La Corte Suprema ordena reabrir el sumario por la desaparición
del dirigente del MIR Bautista Van Schouwen
Crónica Digital
Los abogados de derechos humanos celebraron el reciente dictamen de la Corte
Suprema, que revoco la anmistía por la muerte de los dirigentes del Movimiento
de Izquierda Revolucionaria (MIR) Bautista Van Schowen y de Patricio Munita
Castillo.
El abogado Nelson Caucoto dijo que, pese a lo positivo del dictamen, "confía en
que la justicia militar se declare incompetente para conocer la causa y se la
traspase al ministro en visita Joaquín Billard, en procura de establecer cómo
ocurrieron los hechos denunciados". Explicó que el magistrado Billard sustancia
una querella contra el ex comandante en jefe del Ejército, general Augusto
Pinochet Ugarte, por su responsabilidad en las desapariciones de los dirigentes
del MIR.
Caucoto sostuvo que el fallo del máximo tribunal sienta un precedente al
insistir en un criterio contra la aplicación del Decreto Ley de Amnistía de
1978. "La Sala en lo Penal estimó que la reglamentación que exculpa de
responsabilidad a los responsables de violaciones a los derechos humanos, no
pueden ser invocadas mientras no se indaguen a cabalidad los hechos", explicó.
"Nuestra Corte Suprema ha fijado un criterio más bien unánime, salvo la versión
contradictoria del auditor general del Ejército (Juan Romero), en términos de no
aceptar la aplicación de la Amnistía, en términos de permitir la investigación
íntegra de los hechos", precisó el jurista.
Caucoto espera que la reapertura del sumario posibilite determinar las
responsabilidades que correspondan, las sanciones y la reparación económica a
los familiares de las víctimas.
LOS HECHOS
Según los antecedentes del proceso, ambos miristas ingresaron a la iglesia de
Los Capuchinos en diciembre de 1973 en busca de refugio, donde fueron arrestados
por efectivos de Carabineros y personal civil de los aparatos de Inteligencia
del régimen militar. La Corte Marcial dispuso el sobreseimiento del caso en
agosto de 2003, sentencia revocada al considerar la sala que tal resolución
infringió importantes disposiciones del Código de Procedimiento Penal.
El tribunal ordenó que el Segundo Juzgado Militar de Santiago tome declaraciones
al oficial en retiro Rubén Castillo y también a los sacerdotes Sergio Uribe,
Orlando Córdova y Rafael del Piano, testigos de los hechos que se investigan.
Van Schouwen, cuñado del líder del MIR, Miguel Enríquez, fue requerido el mismo
día del golpe de Estado (11 de septiembre de 1973) para presentarse ante las
autoridades castrenses. La Junta de Gobierno ofreció entonces una recompensa de
500 mil escudos a la persona que ayudara a encontrarlo o a quienes estaban
vinculados a su familia.
Las autoridades golpistas informaron entonces a la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos (OEA) que Van Schouwen
había viajado a Cuba en febrero de 1973 sin que existiera constancia de su
regreso. Negó, además, que hubiera sido detenido o puesto a disposición de algún
tribunal.
El cadáver de Munita fue encontrado años más tarde en una tumba marcada "NN" (no
identificado) en el cementerio general de Santiago, pero el de Van Schowen no .
La resolución de la Corte Suprema señala que los hechos apuntan a delitos de
homicidio, arresto ilegal y secuestro calificado y que "deben ser objeto de una
acuciosa y celosa investigación de parte del fiscal militar que corresponda".
Agrega que en la causa existen diligencias importantes que no se realizaron en
la indagatoria, por lo que ordena que sean cumplidas.
