que los territorios de las comunidades indígenas se hallan "protegidos" por la ley nacional 26.160 y que en el año 2007 se dicto además una ley nacional de protección de los bosques. Ambas leyes, de ser aplicadas, imposibilitarían que los Bustingorri destruyan el hábitat de las comunidades, sus posesiones, y pretendan despojarlos de sus territorios.