Internacional

Marta Caravantes

Centro de Colaboraciones Solidarias
En su equipaje cargan con el espectro de la guerra y la violencia, de las dictaduras y la tortura. Llegan a las costas y aeropuertos australianos con la esperanza de encontrar refugio. Sin embargo, sus anhelos de libertad quedan frustrados desde el primer instante: las autoridades australianas encierran durante tiempo indeterminado a los solicitantes de asilo como si fueran criminales, violando las legislaciones internacionales en materia de refugiados. Los campos de detención creados para tal fin y gestionados por una multinacional estadounidense han sido definidos por algunos de los refugiados como un "infierno en la tierra". Las duras condiciones de vida que tienen que soportar se suman a la incertidumbre y a la desesperación por un encierro injustificado que puede durar años.
Detención indefinida y sin cargos
Australia considera que su historial en materia de derechos humanos es insuperable. Sin embargo, según Amnistía Internacional, no puede decirse tal cosa de un país donde millares de solicitantes de asilo son encerrados de manera arbitraria en lugares remotos y aislados, y donde ningún tribunal tiene facultad legal para excarcelar a una persona detenida por los servicios de inmigración. Australia obstenta el galardón de ser el único país del mundo que tiene este tipo de detención automática e indefinida, sin cargos ni opción a revisión judicial, y el único país del denominado "mundo desarrollado" que encierra en campos de detención a las personas que llegan a sus fronteras solicitando asilo. Hace cinco años la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas determinó que la política australiana en materia de refugiados era arbitraria e ilegal. Según Kenneth Roth, Director de Human Rights Watch, "en los últimos años el gobierno australiano ha promovido un clima de xenofobia y hostilidad hacia los refugiados y los inmigrantes".
Paradójicamente, un país cuya historia está trenzada con los sueños de los inmigrantes que llegaron en el pasado se distingue hoy por su dura política en materia de inmigración y asilo. Desde el 1 de septiembre de 1992 todas las personas que llegan a Australia sin documentación apropiada son detenidas y confinadas en los distintos campos de detención a los largo del inmenso país. Port Hedland, Curtin y Woomera son tres de los más aislados y encierran tras sus muros episodios de graves violaciones de derechos humanos. Woomera también es conocido como "el gulag del desierto". Fue construido en 1999 y tiene capacidad para 1.200 personas que soportan en ocasiones temperaturas de más de 40 grados. En noviembre de 2000, 46 refugiados de Woomera se cosieron los labios en señal de protesta. Los médicos del centro de detención afirmaron que las condiciones del campamento eran angustiantes e infrahumanas. Un refugiado iraquí describía así su estancia en Woomera: "No hay nada que hacer. Es casi indescriptible. Cada día es el mismo, cada minuto pasa lentamente. Tu vida es como la de una planta, duermes, comes y dejas pasar el tiempo para volver a dormir de nuevo. Dejas de pensar y sientes que no puedes respirar". Las organizaciones de derechos humanos afirman que las personas que buscan asilo en Australia son tratadas peor que los presos del sistema penitenciario.
Muchos de los refugiados confinados proceden de situaciones traumáticas en sus países como persecuciones políticas, guerras, torturas, encarcelamientos, etc. Cuando son detenidos, a esos traumas se añaden la incertidumbre, la pérdida de libertad, el aislamiento, el miedo y las duras condiciones de vida. El gobierno australiano, además, demora meses o años sus resoluciones de asilo. La desesperación es incontenible y desemboca en intentos de suicidio, autolesiones y huelgas de hambre. Según Amnistía Internacional, algunos niños han estado más de cinco años detenidos a la espera de su visado.
Un gran negocio
Las denuncias de las organizaciones humanitarias respecto a los campos de detención son constantes: carencia de servicios básicos, falta de empleados, tratamiento inhumano, vulneración de derechos democráticos, violencia y abusos sexuales. La empresa que gestiona estos campamentos es la compañía Australasian Correctional Management (AMC) creada en 1991 y subsidiaria de la multinacional estadounidense Wackenhut Corrections Corporation (WCC). La WCC, como señala la revista Forbes, es una de las empresas más grandes de EEUU [en el área de prisiones]. Posee 56 cárceles y centros de detención en EEUU, Europa y Australia donde 'alojan' a más de 40.000 personas.
Según informes oficiales, el mantenimiento de los campos de detención le cuesta al estado australiano 117 dólares por día y persona confinada. El gasto medio anual para el Departamento de Inmigración y Asuntos Multiculturales australiano (DIMA, por sus siglas en inglés) es de 150 millones de dólares. Según la propia Wackenhut Corrections Corporation, el DIMA es su tercer mejor cliente en todo el mundo. En un informe de la compañía se refleja que en el año 2000 la DIMA había pagado a la Wackenhut 98 millones de dólares, un negocio -según las organizaciones humanitarias- sustentado en la detención de personas inocentes y en la vulneración de sus derechos. "¿Están realmente dispuestos los australianos a pagar en cifras humanas o económicas el precio de mantener una política de detenciones que ha fracasado en su intento de frenar la acción desesperada de los que buscan asilo?", afirma Amnistía Internacional. Una pregunta que también se hace una buena parte de la población australiana que observa con desagrado cómo ingentes cantidades de dinero público se desvanecen en una política agresiva hacia los solicitantes de asilo y en unos campos de detención que ensombrecen la trayectoria australiana en materia de derechos y libertades. El gobierno se defiende alegando que es necesaria un política estricta y disuasoria hacia aquellas personas que se planteen emigrar hacia su país. Sin embargo, Amnistía Internacional ha demostrado el "fracaso rotundo" de esta política, pues los inmigrantes y solicitantes de asilo siguen llegando a tierra australiana: de 650 personas en 1992 se ha pasado a casi 6.000 en el año 2000.
Exportar refugiados
Australia también "exporta" sus solicitantes de asilo a los países o islas vecinos como las islas Christmas, las Ashmore, las Cartier o las Coco. En Naurú, el país más pequeño del mundo con 21 kilómetros cuadrados de extensión, viven en campos de confinamiento alrededor de 1.100 refugiados, principalmente afganos e iraquíes que viajaban en el famoso carguero "Tampa" que Australia se negó a acoger en sus costas en agosto del año pasado. John Pace, delegado de Amnistía Internacional, afirma que "desviar los barcos hacia otros países a cambio de dinero y promesas de ayuda al desarrollo es comerciar con el sufrimiento humano. El gobierno australiano debe tratar a los solicitantes de asilo con justicia y humanidad, en vez de sacar a empujones a los barcos que se acercan a sus aguas".
La política australiana en materia de asilo revela una preocupante tendencia de los países más ricos. Mientras que en los grandes foros enarbolan causas solidarias a favor de pueblos azotados por la guerra o las dictaduras, en sus trastiendas nacionales se empeñan en cerrar los resquicios que permiten acceder a una vida digna a los refugiados que consiguen llegar a sus fronteras. El caso del carguero "Tampa" puso de relevancia esta cuestión. La mayoría de los inmigrantes eran iraquíes y afganos que huían de sus países y solicitaban asilo pero Australia prefirió dejarlos a la deriva, enfermos y sin comida, antes que acogerlos. Según los datos de ACNUR (Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados), entre 1989 y 1998 se registraron en Europa 99.350 de peticiones de asilo por parte solicitantes afganos, pero sólo se concedió estatuto de refugiado a 39.436. La directora para cuestiones de refugiados de Human Rights Watch ha denunciado cómo "los países europeos, al igual que los de América del Norte y Australia, han diluido sistemáticamente sus responsabilidades hacia los refugiados en los últimos 10 ó 15 años". La omisión de ayuda también es un delito y, en este caso, los países más ricos tienen grandes cuentas pendientes con la justicia.