Luego de aplacada la ofensiva del Primer Comando de la Capital (PCC) el Ministerio Público está investigando la posible ejecución sumaria de "sospechosos" en actos de venganza de la Policía Militar (PM).

Mário Augusto Jakobskind
desde Rio de Janeiro / Brecha

No se descarta la posibilidad de que los muertos sean más que los 109 admitidos por las autoridades de seguridad, que podrían incluso superar a las 111 víctimas del presidio de Carandirú, a comienzos de los noventa también en San Pablo, la mayor masacre sucedida en el país.
El Ministerio Público dio un ultimátum al gobierno de San Pablo para que divulgue los nombres de los muertos, cuyos cuerpos se encuentran en el Instituto Médico Legal (IML). El gobernador Claudio Lembo dijo que los nombres de los muertos no serán divulgados para "preservar a los familiares".
Testigos de por lo menos cinco acciones en las áreas pobres de la periferia paulista dijeron haber visto policías militares encapuchados, al estilo ninja, ejecutar a 12 jóvenes con edades entre 17 y 29 años sin ningún antecedente criminal. Los asesinos estarían vengando la muerte de 40 colegas a manos del PCC. Ante estas denuncias el comando de la PM fue obligado a abrir una investigación que, de confirmarse las sospechas, demostraría que los llamados escuadrones de la muerte continúan actuando con impunidad. El gobernador Lembo, que negó que la Policía Militar paulista haya realizado matanzas, admitió que "pueden haber muerto inocentes".
Lembo fue elogiado por el presidente Luiz Inácio Lula da Silva por la forma como actuó durante los ataques de la organización criminal, y afirmó que el gobernador "no podría haber hecho más de lo que hizo". Las declaraciones del gobernador –dirigente del derechista pfl, aliado de la socialdemocracia en la campaña presidencial– cayeron como una bomba en las filas del candidato Geraldo Alckmin. En efecto, Lembo acusó al ex gobernador paulista Alckmin, al ex presidente Fernando Henrique Cardoso y a José Serra, alcalde de San Pablo, por la falta de solidaridad de los tres políticos del psdb durante los días de dura confrontación con el crimen organizado. Cardoso y Serra participaban de un seminario en Nueva York y ni siquiera telefonearon a Lembo, en tanto Alckmin hacía campaña en el norte del país y procuró eximirse de cualquier responsabilidad en un estado que gobernó desde 2001 hasta hace dos meses.
En contraste, Lula se encontró personalmente con Lembo y le trasmitió su solidaridad afirmando que lo que San Pablo estaba atravesando no era "problema del gobernador, presidente o alcalde, sino de toda la sociedad".

Responsabilidad del estado

Organismos de derechos humanos han alertado sobre la posibilidad de que el cuadro de violencia institucional se agrave, pues las medidas adoptadas no atacan la raíz del problema. Marcelo Feixo, coordinador del Centro de Justicia Global, señaló a BRECHA que las acciones policiales además de ser ilegales afectan en gran medida a los pobres. Feixo acusó a las autoridades de seguridad, tanto en Rio como en San Pablo, de ser las principales responsables del crecimiento de las organizaciones criminales en las prisiones. Los presos, independientemente del delito que hayan cometido, son catalogados como pertenecientes a esta o aquella organización y enviados a presidios controlados por ellas. Si el preso, que inicialmente no pertenece a ningún grupo, se resiste a adherirse, será ejecutado. El ladrón de gallinas termina preso en las mismas condiciones que el criminal de alta peligrosidad. Por lo tanto, el PCC paulista, o los grupos de Rio, Comando Rojo, Tercer Comando, Amigos de los Amigos y otros, deben estar agradecidos a las autoridades por las facilidades que les brindan para formar sus "ejércitos".
Feixo lamenta que aun después de los sucesos de San Pablo la sociedad brasileña, los medios y los políticos no hayan aprovechado la ocasión para revisar los métodos adoptados para enfretar este tipo de problemas. Para el activista de derechos humanos, si no se produce un cambio de rumbo las cosas se van a agravar en los próximos años. Dos delegados de la policía informaron a una comisión parlamentaria que investiga los hechos que el PCC tendría hasta 640 mil miembros y sería uno de los mayores importadores de armas que vendrían de Portugal.

Amenazas al congreso