PARTE I

El gas natural se ha convertido en un recurso sumamente estratégico pues explica el 23% de las necesidades energéticas mundiales. Especialistas del pasado XVIII World Petroleum Congress, estimaron para los próximos años un 50% de aumento en la demanda de energía con un incremento del 70% sólo para el gas natural. Ninguna novedad desde que su consumo mundial creció sin pausa alrededor de un 75% durante el último cuarto de siglo.

Las mayores reservas de este recurso se concentran en países miembros de la OPEP (49,1%). Entre los cinco mayores reservorios mundiales, se destacan: Rusia (26,7%), Irán (15,3%), Qatar (14,4%), Arabia Saudita (3,8%) y Emiratos Árabes Unidos (3,4%). Por su parte, América latina sólo cuenta con el 4% de las reservas mundiales.

En Sudamérica los países con las mayores reservas son dos: Venezuela, con el 2,3% de las reservas mundiales, seguida por Bolivia, con apenas el 0,4%. Más detalladamente, las últimas disponen de 48,7 trillones de pies cúbicos (TCF); de ese volumen 26,74 TCF son probados y 22,02 son probables (certificación al 31 de diciembre del 2004). De las probadas, 8 TCF están comprometidos con Brasil y otros 8 TCF sumará el contrato que se firme con la Argentina. Los restantes 10 TCF deberán ser empleados en la industrialización y en las negociaciones del "gas por mar" con Chile.

Llegado a este punto, podríamos reflexionar lo siguiente: si bien Bolivia cuenta con una apreciable capacidad gasífera, no es la potencia que se solía creer. Entonces, ¿por qué los recursos hidrocarburíferos en ese país son motivo de tan elevada conflictividad social? ¿Por qué en su campaña presidencial Evo Morales utiliza al gas natural como factor de aglutinación política y unidad social? ¿Por qué la nacionalización? Sencillo. El neoliberalismo instaurado a partir de 1985 se dedicó a enajenar los beneficios económicos derivados de los hidrocarburos, imposibilitando su uso como base de reindustrialización y desarrollo bolivianos. Permitió, asimismo, la proliferación de innumerables negocios espurios, protegidos por un manto de absoluta ilegitimidad jurídica e inconstitucionalidad, olvidando que el verdadero dueño de esos recursos, es justamente quien quedaba excluido del banquete: 9 millones de bolivianos. La reacción lógica y justa –además de proclamada y anticipada– fue la recuperación de la renta petrolera. En pocas palabras: la nacionalización de los hidrocarburos.

En efecto, el 97% de la población carece de acceso al gas natural por redes. Para calefaccionarse y cocinar, el 60% de ese porcentaje emplea gas licuado de petróleo (GLP) envasado en garrafas y el 40% restante quema plásticos, leña, residuos orgánicos e inorgánicos. Si discriminamos entre zonas urbanas y rurales, estás últimas utilizan leña como principal energético en un 75% de los hogares revelados (Instituto Nacional de Estadísticas, Bolivia – IDICSO-USAL, Argentina). Para variar, el gas licuado de petróleo (GLP) envasado en garrafas era comercializado por las petroleras a precios internacionales: 35 dólares por barril en 2003. Como se advierte, un absurdo aplicado sin pausa desde aproximadamente dos décadas y que rinde culto al aforismo del ex presidente Carlos Blanco Galindo (1930): "somos un país pobre, debemos vivir pobremente".

¿Bolivia, país pobre?

Las estadísticas e informes del PNUD y el Banco Mundial –entre muchos otros– que señalan a Bolivia como el país más pobre de Sudamérica, afianzan dicha máxima y le otorgan carácter de sentencia eterna e irreversible. Pues bien, Bolivia no es un país pobre sino que ha sido empobrecido. Desde un estricto punto de vista economicista, se estima que el valor de sus reservas gasíferas y petroleras superan los 150 mil millones de dólares. Cuenta además con una de las mayores reservas minerales de estaño, hierro y magnesio. Por ejemplo, la mina de Huanuni (Oruro) es una de las principales reservas mundiales de estaño calculadas en 6 millones de toneladas (Universidad Técnica de Oruro (UTO) – Comibol). Con la cotización del mineral a 9.542,5 dólares/tonelada, el valor de las mismas equivale a 57.255 millones de dólares. Ahora bien, si el gobierno de Evo Morales profundiza su decisión de industrializar los sectores mineros y energéticos, transformando la paupérrima matriz energética interna en una técnica e industrialmente avanzada (plantas de Petroquímica, de GLP, GTL, termoeléctricas, entre otras iniciativas), entonces las cifras anteriores tranquilamente se duplicarán o triplicarán. Consecuentemente, Bolivia no es un país pobre sino todo lo contrario. Es un país rico vendido al exterior como tal, aunque propuesto internamente (y gobernado) como pobre. Rico hacia fuera y pobre hacia adentro, la clave del éxito radicará en invertir dichas riquezas en el desarrollo socioeconómico endógeno; esto es, sentirse ricos para enriquecer a la nación.

Y fue el proceso iniciado en 1985 el que empobreció a Bolivia a niveles incalculables. Destruyó y privatizó las empresas públicas bolivianas, transfiriendo al sector privado la gestión de las áreas de servicios públicos. Un proceso que alcanzó su cenit entre 1993 y 1997, a través de la Ley Nº 1544 de Capitalización (que afectó a las seis principales empresas estatales bolivianas) y la Ley Nº 1689 de Hidrocarburos. Igual suerte corrió casi simultáneamente la Argentina, con las leyes nacionales 23.696 y 23.697 (de Reforma del Estado y de Emergencia Económica -1989). En ambos países, la industria minera e hidrocarburífera resultarían las presas más codiciadas como los más notables ejemplos planetarios de reestructuración. Estaba en juego el control de la renta petrolera y minera.