Prensa de Frente

El lunes 28 de julio se reunió el Consejo del Salario y fijó un nuevo valor para el salario mínimo, el acuerdo supone 1200 pesos [250 euros] desde agosto y 1240 a partir de diciembre.

Si bien la variación fue del 22 por ciento, sumando cuatro puntos más a fin de año, todavía no alcanza la línea de pobreza, cuya estimación confiable ronda en los mil quinientos pesos. En sólo dos horas, los representantes de los gremios empresarios y los sindicatos llegaron a un acuerdo sin que prácticamente nadie haya discutido este parámetro, que afecta directamente unos 400 mil trabajadores y trabajadoras asalariadas formales del sector privado y público nacional, y es uno de los indicadores de mayor relevancia en la negociación entre patrones y trabajadores, en un contexto de inflación y presión por aumentos de sueldos.
A pocos días del traspié sufrido en el Senado en torno a las retenciones móviles, y en medio de un ascenso en el registro del malhumor social respecto al gobierno, la presidenta Cristina Fernández convocó al Consejo del Salario en la que fue su quinta reunión consecutiva desde 2004. El Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil es una institución que reúne a delegados de empresarios y trabajadores, en teoría para discutir los temas más relevantes de las relaciones laborales, pero que en la práctica se ha dedicado a actualizar sólo esta variable.
"La menor remuneración que debe percibir el trabajador sin cargas de familia, en su jornada legal de trabajo, que le asegure alimentación adecuada, vivienda digna, educación, vestuario, asistencia sanitaria, transporte, esparcimiento, vacaciones y previsión", según la definición que da la Ley de Contratos de Trabajo (LCT) al salario mínimo, vital y móvil.
De acuerdo a la ley 24.013, está integrado por 32 delegados, dieciséis correspondientes a las patronales y la otra mitad a los trabajadores. Por estos últimos participaron Hugo Moyano(camioneros), Juan Belén (metalúrgico), Gerardo Martínez (construcción), Gerónimo Venegas (trabajadores rurales), Andrés Rodríguez (UPCN), José Pedraza (ferroviario), Héctor Daer (sanidad), Oscar Lescano (Luz y Fuerza), Juan José Zanola (bancarios), Armando Cavalieri (empleados de comercio), Roberto Fernández (choferes de micros), Omar Viviani (taxistas)y José Rodríguez (mecánicos), por la Confederación General del Trabajo (CGT); y Hugo Yasky (docentes), Pedro Wasiejko (Sindicato del Neumático)y Pablo Micheli (ATE), por la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA).
A pesar del pedido del gastronómico Luis Barrionuevo, el gobierno no otorgó representación a la denominada CGT Azul y Blanca, recientemente fracturada del kirchnerismo y alineada con Duhalde. Según dejaron trascender en el Ministerio de Trabajo, se trata de "una agrupación que no tiene ni pedida la inscripción gremial".
Por las entidades empresarias, los representantes fueron Juan Carlos Sacco (Gráfica), Martín Dedeu (Mineras), Horacio Martínez (Navieras), Ricardo Güell (Adimra), Luciano Miguens (SRA), Mario Llambías (CRA), Eduardo Buzzi (FAA), Fernando Gioino (Coninagro), Ovidio Bolo (Supermercados), Jorge Alvarez (Servicios), Osvaldo Cornide (CAME), Carlos Wagner (Cámara de la Construcción), Jorge Brito (Asociación de Bancos), Adelmo Gabbi (Bolsa de Comercio), Francisco Dos Reis (APyme) y el presidente de la UIA (Unión Industrial Argentina), Juan Carlos Lascurain, acompañado del asesor legal de la entidad, Daniel Funes de Rioja.
Luego de una rápida sesión de poco más de dos horas, el cuerpo aprobó el nuevo valor con 29 votos a favor, 3 abstenciones y ningún voto en contra. A diferencia de las reuniones anteriores, este año la CTA eligió no votar en contra. El argumento oficial fue que la abstención se debió a que "la cifra se ubicó lejos de los $1.550 que reclamaba la Central", explicación que de todas maneras nada dice del cambio en su posición.
La central plasma así una posición de "mayor diálogo" con el gobierno, como ya había reconocido el propio presidente del PJ, Néstor Kirchner, ante los intelectuales nucleados en la Carta abierta, que contó entre otras con la firma de Roberto Baradel, secretario general del SUTEBA y militante en las filas de Yasky, jefe político de la Central.
El ministro Tomada se encargó de elogiar ese cambio de postura, al considerar que hubo "un muy buen discurso de Hugo Yasky", quien valoró la puesta en funcionamiento de las comisiones con carácter de permanente. El Consejo del Salario está formado por cuatro comisiones: Empleo, Formación Profesional, Productividad y Salario Mínimo, Vital y Móvil y la de Prestaciones por Desempleo.
En un comunicado la CTA expresó que los temas que llevará a "la mesa de discusión serán la continuidad y la federalización del Consejo del Salario y la definición de una Asignación Universal de 100 pesos por hijo"; "la necesidad de discutir un mínimo no imponible del impuesto a las ganancias, de manera tal que los trabajadores, en su mayoría, estén exentos". "El Salario Mínimo, Vital y Móvil debe ser un monto equivalente a 60 por ciento de la Canasta Básica que, según especialistas de la Central, se encuentra en 3.275 pesos", aunque el tema quedó ausente tanto del debate en el Consejo del Salario como entre el conjunto de los trabajadores.
El sueldo mínimo definido esta semana no ha sido prácticamente objeto de debate en ningún espacio de trabajadores, a pesar de que en varios lugares de trabajo crece el malestar ante la pérdida de poder adquisitivo de los salarios, golpeados en los últimos tiempos. El INDEC informa una inflación para los primeros seis meses del año del 4,6 por ciento, cifra que muy pocos se atreven a tomar en serio.
El ministro Tomada dijo que el Consejo del Salario "se ha convertido en una herramienta central para el crecimiento con distribución equitativa del ingreso, que más allá de algunas presiones sectoriales sigue en marcha con más fuerza que nunca, liderada por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner".
El valor del sueldo mínimo fijado afecta a "todos los trabajadores comprendido en la Ley de Contrato de Trabajo, de la Administración Pública Nacional y de todas las entidades y organismos en que el Estado Nacional actúe como empleador", pero también tiene un valor testigo para otros niveles salariales, como el sueldo de estatales y docentes provinciales, municipales, trabajadores rurales, de servicio doméstico y otros trabajadores precarizados. "Sabemos que tanto los trabajadores como gran parte de los empresarios comparten este programa de crecimiento e inclusión y que no dudarán en resignar posiciones sectoriales en pos del despegue definitivo del país", expresó Tomada a la prensa.
Entre los temas que quedaron afuera de las declaraciones y las negociaciones se encuentran el 40 por ciento del trabajo precarizado que existe en el país, el valor de los sueldos promedios, la extensión de la jornada laboral, el desempleo y fundamentalmente, la participación de los ingresos de los asalariados en el total de lo que producen, todos los días, en bienes y servicios.