Latinoamérica

Samuel Blixen
Brecha

El hallazgo de restos humanos en una chacra de Pando donde la Fuerza Aérea enterró a dos prisioneros muertos en tortura instaló en la sociedad, con la fuerza de la evidencia, la conciencia definitiva sobre los extremos aberrantes del terrorismo de Estado. En un proceso que se había iniciado 30 años atrás, con las primeras denuncias judiciales sobre desapariciones –pero que para la población cobró certeza definitiva a mediados de este año cuando los mandos militares admitieron finalmente la responsabilidad institucional en los crímenes de la dictadura–, las imágenes aterradoras y dolorosas difundidas el mismo martes 29 dibujaron un nuevo escenario, haciendo añicos las excusas para la defensa de la impunidad.

UNA CONFIRMACIÓN

El nuevo contexto político, tras la exhumación del cadáver de un detenido desaparecido, vuelve inútiles los esfuerzos de resistir el surgimiento de la verdad y de entorpecer el camino de la justicia. Las excavaciones no sólo confirmaron lo evidente –la existencia de cementerios clandestinos, el propósito de ejecutar una segunda y hasta una tercera desaparición tras el secuestro, la tortura y el asesinato, para ocultar la prueba del crimen–; también confirman la necesidad social de terminar con la impunidad, y su soporte legal, la ley de caducidad.
¿Cuáles son los elementos determinantes de este nuevo escenario? Primero, la comprobación de que la política de derechos humanos inaugurada por Tabaré Vázquez es realizable en cuanto a la ubicación de los restos de los desaparecidos, que completa el duelo de los familiares y avanza en el conocimiento de la verdad. Segundo, que la ubicación de restos no altera la institucionalidad ni implica el riesgo de desestabilizaciones. Tercero, que el desmantelamiento de la impunidad, un reclamo que se generaliza, tampoco implica riesgos institucionales y, por el contrario, facilita la recuperación del honor de las Fuerzas Armadas mediante la depuración de aquellos que con sus crímenes lo convirtieron en una caricatura.
Al pie de la fosa donde aparecieron los restos de uno de los dos prisioneros desaparecidos por personal de la Fuerza Aérea –los militantes comunistas Ubagesner Chávez Sosa y José Arpino Vega– el presidente Vázquez reiteró su confianza en la veracidad de la información brindada por los mandos militares, aliviando la tensión por la ausencia de resultados en la búsqueda que se realiza en los predios de los batallones 13 y 14. "Si alguien mintió no fueron ellos; pudieron haber recibido información falsa, pero yo estaba convencido de la intencionalidad correcta, del compromiso adquirido por los comandantes en jefe y de que estaban dispuestos a cumplir con las órdenes que el Ejecutivo había dado, y aquí están las pruebas", aclaró. Por ello, el abogado Javier Miranda, miembro de la Asociación de Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos, reclamó del Ejecutivo la disposición para iniciar trabajos de búsqueda en otros lugares donde las informaciones confidenciales sugieren enterramientos clandestinos, y recordó que el objetivo es el rescate de los restos de otros 200 desaparecidos o al menos el conocimiento exacto de su destino final. Los casi nulos resultados de la búsqueda en el Batallón 13 reforzaban la intención de la Presidencia de rescatar otro testimonio sepultado en el olvido, el del soldado Ariel López Silva,* quien afirmó haber enterrado, personalmente, cinco cadáveres en los fondos del citado batallón.
Los hallazgos en la chacra de Pando confirmaron las diferencias entre las informaciones aportadas por el Ejército y las proporcionadas por la Fuerza Aérea, y pusieron de relieve el tenor de las actitudes: el comandante de la Fuerza Aérea, Enrique Bonelli, dejó constancia de la disposición existente entre el personal bajo sus órdenes, tras lo que llamó "la maduración de una nueva situación", aludiendo a la nueva política de derechos humanos. En ese contexto se explica la información brindada espontáneamente que confirmó la existencia del llamado "segundo vuelo", el traslado de unos 18 prisioneros uruguayos secuestrados en Buenos Aires y que, ahora se sabe, desaparecieron definitivamente en Uruguay. Las revelaciones de la Fuerza Aérea contrastan con la reticencia del Ejército a confirmar la identidad de las personas que fueron trasladadas.
El Ejército parece seguir atrincherado en un supuesto "pacto", al cual volvió a hacer mención el El País (de ayer, jueves): "En filas de las Fuerzas Armadas se espera que el gobierno ‘cumpla’ con las afirmaciones del secretario de la Presidencia, Gonzalo Fernández, referidas a que con el hallazgo de los restos de los desaparecidos, la revisión del pasado estaría concluida para la administración del Frente Amplio". Según esa versión, el comentario del secretario de la Presidencia fue realizado en reuniones con militares retirados tendientes a obtener datos sobre los desaparecidos.
La información sobre los enterramientos en Pando, que derivó en el hallazgo del cadáver, provocó la reacción del ex presidente Jorge Batlle, quien reprochó a Bonelli no haber aportado la información a las autoridades del anterior gobierno (véase página 6). "No la dimos porque no nos consultaron directamente", afirmó Bonelli. Los dirigentes del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Colorado reaccionaron airadamente: "Los colorados no tenemos nada que esconder. Queremos que no se nos siga asociando a la impunidad", declaró el ex presidente Julio María Sanguinetti. El ex ministro de Defensa Yamandú Fau contraatacó: "La obligación de un militar es decir la verdad. Un militar que hace del honor un asunto insustituible no puede sostener que la verdad sólo la dice cuando se le ordena", afirmó.
El entredicho volvió a poner en el tapete la cuestión del ejercicio del mando supremo de las Fuerzas Armadas; confirma que los militares acatan órdenes, de modo que corresponde al poder político impartirlas. En estos días en que se produce, como elemento del "nuevo escenario", un sarpullido de revisionismo histórico, en especial sobre la conducta de los partidos tradicionales durante la aprobación de la ley de caducidad y sobre las intenciones de quienes la impulsaron, quedan en evidencia algunas coyunturas donde hubo notorias ausencias de órdenes, en especial en aquel momento de 1986 en que el comandante del Ejército secuestró las citaciones judiciales para que cuatro oficiales no fueran interrogados por desapariciones. ¿Acaso el presidente Sanguinetti ordenó al general Hugo Medina tramitar las citaciones y abstenerse de obstruir la justicia?

ORDENE, PRESIDENTE

La potestad del presidente de la República de impartir órdenes, en su condición de comandante supremo de las Fuerzas Armadas, se convierte en un eje del nuevo escenario. Así como la orden de brindar información sobre los enterramientos clandestinos tuvo un efecto inmediato en la calidad de la respuesta brindada por la Fuerza Aérea –y eventualmente exige nuevas órdenes para el caso de que la información del Ejército sea falsa–, también se vuelve un instrumento decisivo en otros aspectos. El comandante Bonelli, interrogado sobre su opinión respecto al proyecto de ley interpretativa de la ley de caducidad, fue explícito: "Sobre el tema político uno puede tener una opinión formada, pero nosotros estamos sujetos a jerarquía, el mando superior de las Fuerzas Armadas es el presidente de la República y en ese aspecto, el aspecto político, es el que toma las decisiones. Si el señor presidente eleva un proyecto de ley o el Parlamento decide hacer efectiva una ley nosotros no tenemos nada que decir, salvo cumplirla. Y es lo que vamos a hacer".**
La actitud contrasta con la asumida por el cuerpo de generales del Ejército, que el viernes 25 debatió sobre las probables implicancias del proyecto elaborado por parlamentarios del Frente Amplio y analizó la eventualidad de impulsar una recusación por inconstitucionalidad, si el proyecto era sancionado. Para entonces, los generales se sentían respaldados por las afirmaciones de un miembro de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) que, según la versión de El Observador, adelantó una opinión favorable a la inconstitucionalidad. La organización de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos resolvió elevar un planteo formal a la SCJ ante lo que considera un acto de prejuzgamiento.
Frente a una explícita injerencia de los mandos del Ejército en asuntos políticos, el gobierno prefirió mantener silencio. Para entonces, la iniciativa de la ley interpretativa recogía tajantes rechazos en el Partido Colorado, pero dividía las posiciones en el Partido Nacional; sugestivamente dos de los más notorios aspirantes a una futura candidatura presidencial, los senadores Luis Alberto Heber y Francisco Gallinal, coincidían en la conveniencia de interponer un texto propio sobre interpretación de la ley de caducidad, mientras que Luis Alberto Lacalle y Jorge Larrañaga explicitaban su desagrado (véase página 4).
La aparición de los restos en Pando alimentó las esperanzas, entre ciertos políticos, de que el "nuevo escenario" diluyera la necesidad de aprobar el proyecto. Pero senadores oficialistas las aventaron, sosteniendo que, por el contrario, la novedad reforzaba la oportunidad de legislar. El presidente Vázquez precisó que la ley interpretativa era una iniciativa de parlamentarios de su partido, pero aclaró que "el Poder Ejecutivo estaba ya actuando en la misma dirección en que pretende ir la ley interpretativa. Desde el Ejecutivo siempre dijimos y actuamos, en los casos donde la justicia nos consultó, que todo lo anterior al 27 de junio de 1973 no estaba incluido en la ley de caducidad y que lo posterior al 1 de marzo de 1985 tampoco; que los secuestros cometidos con intenciones económicas no están incluidos; que los mandos militares de la época tampoco, igual que los delitos cometidos fuera del territorio nacional".
De hecho, las apreciaciones presidenciales ponen en evidencia la responsabilidad del Poder Judicial: si la ley de caducidad no ampara a quienes secuestraron niños, cometieron delitos económicos y a quienes siguen siendo responsables de delitos de desaparición, en tanto se trata de crímenes que continúan cometiéndose en el presente, ¿por qué razón los magistrados permanecen impávidos y se eximen de actuar?
* López Silva proporcionó la información en 1985 ante la Comisión Investigadora de Diputados sobre Ciudadanos Desaparecidos, y 12 años después la confirmó a la revista Posdata.
** Sobre otros temas, Bonelli efectuó declaraciones de muy otro tenor a diversos medios escritos y audiovisuales (véase nota de Sergio Israel).