Latinoamérica

Al final de un extenso reportaje que le realizó en el día de ayer la periodista Sonia Breccia en su programa Primera Voz de 1410 AM Libre (ver nota siguiente), el presidente Tabaré Vázquez volvió a reiterar su decisión de mantener la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado porque en 1989 su derogación fue rechazada mediante un plebiscito.
Textualmente, Vazquez dijo: "El defender la consulta popular implica defender también el resultado de esa consulta, no implica defender el resultado cuando es favorable a nuestra posición y no defenderlo cuando no es favorable a nuestra posición, implica defender en todo momento lo que es la opinión de la gente. En este caso el pueblo se expidió por mantener la Ley de Caducidad".
A primera vista, el argumento tiene un cierto aire de contundencia, pero su debilidad se revela apenas se profundiza en su análisis. Y es precisamente la afirmación "hay que defender en todo momento lo que es la opinión de la gente" el principal argumento para anularla, pues hoy día todas (dije "todas") las encuestas de opinión indican que la mayoría de los uruguayos desearía que la Ley de Caducidad no existiera. Los que decidieron no derogar la Ley de Caducidad fueron los uruguayos que votaron en 1989, los uruguayos de hoy opinan distinto.
Claro que no sería serio legislar en base a encuestas de opinión realizadas por empresas privadas, pero nada impide la realización de un plebiscito, vinculante o no vinculante, mediante el que "la gente" deje constancia expresa de su opinión sobre la Ley de Caducidad. Si así se hiciera y se confirmara la tendencia que indican las encuestas, para "defender en todo momento lo que es la opinión de la gente" el presidente estaría moralmente obligado a impulsar su anulación.
El hecho de que hace 17 años un plebiscito haya rechazado su derogación, no convierte a la de Caducidad en una "super ley". Como todas y cada una de las leyes de un Estado de Derecho, puede ser modificada, derogada o anulada en cualquier momento. "Vox populi, Vox Dei", dice la alocución latina. Pues bien, que se escuche nuevamente la voz de pueblo y se defienda su opinión.
Pero a la aberración jurídica que constituye una norma que decretó que no todos los ciudadanos son iguales ante la ley, ha de sumársele la otra gran aberración de haber propugnado su derogación mediante un plebiscito. Fueron "aquellas aguas" (y no otras) las que trajeron "estos lodos"; si el movimiento popular uruguayo no hubiera cometido el tremendo error de plebsicitar la derogación de la Ley de Caducidad, aquí podría estar sucediendo lo mismo que acontece en Argentina.
Tal como en la otra orilla del Plata fueron anuladas las leyes de Obediencia Debida y los Indultos alfonsinistas y menemistas, el gobierno progresista no tendría hoy ninguna "excusa moral" para mantener esta ley que contradice toda la legislación internacional y nos convierte en una nación "paria" en lo que atañe a los Derechos Humanos. La igualdad de todos los ciudadanos ante la ley es la base misma de un Estado de Derecho. En la democracia tutelada de 1986 los cómplices civiles de los terroristas de Estado y hasta algunos de sus perseguidos (notoriamente, Wilson Ferreira Aldunate), atentaron contra la constitución y el Estado al votar la Ley de Caducidad.
Pero además, el plebiscito de 1989 se realizó en medio de un clima de terror y censura, bajo la amenaza de que si la Ley era derogada, los mlitares volverían por sus fueros. Los cómplices de la dictadura, encabezados por el presidente Julio María Sanguinetti, alimentaron esos miedos en grado superlativo. Lo que era una votación por el mantenimiento o la derogación de una ley, terminó siendo un elección entre seguir viviendo en democracia o volver a la dictadura. En esos términos pusieron las cosas los defensores de la Ley, y fue en ese entendido que muchos votaron por su mantenimiento.
Señor Presidente, si usted realmente quiere "defender en todo momento lo que es la opinión de la gente": pregúntele y luego obre en consecuencia. "La opinión de la gente" no es algo inmutable sino dinámico (no por otra razón está usted donde está). Hoy, 22 de junio de 2006, "la gente" opina distinto que en 1989, entre otras razones porque ahora todos conocen las bestialidades que cometieron en nombre de la Patria los militares y los policías a los que ampara la Ley de Caducidad, y porque nadie teme que los militares den un golpe de Estado para conservar su impunidad. Y si -como afirma el senador y jurista José Korzeniak (ver nota 5)- esta ley sólo puede anularse por plebiscito, pues que se vote. Para "defender en todo momento lo que es la opinión de la gente", hay que preguntársela, no imaginársela.   

Fuente: lafogata.org