Argentina, Neuquén: Acceso a la vivienda digna, una deuda del
Estado
Juan José Dutto
Rio negro on line
El incumplimiento de las obligaciones establecidas en el texto constitucional y
Pactos Internacionales vigentes, en materia de derecho a una vivienda digna, ha
generado una nueva modalidad de demanda o protesta social: la toma de tierras.
En los últimos 15 años las respuestas del Estado a la demanda de viviendas
sociales han sido prácticamente inexistentes. Sólo se han dado algunas
soluciones parciales y sectoriales, que en modo alguno han contribuido a paliar
el déficit existente.
La falta de políticas concretas en la materia, de planificación y de repuestas
oportunas lleva en la mayoría de las situaciones a que se den soluciones
improvisadas, ineficientes y/o extemporáneas, que en lugar de bajar los niveles
de protesta, los exacerban, generándose conflictos que derivan en hechos de
violencia, como los registrados recientemente en el barrio Confluencia de esta
ciudad.
Neuquén capital cuenta en la actualidad con alrededor de setenta tomas.
Ocupaciones que a la postre han terminado o terminan siendo regularizadas, por
lo que la modalidad se ha transformado en una nueva forma de acceder a la
vivienda. El Estado de este modo da soluciones que encubren el incumplimiento
reiterado de sus obligaciones constitucionales.
Los ciudadanos, generalmente familias jóvenes, se instalan en lugares
inapropiados y sin los servicios mínimos, por lo que viven en condiciones que
vulneran sus derechos esenciales. En el último año, se han reiterado los
incendios de casillas con víctimas fatales, en la mayoría de los casos, niños.
La Defensoría del Pueblo de la ciudad de Neuquén ha rechazado reiteradamente la
ocupación ilegal de tierras como metodología para acceder a una vivienda, pero
también ha insistido ante las máximas autoridades provinciales y municipales
sobre la necesidad de que a la brevedad se implementen políticas masivas y
sostenidas en la materia. Así como que se dé una urgente solución habitacional a
los vecinos que se encuentran inscriptos en los respectivos registros.
El derecho a la vivienda digna, reconocido en el artículo 14 bis de nuestra
Constitucional nacional y Pactos Internacionales incorporados a través del
artículo 75º inc. 22, ha sido entendido por el Comité de Naciones Unidas en la
Observación General 4 sobre el Artículo 11 de ese Pacto Internacional de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales en los mismos términos en que los ha
considerado la Comisión de Asentamientos Humanos y la Estrategia Mundial de
Vivienda: el concepto de "vivienda adecuada" significa disponer de un lugar
donde poderse aislar si se desea, espacio adecuado, seguridad adecuada,
iluminación y ventilación adecuadas, una infraestructura básica adecuada y una
situación adecuada en relación con el trabajo y los servicios básicos, todo ello
a un costo razonable.
Vecinos de esta ciudad se han acercado a la Defensoría del Pueblo para presentar
sus reclamos ante la falta de respuesta de los responsables del IPVU, la ADUS o
la Subsecretaría de Vivienda municipal. En todos los casos se trata de familias
que desde hace varios años se encuentran inscriptas en los registros de esos
organismos.
Los canales de comunicación entre los ciudadanos y los funcionarios del Estado,
regidos por los procedimientos administrativos, sea por la sobresaturación de
demandas o por impericia o desidia de quienes son responsables de brindar
respuestas no resultan en la actualidad apropiados para resolver las
problemáticas que se plantean.
Ante la demanda insatisfecha, los ciudadanos protestan y presionan para que el
Estado cumpla bajo esta nueva modalidad de acceder a la vivienda, "tomando" las
tierras.
A ello generalmente el Estado responde judicializando el conflicto. Entendemos
que esta salida debe ser utilizada como último recurso y luego de haber
explorado múltiples opciones que el Estado tiene a su alcance. Las herramientas
con que cuentan la Justicia y la Policía son siempre más limitadas que las que
posee el poder político. Si el Estado acude a la represión, entonces estará
alentando o aplicando la forma de respuesta que nos dice que quiere rechazar.
Los actuales gobiernos deberán cambiar la histórica lógica de su accionar en
relación con ciertos sectores de la comunidad, fundamentalmente los más
necesitados de ayuda.
En ese sentido, no se deben seguir otorgando ventajas o privilegios a personas o
grupos de presión por su grado de proximidad o afinidad con el gobierno de
turno. Tampoco deben otorgarse beneficios a partir de la radicalidad de los
medios o formas que se utilicen para llevar a cabo los reclamos o protestas.
La paz social no se logra con prebendas, porque si el principio que se instala
en el gobierno es "cuanto más molestia causan más atención se les presta", se
corre el riesgo de ser injustos con aquellos que no cuentan con los medios para
manifestarse o simplemente son respetuosos de las normas vigentes.
A los problemas generados desde la política deberían darse soluciones políticas.
Se deben llevar a cabo acciones socializadoras que ocupen el lugar de las
acciones urgentes, generalmente mal orientadas. Es ingenuo o equivocado creer
que se resolverán los conflictos a través de respuestas institucionales de
carácter coercitivo.
La experiencia reciente de la "toma Confluencia" demuestra cómo, a través del
consenso y la buena voluntad, pueden lograrse soluciones convenientes a todas
las partes involucradas pese a la irregularidad de origen. Lo que en un momento
parecía un conflicto sin salida se revirtió a través de los sucesivos encuentros
entre los vecinos y funcionarios de los gobiernos municipal y provincial, así
como de distintas organizaciones que hicieron su aporte para lograr la paz
social.
Si el Estado quiere evitar el estallido permanente de conflictos, no debe dar
soluciones parciales y discrecionales sino universales en el marco de las
obligaciones asumidas constitucionalmente. Cada reclamo de la sociedad es un
desafío de entendimiento colectivo, a ello apostamos desde la Defensoría del
Pueblo.
Juan José Dutto es Defensor del Pueblo de la ciudad de Neuquén.
