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Declaran caducidad del contrato con la OXY
Eduardo Tamayo G.
ALAI AMLATINA
En la noche del 15 de mayo, el Ministro de Energía y Minas, Iván Rodríguez, dio
a conocer un falló largamente esperado: Declaró la caducidad del contrato con la
empresa transnacional Occidental Petroleum Corporation (OXY por sus siglas en
inglés) que opera en el bloque 15 del Oriente ecuatoriano, extrayendo más de
100.000 barriles de petróleo por día, una tercera parte de lo que explotan las
empresas transnacionales.
La resolución ministerial se basó en el incumplimiento del contrato por parte de
la OXY al haber transferido el 1 de noviembre del año 2000, el 40% de los
derechos y obligaciones del Contrato de participación del bloque 15 a favor de
la canadiense ENCANA sin autorización del Ministerio de Energía, conforme lo
manda el artículo 79 de la Ley de Hidrocarburos.
La resolución del gobierno ecuatoriano implicará la inmediata devolución al
Estado de las áreas contratadas, además de la entrega, sin costo y en buen
estado, de equipos, maquinarias y otros elementos utilizados en la producción
petrolera, instalaciones industriales o de transporte a la empresa estatal
Petroecuador.
La decisión del ministro de Energía se sustenta en la petición presentada contra
la OXY por Petroecuador y por el Procurador del Estado en agosto de 2004.
En un momento en que el petróleo alcanza precios nunca antes registrados y se ha
convertido en un recurso estratégico muy codiciado, la decisión ecuatoriana de
declarar la caducidad del contrato con la OXY constituye un golpe a los
intereses de Estados Unidos y de sus transnacionales. Aunque la Embajada
de EE.UU. todavía no se ha pronunciado oficialmente, en anteriores oportunidades
ha declarado que la caducidad del contrato con la OXY sería considerada como una
expropiación. De su lado, la empresa, no descarta recurrir a tribunales
internacionales, según su vicepresidente en el Ecuador, Daniel Almaguer.
El analista petrolero Henry Llánez Suárez dijo que, en este caso, no procede las
figuras de la expropiación o de la confiscación de bienes pues lo que se ha
hecho es aplicar la sanción denominada "caducidad del contrato" prevista en la
Ley de Hidrocarburos y en los contratos que la propia empresa suscribió con el
Estado. "Además de rescatar la dignidad y de que el Ecuador se va a
beneficiar con más de 100.000 barriles por día, el mensaje que debemos enviar es
que está vigente un marco legal que deber ser respetado por todos", expresó a
Llánez a ALAI.
La historia de la OXY en el Ecuador es una historia de inequidad. Durante
el período 1999-2004 la transnacional se llevó el 85% de la producción petrolera
mientras el Estado percibió un 15%, según sostiene Llánez en su libro "OXY,
contratos petroleros, Inequidad en la distribución de la producción",
recientemente publicado. Es más, Llánez afirma que en este mismo período,
la compañía OXY explotó 92 millones 824 mil 317 barriles, que han generado 2
.472 millones, cantidad que duplica la inversiones realizadas por la
contratista, que según sus propios datos, fue de 1.100 millones de dólares.
El caso de la OXY forma parte de la lucha por la defensa y el rescate de los
recursos naturales, y en particular el petróleo, que se ha extendido en América
Latina y que también toma fuerza en el Ecuador. El movimiento indígena
encabezado por la CONAIE, así como los sindicatos, los pueblos amazónicos,
organizaciones estudiantiles y ecologistas, artistas y ciudadanos se han
movilizado en varias ocasiones para lograr que el dubitativo gobierno de Alfredo
Palacio se decida por aplicar la ley a la transnacional.
Humberto Cholango, dirigente indígena de ECUARUNARI, la mayor organización
filial de la CONAIE, dijo que esto es un triunfo del movimiento indígena y de
los movimientos sociales para frenar a las empresas transnacionales que no
cumplan la ley. El siguiente paso es luchar por la nacionalización del
petróleo en el Ecuador y por la inmediata entrega de todas las instalaciones de
la OXY a la estatal Petroecuador, si no se cumple esto nuevamente nos
movilizaremos, agregó.
El caso OXY afectará directamente a las negociaciones del Tratado de Libre
Comercio del Ecuador con Estados Unidos, cuyas conversaciones debían reiniciarse
a mediados de este mes. Cabe recordar que los delegados de Estados Unidos
suspendieron las mismas en el momento en que el Congreso del Ecuador aprobó una
ley que obliga a las transnacionales a compartir con el Estado el 50% de las
ganancias de la producción petrolera. Ahora, la caducidad del contrato con
la OXY complicará las negociaciones del TLC, según se lamentan las élites
empresariales ecuatorianas alineadas con Washington, pero al mismo tiempo causa
satisfacción en amplios sectores de ecuatorianos que se han venido
manifestándose contra el TLC.
Un currículo oscuro
La hoja de vida de esta poderosa transnacional, fundada en 1920 en California y
con presencia directa en 9 países e indirecta en 18 más, nos remite a un
historial de contaminación ambiental, extracción de petróleo en reservas
biológicas, división y humillación de las comunidades indígenas, utilización de
trabajo infantil, tratos dudosos con funcionarios locales.
Su presencia en el Ecuador se remonta a 1985, cuando era presidente el
derechista León Febres Cordero. En ese año, se firmó un contrato de
prestación de servicios con la empresa estatal Petroecuador (en ese entonces
llamada Corporación Estatal Petrolera Ecuatoriana, CEPE). El petróleo que
extraía del bloque 15 (en donde se encuentran los ricos pozos de Edén Yuturi y
Limoncocha) era en un ciento por ciento del Estado, y éste último le pagaba por
la prestación de servicios.
Sucesivamente se fueron modificando el contrato con esta empresa hasta que en
1999, durante el gobierno de Jamil Mahuad, se dio un golpe bajo a la soberanía
nacional. Se cambió el contrato de prestación de servicios por el de
participación, con lo cual, a la Compañía se le entregó el 80% de la producción
y el 20% se quedó el Estado. El responsable de esta transacción
perjudicial para el país fue el Dr. René Ortiz, quien fue ministro de Energía de
Mahuad, y que ahora funge como representante de una asociación de empresas
transnacionales.
Antes de que se vaya del Ecuador, la OXY debe ser investigada por los daños
ambientales causados en las regiones donde actuó, especialmente en las áreas
protegidas como la Reserva Biológica de Limoncocha, una parte del Parque
NacionalYasuní, la Reserva Faunística de Cuyabeno y el Bosque Protector
Pañacocha, expresó Esperanza Martínez de Acción Ecológica. Varios pueblos
indígenas como los quichuas secoyas, shuar y achuar han sido impactados por las
actividades de esta petrolera, pudiendo mencionarse la pérdida y tráfico de
especies, venta ilegal de madera, abusos y divisiones, aculturación e
introducción de enfermedades, según Acción Ecológica.
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