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La Asociación para la Promoción Social Alternativa Minga informa a la opinión nacional e internacional que paramilitares en proceso de negociación con el gobierno nacional retuvieron, torturaron y ejecutaron a 22 campesinos en las veredas La Más Verde y Nuevo Horizonte, municipio de Curumaní, Cesar. En los días 04 y 05 de diciembre de 2005, un grupo de aproximadamente 200 hombres armados y uniformados, que se presentaron como integrantes del Bloque Norte de las Autodefensas, incursionó en las veredas La Más Verde y Nuevo Horizonte, corregimiento de Santa Isabel, lugares donde cometieron todo tipo de atropellos y vejámenes contra la población civil y retuvieron a un número indeterminado de personas, de las cuales 22 fueron, hallándose en estado de indefensión, asesinadas con armas de fuego y corto punzantes.

Los paramilitares, antes de ejecutar a las personas, las sometieron a suplicios y humillaciones. Igualmente hurtaron ganado y otros bienes de los pobladores de esa zona rural de Curumaní. Entre las campesinos asesinados se ha identificado a Carlos Julio Hernández Triana, de 64 años; y los labriegos Elidez Ramírez Pineda y Héctor Julio Manzano, cuyos cadáveres, junto a otros dos fueron levantados por el ejército nacional y traslados a la cabecera urbana de Curumaní. Los otros 17 cadáveres permanecen expuestos, desde hace cinco días, a la acción de la intemperie y los animales de carroña, en las veredas La Más Verde y Nuevo Horizonte, sin que autoridad judicial o policiva haya realizado esfuerzo alguno para recuperar e identificar esos restos.

Los paramilitares, que ingresaron y salieron de esas zonas sin haber hallado oposición alguna de la fuerza pública, mantuvieron bloqueados hasta el 07 de diciembre de 2005 a los residentes de las regiones agredidas, impidiendo el ingreso y salida de personas; para luego retirarse a las bases que tienen ubicadas en los municipios de Curumaní y Pailitas, en Cesar.

Ante estos hechos los defensores de los derechos humanos demandan al gobierno nacional: garantizar la vida, integridad personal, libertad y bienes de los pobladores del corregimiento Santa Isabel; brindar asistencia psicosocial y material a las víctimas de la incursión paramilitar; neutralizar y combatir al grupo paramilitar responsable de esta masacre; y informar a la opinión pública si el grupo responsable de los hechos denunciados ha roto las negociaciones con la administración del presidente Álvaro Uribe Vélez e incumplido el cese de hostilidades.

A la Fiscalía General de la Nación instan a enviar de manera urgente a la zona de consumación de la masacre, una comisión judicial que se encargue de hacer los levantamientos, identificar y entregar a sus familiares los cadáveres de las víctimas, y juzgar y sancionar a los responsables de los hechos denunciados. A Sergio Caramagna, encargado de la Misión de Acompañamiento de la OEA (Organización de Estados Americanos) al Proceso de Paz con los paramilitares, verificar la denunciada violación al cese de hostilidades por parte de la estructura delincuencial y emitir un informe público sobre este hecho.