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FARC acusan gobierno de Uribe por la muerte de los diputados
Adital/Telesur
Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) denunciaron, en
comunicado divulgado hoy (28) y datado de 23 de junio, la muerte de 11 diputados
de la Asamblea Departamental del Valle del Cauca que estaban retenidos desde
2002. El Comando Conjunto de Occidente de las FARC anunció que los legisladores
habían sido muertos el día 18 de junio, en medio del fuego cruzado cuando un
grupo militar sin identificar atacó el campamento donde se encontraban. El
diputado Sigifredo López sobrevivió porque no estaba junto a los demás en el
momento del embate.
La entidad rebelde destacó que siempre fue prioridad mantener la integridad
física de los detenidos: "Desde el momento en que se planificó el operativo de
retención, así como durante su desarrollo y en el transcurso de estos 5 años,
fue prioritario para nosotros mantener la integridad física de todos ellos en
medio de los permanentes operativos de rescate y de otro ataque a los diputados
por parte del ejército, en otro campamento, de donde habíamos logrado sacarlos
sin novedad". Los insurgentes acusan "la demencial intransigencia del presidente
Uribe" de provocar la tragedia. El Gobierno colombiano declaró que no tuvo
conocimiento sobre ninguna acción de rescate a esos congresistas.
En comunicado, la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (CNRR)
repudió y condenó los asesinatos de los legisladores. "La Comisión expresa sus
sentimientos de condolencia y solidaridad a los familiares de las víctimas a
quienes los acompaña en su dolor", dijo el texto. La organización pide a las
FARC que faciliten la intervención humanitaria para permitir la entrega de los
cadáveres. Además, solicita a la entidad rebelde y al Gobierno Nacional que
encuentren una salida de carácter humanitario que posibilite la liberación de
los secuestrados. Requiere también que las autoridades competentes realicen una
investigación que esclarezca la realidad de lo sucedido.
Por su parte, los familiares de las víctimas y grupos humanitarios, reaccionaron
a la muerte de los congresistas del Valle del Cauca y expresaron su dolor y
rechazo por los hechos, responsabilizando al Gobierno de Uribe por su "falta de
voluntad política" para lograr un canje humanitario y a las FARC, por su
"intransigencia".
Los diputados regionales fueron integrados al grupo de 56 rehenes que las FARC
pretenden canjear por más 500 rebeldes presos y entre los cuales se encuentra
Íngrid Betancourt, que fue candidata presidencial en 2002, secuestrada junto con
Clara Rojas, aspirante a la vicepresidencia en su candidatura. Los familiares de
Betancourt piden a las autoridades de España, Francia y Suiza que intervengan
para impedir nuevas operaciones de rescate que pongan en peligro la vida de los
secuestrados.
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