Uno de los mayores peligros que trae el referéndum, que el presidente y las élites de Bolivia intentan consumar en contra de la voluntad popular, es que legalizará y legitimará los intereses de las transnacionales petroleras ante los ojos de la comunidad internacional, la que podría intervenir militarmente el país más pobre del Sur de América si en el futuro se intenta desconocer esos privilegios, advirtió el representante del Consejo Indio de Sudamérica en la Organización de Naciones Unidas, Nolasco Mamani.

En un amplio y exhaustivo análisis sobre las preguntas y sobre lo que se juega en el referéndum, Nolasco Mamani llega a conclusiones en extremo inquietantes, según establece el documento remitido a Econoticiasbolivia y en el que demuestra que no importa que gane el SI o que gane el NO en la consulta del próximo domingo, ya que cualquier resultado beneficiará a las petroleras y hundirá a Bolivia

"El referéndum del 18 de julio ha sido elaborado para uso externo, para que los Estados y organismos internacionales con intenciones intervencionistas lo utilicen como un hecho legalizador. Sus redactores han hecho que lo principal de este referéndum no sean las preguntas y menos aún el porcentaje alcanzado por cada respuesta, sino de que llegue a realizarse, para tener validez legal", dice.

Según el representante del Consejo Indio de Sudamérica, la realización del referéndum tendría los siguientes efectos convergentes:

a) Permitiría que las petroleras puedan resistir legalmente a todo cambio político en el país que intentara tocar sus intereses ; por ello el gobierno hizo que el referéndum tenga carácter vinculante

b) Serviría de argumento para que los organismos internacionales como el BID, Banco Mundial, FMI, OEA y otros, tomándolo como un hecho político mayor, puedan trazar el camino a seguir por la política estatal boliviana

c) Sería utilizado como base legal para justificar una intervención extranjera militar, si un futuro gobierno, con principios antagónicos de los de Mesa Gisbert, intentara abrogar las leyes antinacionales omitidas por el referéndum

d) Respaldaría las iniciativas del actual gobierno para hacer que el país dé el paso decisivo hacia el dominio del liberalismo más duro, haciéndole irreversible por varias generaciones

e) Sería utilizado como antecedente para que los juicios por corrupción y asesinato emprendidos contra los antiguos gobernantes no tengan seguimiento debido a que habrá respaldado sus acciones pasadas.

A continuación, Econoticiasbolivia presenta el análisis realizado por Nolasco Mamani:

EL REFERÉNDUM DEL 18 DE JULIO

El 19 de mayo de 2004 el Presidente interino Carlos Mesa Gisbert presentó las siguientes cinco preguntas de su referéndum sobre los hidrocarburos.

1.- ¿Está usted de acuerdo con la abrogación de la ley de hidrocarburos 1689 promulgada por Gonzalo Sánchez de Lozada?

2.- ¿Está usted de acuerdo con la recuperación de la propiedad de todos los hidrocarburos en boca de pozo para el Estado boliviano?

3.- ¿Está usted de acuerdo con refundar Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, recuperando la propiedad estatal de las acciones de las bolivianas y bolivianos en las empresas petroleras capitalizadas, de manera que pueda participar en toda la cadena productiva de los hidrocarburos?

4.- ¿Está usted de acuerdo con la política del presidente Carlos Mesa de utilizar el gas como recurso estratégico para el logro de una salida útil y soberana al océano pacífico?

5.- ¿Está usted de acuerdo con que Bolivia exporte gas en el marco de una política nacional que cubra el consumo de gas de las bolivianas y los bolivianos, fomente la industrialización del gas en territorio nacional, cobre impuestos y/o regalias a las empresas petroleras llegando al 50 por ciento del valor de la producción del gas y el petroleo en favor del país; destine los recursos de la exportación e industrialización del gas, principalmente para educación, salud, caminos y empleos?

Análisis

1.- De la forma.

Un referéndum claro y concreto propone una o dos preguntas redactadas en frases cortas. En cambio el que nos interesa presenta cinco de grande amplitud, las del comienzo son ya extensas y las del final son párrafos enteros. Muestran que sus redactores tuvieron dificultad para plantearlas, sea porque no tenían las ideas claras, sea porque querían hacer entrar conceptos incongruentes con el contexto para que sus intereses (y de los que están en su detrás) no parezcan contradictorios con los de la amplia mayoría de la población boliviana. El análisis del fondo muestra que la última posibilidad es la exacta y explica el embrollo de su redacción.

2.- Del fondo.

Es necesario tomar en cuenta la complementación existente entre la presentación del referéndum por el presidente Mesa (amplía apenas el planteo de las preguntas, hace un historial del referéndum en Bolivia, explica la importancia del suyo y llama a votarlo), y la aclaración hecha por altos funcionarios de su gobierno (aclaran que el referéndum no afectará los 78 contratos de riesgo compartido que firmó el Estado con las petroleras y que no se los tocará porque son ley entre partes). Si se aplica esta aclaración todas esas leyes y tratados (con más sus consecuencias actuales y futuras) seguirán teniendo validez; y han de servir de guía para la firma de contratos futuros, mientras no exista un nuevo proyecto de ley de hidrocarburos, cuyo tenor será condicionado por el referéndum. La llamamos por ello: aplicación práctica de la aclaración gubernamental. Una de las aplicaciones hará que se anule o limite el alcance de las buenas intenciones declaradas en las 5 preguntas del referéndum, tanto de las pro-recuperadoras de los hidrocarburos, como de las pro-nacionalistas y pro-beneficiosas para la población.

La pregunta 1 da la sensación de que al abrogar la ley 1689 se anula la acción enajenadora de los hidrocarburos emprendida por el binomio formado por el Presidente Gonzalo Sánchez de Lozada y el Vice-presidente Víctor Hugo Cárdenas, durante los años 1993 -1997. Pero como en este nefasto periodo se dictaron otros decretos y leyes del mismo tipo, la abrogación de una sola ley es una trampa que permite que las otras sigan teniendo vigencia compulsiva.

Los redactores tuvieron la posibilidad de poner en juego todas las leyes sobre hidrocarburos dictadas durante los gobiernos precedentes. No lo hicieron porque la mayoría de ellos fueron sus más altos funcionarios, viceministros, congresales gobiernistas, dirigentes de los partidos de las coaliciones gubernamentales, o consejeros y expertos en privatización ; haciéndose entonces co-culpables de tales felonías. Y estos mismos personajes son ahora redactores del referéndum, jueces de su aplicación y los beneficiados de su resultado; lo mismo que el Presidente Mesa Gisbert que fue Vice-presidente y co-firmante de las decisiones enajenadoras de Sánchez de Lozada. Debido a ello esta gente califica las consecuencias de todas esas leyes como buenas para el país.

Los redactores dan poca importancia a la suerte que correrá la ley 1689 (la parte explícita de la pregunta), ya cumplió su fase; su verdadero objetivo es de hacer legalizar las otras leyes antinacionales (su parte implícita), al omitirlas del referéndum. Quieren mantener en su estado actual el conjunto de las leyes no abrogadas porque todas juntas podrán continuar su obra enajenadora en los contratos futuros; y porque dan a las petroleras la seguridad de no ser tocadas.

La respuesta "SI" hará que se re-abrogue la ley 1689 (porque ya fue anulada por la movilización de octubre), y la respuesta "NO" confirmará la validez de la misma. Pero las dos confirmarán la vigencia de la parte implícita de la pregunta, peor aún legalizarán las leyes inconstitucionales.

La pregunta debería haber sido : ¿Está usted de acuerdo con nacionalizar todos los hidrocarburos? No lo plantearon porque argumentan que el Estado boliviano no tiene miles de millones de dólares para invertir, ni para indemnizar a las empresas petroleras de sus inversiones de monto parecido. Dicen que Bolivia no puede conseguir préstamos de tanta cantidad de dinero. No consideran que los hidrocarburos son recursos raros, y que todo el mundo necesita de ellos, que por esta causa muchos países pueden financiarnos en condiciones ventajosas, tomándolos en garantía. Las empresas estatales de hidrocarburos de Brasil, Méjico, Venezuela y otros Estados emplean este método de financiación.

La pregunta 2 es ambigua, se centra en un solo estado de los hidrocarburos, el de boca de pozo y excluye a todos los demás. Excluyeron el hidrocarburo del yacimiento alegando que la Constitución boliviana reconoce al Estado como su propietario. Excluyeron también el del tramo que va del yacimiento a boca de pozo, que empuja a interpretar que pertenece al Estado. Pero permite a las petroleras alegar que como los bolivianos no pidieron recuperarlo, les pertenece en propiedad privada y también por ser resultado de su perforación y por pasar por sus tuberías.

Boca de pozo se define, en grueso, como el punto de salida de donde se extrae los hidrocarburos. Pero también como el lugar donde son medidos después de haber sido adecuados a su transporte. Sería entonces el tramo del tubo situado a flor de tierra munido de un medidor de fluidos, por donde pasa el hidrocarburo a una presión P y a una velocidad X. Su pasaje a presión y velocidad cambiante, que puede ser medido pero no contabilizado, le convierte en una abstracción contable. La cantidad de hidrocarburo existente en este tramo es el contabilizado en su instante de pasaje, y depende de como fue realizado. Si el fluido que pasa por allí no es registrado, no existe para la boca de pozo. Si es sólo la mitad, esa mitad vale como existente; si es un décimo, vale ese décimo, y así de seguido. En cambio el que sobrepasa la boca de pozo tiene siempre existencia material haya sido contado o no por el medidor, pero es propiedad privada de las petroleras, también el almacenado en sus depósitos y el que pasa por sus tuberías hacia el exterior del país. Todos los fluidos en estado de almacenamiento, de utilización y de comercialización, según lo determinan las leyes dejadas en pie.

En el caso de recuperarse los hidrocarburos en boca de pozo, pertenecerán al Estado boliviano el instante que pasen por el medidor y con la condición de que sean contabilizados ; y no serán "todos" porque se recuperara los dependientes de contratos hipotéticos a realizarse en el futuro, los otros, los incluidos en los contratos pasados, no podrán ser recuperados porque la aplicación práctica de la aclaración gubernamental no lo permitirá.

La pregunta 2 tiene como objetivo hacer que los hidrocarburos queden en manos de las petroleras, y que la población boliviana lo acepte implícitamente al responder tanto positiva como negativamente. La respuesta "SI" hace recuperar a Bolivia una abstracción contable asentada en un medidor de fluidos incierto, mientras confirma a las petroleras su posesión de los hidrocarburos en los otros estados. La respuesta "NP" les favorece en algo más. Esta pregunta no tendría sentido si se hubiera planteado la nacionalización.



La pregunta 3 es un conjunto de tres frases de sentido diferente. La parte : "¿Está usted de acuerdo con refundar Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos," es demagógica porque plantea refundar una institución estatal que tuvo algunas horas de gloria, dando a entender que tendrá las mismas características de ese del pasado, pero las frases que la completan definen su verdadera capacidad.

La parte : "recuperando la propiedad estatal de las acciones de las bolivianas y bolivianos en las empresas petroleras capitalizadas," fue hecha para liquidar los artículos de la ley de capitalización favorables a los mismos, para quitarles los escasos recursos financieros que el binomio Sánchez de Lozada - Cárdenas prometió darles en renta individual para compensarles del despojo de los recursos naturales del país. Para hacer de YPFB un instrumento succionador de los recursos financieros de la población actual y para la esquilmación futura, porque funcionará sólo con los dineros quitados a las generaciones futuras.

La última parte : "de manera que pueda participar en toda la cadena productiva de los hidrocarburos", es restrictiva, demagógica e inaplicable. Es restrictiva porque los términos "que pueda participar" indican que el YPFB "refundado" no será protagonista de una política hidrocarburífera nacional autónoma, sino que sólo podrá participar en una cadena productiva existente, la de las petroleras (en una proporción X, que puede ser insignificante). Es demagógica porque los términos "en toda la cadena" empujan a imaginar un YPFB múltiple y con amplias posibilidades de participación. Falso, no tendrá posibilidades de participación en toda la cadena, porque se lo puede lograr únicamente si se tiene una propia, que no será el caso. Es inaplicable porque aun deseándolo no contará con los medios necesarios para llevarlo a cabo; el Estado sólo podrá legarle los hidrocarburos contabilizados en boca de pozo de los futuros contratos y en las condiciones dictadas por las mismas leyes no abrogadas, que le harán impotente para participar incluso como dependiente en la cadena productiva de las petroleras. Y sobre todo porque podrá participar sólo si ellas decidieran implantar su cadena en territorio boliviano, que tampoco será el caso, porque ellas las implantarán en los lugares de su conveniencia. Se apoyarán para ello en las leyes del ALCA, (en caso de que Bolivia lo integre, que el actual gobierno acelera); y en las de la OMC (Organización Mundial del Comercio) que podrán ser aprobadas en los próximos cónclaves, para impedir que YPFB tenga una cadena de producción que interfiera las suyas, y lo harán en nombre de la libertad de comercio y de respeto a la propiedad privada, que les permitirá ganar todas sus demandas en contra del Estado.

La respuesta SI", hará que se "refunda" un YPFB que por ser improductivo tendrá sólo tareas de control. Un YPFB dependiente de lo que las petroleras querrán darle y seguramente repleto de partidarios del actual gobierno, de agentes de las petroleras, del gobierno de Chile y de la embajada norteamericana, que sólo servirá para dar visto bueno a los libros contables de las petroleras. Una muestra de ello es la burocracia estatal que tiene la tarea de controlar el cumplimiento de los contratos por las petroleras, no hizo nada para el país, se acomodó a lo que ellas declaran o justifican, y recibe pagos legales de ellas con esa finalidad. Hará además que el dinero perteneciente por ley a la población pase a poder del Estado. Y la respuesta "NO", dará justificación al gobierno para que no toque nada de la actual situación. Esta pregunta ha sido redactada de manera nebulosa porque la primera no planteó la nacionalización de los hidrocarburos.

La pregunta 4 tiene tres facetas. Una de ellas busca, de manera explicita, que la población boliviana se someta a la venta clandestina de gas a Chile practicada por Mesa Gisbert, como ha salido a la luz en estos últimos días. Otra faceta exige de manera implícita que acepte la venta de gas a ese país en las condiciones en que el binomio Sánchez de Lozada - Mesa Gisbert proponía venderle antes de la huida del primero por el levantamiento popular de octubre pasado, y que mantiene en vigencia su segundo. El podrá argüir en el futuro de que usa el gas como recurso estratégico para conseguir que Chile nos prometa dar una salida al mar; y mientras nos haga esperar el cumplimiento de dicha promesa, dará seguimiento a la exigencia chilena de que se le venda el gas en bruto en las mismas condiciones prometidas por Sánchez de Lozada siendo él su Vice-presidente. Podrá hacerlo porque una respuesta positiva o negativa le dará en ambos casos un cheque en blanco. El "SI" para que continúe sus tratativas entreguistas a Chile, y el "NO" para que justifique su desidia y su incompetencia para bregar por una salida al mar para nuestro país, sin que impida la continuación de sus entregas clandestinas de nuestros recursos a dicho país.

El Estado boliviano no podrá utilizar el gas como recurso estratégico, podrá contar sólo con los hidrocarburos de boca de pozo de los futuros contratos que nadie sabe a cuanto ascenderá, el resto de la producción, por seguir en manos de las petroleras, escapará a su voluntad. La tercera faceta hace que la casta oligárquica boliviana perteneciente o dependiente de la oligarquía chilena salga ganando en todos los casos.

La pregunta 5 combina frases contradictorias. La parte : "¿Está usted de acuerdo con que Bolivia exporte gas", es nebulosa por tener el término "Bolivia" varias interpretaciones. "Bolivia" puede significar el Estado o el conjunto de su población, que tendrían "YPFB" como su institución natural exportadora, pero no es así porque no lo mencionan. Puede ser también "Bolivia" como territorio, pero un territorio no puede exportar. Queda entonces "Bolivia" como el conjunto de las empresas privadas bolivianas o "bolivianizadas", (las petroleras ya se bolivianizaron). En realidad se dará carta blanca a estas empresas para que exporten el gas en nombre de "Bolivia".

La parte : "en el marco de una política nacional", propone que se exporte el gas en un marco de política nacional desfavorable, el regido por las leyes decretadas durante los binomios de Sánchez de Lozada - Cárdenas y de Banzer - Quiroga, que no han sido abrogadas a pesar de ser antinacionales, que será cumplida en las condiciones preparadas por el binomio Sánchez de Lozada - Mesa Gisbert a pesar de haber sido castigados por la revuelta popular de octubre pasado. Proponen que este marco nacional sea confirmado por los votantes del 18 de julio próximo.

La parte : "que cubra el consumo de gas de las bolivianas y los bolivianos", es demagógica porque el consumo de gas por la población boliviana es lo último que preocupa a las petroleras y a la casta oligárquica gobernante. Esta casta califica a la mayoría de la población de nuestro país como atrasada por ser mayoritariamente india. Calcula sus necesidades a alguna garrafa de gas licuado por familia por considerarla no meritoria a sus otros consumos. Aunque sabe que la mayor barrera para que no progrese el consumo interno de gas es su precio elevado, debido a que las petroleras nos venden el nuestro al precio internacional, como si lo hubieran traído de yacimientos situados en EEUU, Méjico o Siberia, habiéndoles hecho viajar miles de kilómetros en gasoducto y en barco.

La parte : "fomente la industrialización del gas en territorio nacional", es también demagógica. No hay seguridad de que haya suficiente gas para industrializar en Bolivia, porque según los contratos las petroleras pueden negarse a proveerle una cantidad suficiente para ello. Negativa que recibirá apoyo del ALCA y de la OMC. Y tampoco es seguro que el territorio nacional sea el elegido, porque las petroleras ya eligieron el lugar de su industrialización : el norte chileno, Méjico y EEUU. En el caso positivo de que se elabore productos derivados del gas en Bolivia, ¿podrán competir en el mercado internacional?, queda la duda porque debe comprar el gas bruto extraído de su territorio a precio internacional. Este aumento artificial de precio perjudicará a los productos gasíferos elaborados en Bolivia, deberá sobrecargarse al costo de sus verdaderos trayectos en oleoducto y en barco hacía sus compradores, que les harán perder competitividad. No sería raro que luego del referéndum el Estado boliviano lance propagandas de tinte "ecológico", apoyadas por las de las multinacionales, que tratarán de hacernos creer que es mejor que el gas sea industrializado fuera del país para que no polucione nuestro territorio.

La parte : "cobre impuestos y/o regalías a las empresas petroleras llegando al 50 por ciento del valor de la producción del gas y el petróleo en favor del país", confirma lo dicho anteriormente, ellas serán sus exportadoras y no una supuesta "Bolivia". Esta propuesta es una burla porque ha sido escrita como extensible a todos los hidrocarburos y no es así, abarca sólo los de los contratos futuros, los otros seguirán pagando los mismos impuestos, a menos que las petroleras tuvieran la amabilidad de renegociarlos. Y en este caso el cobro del 50 por ciento no será inmediato, se llegará a este porcentaje en el término de 13 años, como aclaró el gobierno. Es bueno saber que las multinacionales tienen interés en vaciar los yacimientos en su posesión en el menor tiempo y con el mínimo costo posible. Pueden vaciar en 13 años lo que una explotación racional lo haría en 80 o 90 años. Por esta causa en el término de 13 años el Estado boliviano cobrará el 50 por ciento de una novena o décima parte de la actual cantidad de hidrocarburo guardados por dichos yacimientos. Si el control fiscal es hecho por el YPFB "refundado" de Mesa Gisbert, dentro de 13 años el fisco boliviano recibirá algunos centavos más de que lo que actualmente ingresa en sus arcas.

La última parte : "destine los recursos de la exportación e industrialización del gas, principalmente para educación, salud, caminos y empleos?", es demagógica y engañosa. Es demagógica porque no hubo y no habrá dinero propio del Estado boliviano para ser empleado en estas actividades. En el pasado, teniendo recursos financieros suficientes para estos rubros, los ha despilfarrado en beneficio de su casta gobernante y ha preferido incluirlos dentro de sus pedidos de caridad pública internacional, ocurre lo mismo en el presente y será lo mismo en el futuro, aunque el Estado reciba centenas de millares de millones de dólares de entrada financiera y mientras la casta oligárquica gobierne y saquee el país. Es engañosa porque las petroleras se quedarán con el grueso de la entrada financiera generada por la venta del gas y dejarán al país sólo algunas migajas para que sean repartidas en esos rubros.

Y la pregunta 5 es criminal en su conjunto, porque sus redactores quieren que se exporte todo el hidrocarburo posible desentendiéndose de las generaciones futuras. Proyectan dilapidar en el presente y en el futuro próximo los recursos que tendría que guardarse para nuestros nietos, bisnietos y los que vendrán después, que hará que estas generaciones sufran y mueran de hambrunas crónicas por no contar con los recursos energéticos necesarios a su vida. Se les dejará en cambio pozos vacíos y chatarra abandonada. Tendrán que construir su país con el gas que tendrán que comprar a Norteamérica a precios usurarios Se sabe que EEUU agota las reservas gasíferas del mundo mientras guarda en reserva enormes yacimientos de gas para tener el monopolio de su venta en el futuro.

Responder "SI" o "NO" es lo mismo, es responder a una mezcla contradictoria de propuestas que no debería haber sido presentada por ser tramposa y criminal. La pregunta 5 tendría sentido en parte si los hidrocarburos son nacionalizados. El Estado podría contar con ellos para respaldar sus proyectos, pero no lo podrá porque las petroleras, por ser dueñas de los hidrocarburos, podrán imponerle las suyas y en el caso contrario podrán sabotearlo fácilmente.

Conclusiones

De todo lo dicho sacamos las siguientes conclusiones.

El referéndum del 18 de julio ha sido elaborado para uso externo, para que los Estados y organismos internacionales con intenciones intervencionistas lo utilicen como un hecho legalizador. Sus redactores han hecho que lo principal de este referéndum no sean las preguntas y menos aún el porcentaje alcanzado por cada respuesta, sino de que llegue a realizarse, para tener validez legal. Este hecho servirá para que el gobierno pueda argüir que lo omitido por las preguntas ha sido aceptado por los votantes por el sólo hecho de haber participado en el evento.

La realización del referéndum hace que se cumpla su objetivo central : la legalización del predominio de las petroleras sobre los recursos hidrocarburíferos del país. Quieren que este hecho consumado cause a su vez los siguientes efectos convergentes :

° Que permita a las petroleras resistir legalmente a todo cambio político en el país que intentara tocar sus intereses ; por ello el gobierno hizo que el referéndum tenga carácter vinculante.

° Que sirva de argumento para que los organismos internacionales como el BID, Banco Mundial, FMI, OEA y otros, tomándolo como un hecho político mayor, puedan trazar el camino a seguir a la política estatal boliviana.

° Que sirva de base legal para justificar una intervención extranjera militar, si un futuro gobierno, con principios antagónicos de los de Mesa Gisbert, intentara abrogar las leyes antinacionales omitidas por el referéndum.

° Que sirva de respaldo a las iniciativas del actual gobierno para hacer que el país dé el paso decisivo hacia el dominio del liberalismo más duro, haciéndole irreversible por varias generaciones.

° Que sirva como antecedente para que los juicios por corrupción y asesinato emprendidos contra los antiguos gobernantes no tengan seguimiento debido a que habrá respaldado sus acciones pasadas.

Los miembros de la casta gobernante concientes de la importancia que el referéndum tendrá para ellos, lo sacralizan para que la población acepte a ojo cerrado su imposición. Su argumento de que el referéndum por el hecho de haber sido refrendado por el pueblo es un acto de soberanía, y que por ser vinculante el gobierno deberá acatarlo para cumplir con el mandato de su resultado, hace recordar que ellos siempre actuaron amparándose en algo soberano. Sus antepasados, altos funcionarios de su soberano Rey de España, se amparaban en él mientras le rendían pleitesía cuando favorecía sus intereses y le traicionaban cuando sus leyes no les beneficiaba.

En esta casta, en la época colonial, un alto funcionario apellidado "de Mesa" acostumbraba decir "se acata pero no se cumple", para desobedecer las claúsulas y leyes reales que no le beneficiaban ; y hoy el más alto funcionario del Estado apellidado "Mesa" o quizás "de Mesa" actúa con la misma desenvoltura al decir que acata el mandato surgido del levantamiento popular de octubre pasado, gracias al cual es ahora Presidente de fin de mandato, pero no lo cumple. No cumple con la nacionalización de los hidrocarburos que el pueblo levantado exigió en esos días memorables, al contrario, propone un referéndum no imaginado por sus protagonistas, porque lo estaban cumpliendo con el sacrificio de sus propias personas, ocupando calles y caminos y regando con su sangre su suelo ancestral. La idea de referéndum la presentó la prensa pro-petrolera el mismo día que huyó el presidente derrocado y fue tomado en coro por los funcionarios gubernamentales no renunciantes y por los partidos políticos que fueron repudiados en esas jornadas. Fue un pedido de esa gente para conseguir por este medio su revancha. Y al igual de los virreyes de esa época, actúa como si se considerara depositario de la potencia Real y Divina y siendo dueño de la verdad. Se imagina quizás que sólo él puede tener la inteligencia necesaria para apreciar si una nacionalización puede ser buena o mala para Bolivia. Quizás, inspirado por una entidad muy poderosa, piense que la plebe sólo debe votar por lo que él le ha optado y que debe aceptar por ser en provecho de ella. Estamos en el siglo XXI pero hay individuos que actúan como si vivieran en casonas señoriales manejando encomiendas en el siglo XVI.

El referéndum actual tiene características dictatoriales por haber sido redactado en el más oscuro secreto, por tener preguntas que no se pueden ni discutir, ni corregir, por dejar a los ciudadanos sólo la posibilidad de responder "si" o "no" a preguntas extensas y embrolladas, y sin darle la posibilidad de presentar sus verdaderas inquietudes. Es una trampa que lesiona la integridad del territorio y patrimonio de la población boliviana, lo mismo que los de sus generaciones futuras. Carece por ello de la legalidad que da el reconocimiento popular. Y está muy lejos de los principios que rigen tal tipo de consulta soberana. El referéndum debe ser refutado por la mayoría aplastante de la población para que sus promotores o regresen a sus países de origen o se retiren a sus mansiones secundarias del exterior como lo hizo Goni en el mes de octubre pasado.

Luego del triunfo del repudio se debe discutir la futura política energética del país. Si se plantea la nacionalización de los recursos hidrocarburíferos debe tomarse en cuenta los derechos de todos los que fueron ignorados hasta ahora y que por esta causa es fuente de injusticia. Se debe hacer respetar los acuerdos y convenios internacionales refrendados por el Estado boliviano, como el Convenio 169 de la OIT (Organización Internacional del Trabajo) que reconoce a los indígenas derechos de propiedad sobre los recursos naturales de sus territorios. Es el caso de los pueblos indios que pueblan el Chaco, que el Estado no consultó para entregar sus riquezas a las petroleras, por esta causa también esos contratos no tienen validez legal, que deben retornar a sus propietarios milenarios en un acuerdo nacional que los pueblos indios reclaman. Y no se debe permitir que se repita la creación de monstruos burocráticos corruptos, como los antiguos COMIBOL, YPFB, ENTEL y otros que fueron útiles a la casta oligárquica gobernante para enriquecerse en nombre del Estado boliviano.

Finalmente, puede que se esté produciendo, una vez más, lo que ocurrió siempre en nuestra historia, el enriquecimiento ilícito de la casta gobernante. Hagamos un recuento de los 30 últimos años y veremos que cuando el general Banzer tomó el Poder subió teniendo una mano detrás y otra adelante y cuando murió en el Poder era el más grande terrateniente de Bolivia, propietario de millones de hectáreas en el oriente boliviano. Cuando Sánchez de Lozada subió al Poder no tenía riqueza personal y en el momento que fue echado era el patrón minero más rico de Bolivia, siendo suyas la minas más productivas. Los acólitos de estos personajes se enriquecieron en igual o menor medida, mientras la población boliviana fue bajando cada vez más a peores condiciones de miseria. ¿Estará entre los más altos funcionarios del Estado el más grande millonario gasífero que tendrá Bolivia en el futuro? ¿Llegarán a lo mismo sus acólitos? No se puede afirmar, ni negar que así sea, pero todo historiador sabe que la misma casta actúa de la misma manera en condiciones históricas parecidas. El individuo en el Poder puede actuar independientemente de la suya, pero cuando actúa fuera de ella. ¿El actual gobierno es independiente de su casta? La población boliviana conoce la respuesta y actúa en consecuencia.

REFUTEMOS EL REFERENDUM DEL 18 DE JULIO.

Nolasco Mamani
Representante del (Consejo Indio de Sudamérica) CISA en la ONU de Viena.