Internacional

Immanuel Wallerstein
La Jornada

Utilicé como título el encabezado de un artículo del prestigiado diario australiano The Sydney Morning Herald (5 de julio de 2002) que trata el tema de la rabiosa oposición del gobierno estadunidense a la Corte Penal Internacional (CPI). Recientemente el mundo ha seguido de cerca una serie de acontecimientos extraordinarios. La CPI fue establecida por un tratado internacional que Estados Unidos firmó durante la presidencia de Clinton. Este no sometió el tratado a ratificación, en parte por el descontento del ejército estadunidense y en parte porque no había posibilidad alguna de que el Senado lo ratificara. Sin embargo, lo firmó para dar a Estados Unidos el poder de proponer enmiendas en el futuro.
Cuando George W. Bush llegó al poder, Estados Unidos fue más lejos. Bush "desfirmó" el tratado, por decirlo de algún modo. Esto no era legal, pero se hizo de todas formas y en la práctica fue un acto meramente retórico. El tratado iba a entrar en vigor cuando 60 naciones lo ratificaran. Estados Unidos pensó que eso iba a tomar no menos de 10 años, pero sucedió en sólo dos y la CPI se estableció formalmente el pasado primero de julio.
Tal como está estipulado el tratado se aplica a todos los países, sean o no signatarios. Bajo circunstancias específicas y varias salvedades prevé la posibilidad de que las personas que violen el derecho de guerra sean procesadas ante un tribunal con sede en La Haya, Holanda.
El gobierno estadunidense se desató. El primer momento concreto fue el tema de la renovación, el primero de julio, del mandato de Naciones Unidas para mantener tropas en Bosnia. Estados Unidos vetó la renovación, ya que el Consejo de Seguridad se negó a exonerar al personal militar y gubernamental estadunidense de las previsiones del tratado. Estados Unidos también amenazó con vetar todas las demás misiones internacionales de mantenimiento de la paz. Estas incluyen, por ejemplo, las fuerzas estacionadas en la frontera entre Israel y Líbano, que han permitido hasta ahora mantener al Hezbollah lejos de la frontera israelí, y que hasta ahora han sido el desideratum del gobierno de Ariel Sharon. Además, el Congreso estadunidense acaba de pasar una resolución que prevé el cese de la ayuda militar a cualquier país que ratifique el tratado.
¿Con quién está peleando Estados Unidos? Los países del famoso eje del mal no son signatarios. China no ha firmado. Los principales signatarios que defienden la existencia de la CPI son todos sus aliados en la OTAN. Fueron Gran Bretaña y Francia quienes encabezaron en el Consejo de Seguridad la oposición contra el esfuerzo estadunidense de obtener una exención especial. Se ha llegado a decir que, en caso de que se lleve a un estadunidense a juicio ante la Corte, Estados Unidos enviará una misión para rescatarlo. O sea, bien podríamos encontrarnos ante marines desembarcando en Holanda con la intención de "rescatar" a un compatriota acusado de haber cometido crímenes de guerra.
Semejante escenario se asemeja a Alicia en el país de la maravillas. ¿Qué puede explicarnos la histeria de Estados Unidos? Tiene sentido si uno comparte la lógica de los halcones. El hecho es que la creación de la CPI representa un paso más en el fortalecimiento del derecho internacional y un límite a la soberanía de los estados. Está pensada para ello. Por supuesto, como Europa occidental sostiene, el tratado está diseñado para considerar violaciones mayúsculas de las normas internacionales, el tipo de crímenes por los cuales se procesa a Milosevic ante un tribunal especial. Esencialmente, la Corte es un tribunal permanente del mismo tipo. Es cierto también que el tratado establece que si un individuo es acusado por crímenes similares, la jurisdicción se establece primero con las cortes nacionales de su país, y un caso puede llevarse ante la CPI solamente si las cortes nacionales no lo consideran. Por tanto, actualmente resulta poco probable que un ciudadano estadunidense sea llevado ante la CPI.
Pero Estados Unidos afirma dos cosas. Los tiempos pueden cambiar. Y existe gran número de personas en el resto del mundo que le guardan suficiente rencor con acusaciones múltiples, una o muchas de las cuales pueden eventualmente derivar en un caso contra ese país. Esto es cierto. El punto es si Estados Unidos quiere basarse en la "ley" para resolver dichos asuntos o insistir en ser "juez, jurado y caballería" en un mundo sin ley.
La actitud actual del gobierno estadunidense tiene una larga historia detrás. Una porción significativa de la población y del liderazgo político siempre ha visto con ojos cínicos y hostiles al derecho y a las instituciones internacionales. Esta parte de la opinión combina la preferencia por el aislacionismo con la del militarismo. Antes de 1941 este punto de vista tuvo mucha fuerza en el seno del Partido Republicano (los demócratas que eran "aislacionistas" tendían a ser relativamente pacifistas). Claro que también existían "internacionalistas" entre los republicanos, asociados a Wall Street, los grandes negocios y a la Costa Este, pero siempre fueron una minoría. La Segunda Guerra Mundial hizo del aislacionismo una postura impopular, políticamente insostenible. La famosa conversión del senador Arthur Vandenberg a la nueva estructura de Naciones Unidas constituyó la base política sobre la cual la llamada política exterior "bipartidaria" de Estados Unidos se construyó a partir de 1945. Por supuesto, el hecho de que había una guerra fría para justificar el "internacionalismo" contribuyó considerablemente a ello. El fin de ésta marcó el fin del compromiso de la derecha estadunidense con el "internacionalismo". Pero hoy ha regresado públicamente a la postura anterior a 1941, que conjuga aislacionismo y militarismo. En la práctica esto hace a la OTAN tan enemiga de Estados Unidos como lo es el eje del mal, a menos que la alianza transatlántica se someta a los deseos de Washington. Es lo que sugiere la discusión de un envío hipotético de marines a invadir Holanda.
La posición de Estados Unidos da al traste con todo lo que la Unión Europea (y Canadá) están tratando de hacer para edificar un "orden mundial" en el que la CPI desempeña un papel importante como institución para avanzar en el respeto de los "derechos humanos". Los halcones estadunidenses no tienen interés alguno en ese orden, pero sí en fortalecer el poder militar unilateral de su país e imponerlo a todos, incluidos los aliados de la OTAN. La idea de que un soldado estadunidense pueda ser llamado a rendir cuentas por haber violado el derecho internacional y las normas del derecho natural es absolutamente un anatema para los halcones. Esto porque, como ellos mismos afirman, después del proceso contra el sargento X, seguirá la acusación contra Henry Kissinger y, ¿por qué no?, contra el mismo George W. Bush.
Por un compromiso de última hora el tema se pospuso para volver a ser discutido en un año. Pero esto cambia poco las cosas y nos encontraremos entonces ante una de dos situaciones: o Gran Bretaña, Francia y los demás doblarán las manos, la Corte será desmantelada y la voluntad de Estados Unidos prevalecerá como "juez, juzgado y caballería"; o bien, no doblarán las manos y será la OTAN la que desaparezca. No se trata de una pelea cualquiera.
Traducción: Marta Tawil