Clarín
Una fuerte polémica se instaló en los Estados Unidos por el proyecto del presidente George Bush para convertir en "soplones" del gobierno a miles de empleados públicos y trabajadores de empresas privadas. La Casa Blanca pretende que los que tengan acceso, por razones de trabajo, a oficinas y hogares en todo el territorio estadounidense, pueda espiar sobre cualquier actividad sospechosa que se realice en esos lugares.
Las nuevas normas que establecen esos procedimientos forman parte de la ofensiva antiterrorista lanzada por el gobierno tras los atentados del 11 de setiembre pasado en Nueva York y Washington. Anoche eran debatidas en el Congreso de EE.UU., en medio de una fuerte polémica.
Un comité de la Cámara de Representantes es el encargado de intentar que el proyecto avance. Pero, sin dudas, es complicado el proceso para la creación de un nuevo Departamento de Seguridad Nacional, que constituirá la reorganización más extensa del Poder Ejecutivo estadounidense desde la presidencia de Harry Truman, porque se espera que agrupe hasta a cien oficinas distintas del gobierno.
La nueva legislación antiterrorista de Bush, que tiene previsto un presupuesto que superaría los 27.000 millones de dólares, ya le ha causado problemas con las organizaciones de defensa de los derechos humanos e, inclusive, con los republicanos más conservadores.
Curiosamente, ambos han unido sus críticas contra el Proyecto de Vigilancia Comunitaria del Departamento de Justicia, que dirige John Ashcroft. Según coinciden en afirmar sus detractores, se trata de crear una especie de "Gran Hermano",
en referencia al exitoso programa de televisión que se emitió en decenas de países, en el cual los televidentes podían observar a sus protagonistas durante las 24 horas.
De acuerdo al proyecto piloto, que sería lanzado en diez ciudades de los Estados Unidos, posiblemente en agosto, el go bierno aprovecharía el acceso a las viviendas que tienen miles de empleados, entre ellos carteros, conductores y electricistas, para obtener información sobre actividades sospechosas. Globalmente, el nuevo programa se llamará Sistema de Prevención e Información sobre Terroristas (TIPS, que en inglés significa pistas).
Pero apenas fue presentado, el proyecto cosechó fuertes críticas, que han provocado que el Servicio Postal de Estados Unidos haya decidido no participar.
"Se trataría de convertir a trabajadores de las empresas de gas, empleados de las compañías que instalan televisión por cable o electricistas, en soplones apoyados por el gobierno", declaró Rachel King, de la Unión Estadounidense de Libertades Civiles.
En línea con el proyecto presidencial, la Agencia Central de Inteligencia (CIA) estableció nueva normas a fin de que los agentes puedan, sin la aprobación de la sede central del organismo, reclutar confidentes, aun cuando tengan antecedentes violentos, dijo ayer un funcionario de Inteligencia estadounidense.
Esas normas significan un cambio en la política institucional de la CIA. De acuerdo a la información, ya fueron adoptadas en octubre pasado, a raíz de los atentados del 11 de setiembre.
Desde 1995, los funcionarios tenían que pedir aprobación a la sede central de la CIA antes de utilizar como confidente a una persona que hubiese abusado de los derechos humanos o cometido otros delitos. Esa limitación se estableció por reclamo del Congreso, que criticó los contactos que tenía la CIA con personajes que habían violados los derechos humanos en distintas partes del mundo.
Aunque ningún pedido fue rechazado desde que se impusieron las reglas en aquel año, la Agencia teme que puedan impedir trabajar con fuentes que tengan malos antecedentes, aún cuando estuvieran en posición de suministrar información de utilidad, afirmaron las fuentes.
Además de las cuestiones sobre la privacidad, las medidas antiterroristas de Bush incluyen un proyecto, que ya tendría acuerdo en el Congreso, para postergar en forma indefinida el plazo que vencía el 31 de diciembre dentro del cual los aeropuertos estaban obligados a revisar el equipaje de los pasajeros en busca de explosivos.
Sin dudas, todas estas medidas y proyectos surgen porque, luego del 11 de setiembre, la protección del territorio de los Estados Unidos contra posibles nuevos atentados terroristas se convirtió en la mayor prioridad del gobierno de Bush.
Esta misma semana, el presidente presentó otro plan de seguridad nacional, que exige al Congreso que elabore nuevas leyes de extradición y sobre el tratamiento de secretos e informaciones reservadas.
Inclusive, prevé que haya soldados preparados contra una posible guerra biológica. El plan insta también a la preparación de nuevas vacunas para hacer frente a amenazas bioterroristas. Además, busca reforzar la seguridad en las fronteras y adoptar medidas para la protección de gasoductos, centrales eléctricas, plantas nucleares y otras instalaciones estratégicas.