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Latinoamérica

"Que uruguay no sea la isla de la impunidad"    
Lanzaron en paysandú la campaña para anular la ley de caducidad

Patricia Montero
La República

La propuesta democrática, basada en la lucha de familiares y sobrevivientes de los crímenes perpetrados durante la dictadura militar, tuvo ayer su primer llamado al debate, cuyo objetivo central es presentar a la población los antecedentes y consecuencias del terrorismo de Estado, discutiendo las alternativas de justicia que existen a partir de la nulidad de la Ley de Caducidad.
  Desde la central obrera se entiende que si bien este gobierno ha avanzado mucho en DDHH, aún es insuficiente. La frase es "Que Uruguay no sea la isla de la impunidad"; el objetivo: anular la Ley de Caducidad; el reclamo: "exigimos que las Fuerza Armadas reconozcan su responsabilidad y pidan perdón a todo el pueblo uruguayo". En medio de reencuentros y emotivos abrazos, se lanzó ayer en Paysandú la campaña nacional para que la ciudadanía decida la anulación de la Ley de Caducidad.
Con una amplia convocatoria en el Centro Universitario de esta ciudad, el PIT-CNT junto a las organizaciones sociales nucleadas en la Plataforma Uruguaya por los Derechos Humanos, entre ellas Serpaj y Fucvam, aseguraron que es imprescindible anular la Ley de Caducidad para recobrar el valor ético de la justicia y avanzar hacia una sociedad más sana. "Pedimos la anulación de la Ley de Caducidad, por ser contraria al derecho internacional de DDHH. Su anulación es indispensable para jerarquizar el valor esencial de justicia sobre el cual debe consolidarse la democracia y asentarse la cultura de los DDHH", aseguraron.
UNA LEY VIOLATORIA DEL DERECHO INTERNACIONAL "Aquí comienza una etapa que va a ser muy dura", dijo Marcelo Gianotti en representación del plenario departamental del PIT-CNT, quien además valoró el hecho de que la campaña de sensibilización se haga desde el Interior hacia Montevideo y el resto del país. "Paysandú es un departamento donde hubo una importante cantidad de presos políticos, secuestros y perseguidos.
Sin embargo siempre estuvo a la cabeza de las respuestas a las consultas populares y participativas", expresaba en la edición de ayer José Oxley, integrante de la mesa departamental. "Pensamos que vamos a llegar al objetivo que nos propusimos que es anular la Ley de Caducidad", dijo.
Ana Morós, en representación de la Plataforma Uruguaya de Derechos Humanos en su discurso de ayer recordó que el PIT-CNT a fin del pasado año asumió el compromiso de iniciar la campaña con el fin de anular esta cuestionada ley que fuera aprobada el 22 de diciembre de 1986. "Durante 20 años, la aplicación de dicha ley permitió que cuatro gobiernos consagraran la impunidad con relación a la violación de los DDHH durante la dictadura cívico militar. Según organismos internacionales y prestigiosos juristas nacionales, la Ley de Caducidad es violatoria a las normas de derecho internacional", advirtió.
"Estas normas condenan los crímenes contra la humanidad y dictaminan el castigo a los responsable de los mismos", agregó. Estas normas que prohíben y condenan los crímenes contra la humanidad y juzgan a los responsables, en Uruguay no se aplican, por lo que "se plantea la nulidad de la ley, no su derogación", aclaró Morós. "La nulidad implica declarar la inexistencia de la norma, es decir, hacer de cuenta que ésta nunca existió", agregó. "El argumento recurrente de los que pretenden mantener la ley y con ella la impunidad, es que esta ley fue confirmada por referéndum popular".
Al respecto, Morós hizo hincapié en las palabras de Oscar López, candidato uruguayo a integrar la corte interamericana, quien concluyó: "Si por votación popular reformáramos la constitución y en ella estableciéramos la esclavitud, ¿estaríamos sancionando una norma sustancialmente valida? No, sería nula por ir contra normas de principios de los DDHH"."Uruguay tendría que ser coherente en tal sentido", dijo Morós. "Exigimos que las Fuerza Armadas reconozcan su responsabilidad y pidan perdón a todo el pueblo uruguayo", agregó al tiempo que exhortó a todas las organizaciones y representantes sociales a sumarse a esta campaña y comenzar un camino democrático que a nadie debería preocupar.
ES IMPRESCINDIBLE TERMINAR CON LA IMPUNIDAD Por su parte el secretario ejecutivo del PIT-CNT, Luis Puig, anunció ante los presentes el saludo de Isadora de Chaves Sosa y en él simbolizó una síntesis de 30 años de lucha, denuncias y resistencia a la resignación. "Nos quisieron convencer de que en Uruguay nunca iba a haber justicia y este camino comienza a abrirse y hoy nos proponemos profundizarlo. Porque hace 30 años familiares y sobrevivientes levantaron su voz para decir que acá se ejercía el terrorismo de Estado", dijo Puig.
"Ese tema está laudado, decía el doctor Sanguinetti. Pero lo que estamos haciendo hoy no es sólo laudar sobre la historia reciente de nuestro país, estamos tratando de construir para el futuro los mecanismos democráticos que aseguren que las nuevas generaciones no van a vivir nunca más bajo el terrorismo de Estado que asesinó, torturó e hizo desaparecer miles de latinoamericanos", recordó Puig. El gremialista, en su mensaje, contestó a aquellos sectores que afirman que existen otras prioridades en el país que atender antes que la anulación de la Ley de Caducidad. "Terminar con la impunidad es imprescindible", dijo.
En tal sentido recordó el caso de Sara Méndez, quien planteó la posibilidad de denunciar en un spot televisivo que su hijo Simón había sido secuestrado, mientras que desde el gobierno de la época se anunció que era una mentira cuyo objetivo era incidir en un resultado electoral. Los crímenes de lesa humanidad no prescriben. Entre los representantes se encontraba el doctor Pablo Chargoñia, abogado patrocinante de varias causas de familiares de muertos y desaparecidos durante la dictadura militar. El profesional aseguró a La República que los Estados están obligados a perseguir los crímenes de la dictadura.
"El Estado uruguayo está en falta y violando las normas de conducta internacional en materia de DDHH. Las violó en el 86 y las sigue violando hoy cuando la Ley no es declarada nula e inexistente", aseguró. "Muchos militares que arrancaron palabras mediante torturas hoy tienen altos cargos públicos, alguno queda por ahí en alguna misión en el extranjero que avergüenza al país, pero el PIT-CNT reconoce que hemos avanzado en materia de verdad y búsqueda en el último período, pero no es suficiente, hay que seguir avanzando, porque no se le puede poner límites a la justicia", dijo Luis Puig.
"LA PILTRAFA DEL GOYO ALVAREZ" "La viva imagen del deterioro y la piltrafa que es hoy Gregorio Alvarez siembra de alguna manera el destino de los terroristas de Estado en el mundo cuando la justicia actúa. Resulta que este señor que era dueño de vidas y haciendas hoy ya no recuerda, no recuerda lo que era la OCOA, los mecanismos de represión", sentenció Puig. Para el representante de la central obrera, si en Uruguay hay impunidad va a haber extradición, incluso en los países que han recobrado el valor ético de la justicia. Recordó que en Argentina también existían leyes de impunidad: la de "punto final" y la de "obediencia debida" votadas en su momento por el Congreso argentino pero posteriormente anuladas, cuando hubo una toma de conciencia, en el entendido de que no es posible vivir en un país bajo las formas de la impunidad.


Fuente: lafogata.org