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Veualternativa

¿Por qué los aldeanos en la provincia de Aceh de Indonesia y sus abogados están preocupados por las contribuciones de Exxon Mobil a George W. Bush y los republicanos?
Hace un año, la Fundación internacional de Derechos del Trabajo (FIDT) de Washington, presentó una demanda contra la empresa en el que se acusaba a Mobil de que en la década de 1990 pagó y apoyó a militares indonesios que violaron los derechos humanos en esa asolada provincia. Representando a once personas anónimas de Aceh que afirman que ellas o sus maridos fueron reprimidas por las tropas financiadas por Exxon Mobil, la fundación sostuvo que de acuerdo con la ley de torturas en el extranjero y la ley de protección a las víctimas de la tortura, la compañía petrolera y su subsidiaria indonesia podrían ser responsables de asesinatos, torturas, violaciones y secuestros perpetrados por estos soldados. Se trata de una empresa conjunta con Pertamina, la empresa petrolífera estatal de Indonesia. Exxon Mobil, que posee el 35% de aquella empresa, opera en una importante bolsa de gas natural en esta provincia del norte de Sumatra, donde los separatistas de Aceh llevan muchos años luchando contra las tropas indonesias. En la década de 1990, las tropas indonesias de la zona, cometieron abusos de toda clase, según las organizaciones de derechos humanos. Más de mil personas fueron asesinadas, torturadas o han desaparecido, según informa Human Rights Watch, que hace notar que "miles de personas han sido detenidas sin motivo en campamentos militares, a menudo durante varios años; muchos jamás han aparecido"
El pleito de FIDT dice que, por un acuerdo con el general Suharto, el anterior hombre fuerte de Indonesia, Mobil pagaba a los militares indonesios para que garantizaran la seguridad de sus instalaciones. Estas tropas, afirma el FIDT, capturaron a uno de los demandantes, lo trasladaron a las instalaciones de Mobil, y lo torturaron durante tres meses. Antes de que lo soltaran, los soldados le mostraron una enorme pila de cabezas humanas. Otro demandante también fue torturado por los soldados indonesios en un edificio dentro de las instalaciones de la empresa. Los otros demandantes refieren situaciones de maltrato similares.
Exxon Mobil arguye que de ninguna manera "ha causado directamente, de manera intencionada, ni ha conspirado para cometer ni ha participado en ninguno" de esos hechos violentos y que no hay "base legal" en Estados Unidos para esa demanda. Cuando se presentó la demanda, el presidente de Pertamina negó que la empresa conjunta hubiera financiado a soldados indonesios. En cambio admitió que les habían proporcionado atención médica, alojamiento y transporte. Pero en el 2000, Kontras, un grupo indonesio de derechos humanos, llevó a cabo una investigación que determinó que por lo menos diecisiete puestos militares y comisarías de policías en Aceh que empleaban a un total de mil personas fueron subvencionadas por Exxon Mobil. El pasado mes de agosto, la edición asiática de Time publicaba un artículo que indicaba que Exxon Mobil paga a los soldados que protegen sus instalaciones y que los ciudadanos "literalmente hacen cola para referir actos violentos y asesinatos cometidos por las tropas que ellos llaman el ejército de Exxon." (En 1998, varios grupos indonesios de derechos humanos acusaron a Mobil de ser "responsable de las violaciones de los derechos humanos" cometidos por los militares y aseguran que proporcionó ayuda logística al ejército, incluyendo excavadoras para enterramientos en masa. Ese año, Business Week informó que las declaraciones de los habitantes de Aceh que sobrevivieron a los abusos de los militares "hacía plantearse qué es lo que sabía Mobil y desde cuándo.")
El pleito contra Exxon Mobil ha ido avanzando lentamente (como es normal) en un juzgado federal de Washington, pero dio un giro que podría amenazar su continuación. En una audiencia en abril, el juez federal de distrito Louis Oberdorfer preguntó a los abogados de la compañía petrolífera si el Departamento de Estado había expresado interés en el asunto. Martin Weinstein, abogado de Exxon Mobil, contestó que "era un momento muy difícil en las relaciones indonesio- americanas" porque hay combatientes de Al-Qaeda en ese enorme país musulmán. Razonaba que si el juez permitía que el pleito siguiera adelante, Oberdorfer "se vería forzado a juzgar la conducta del gobierno indonesio (aliado de América con el que nunca ha sido tan importante estar en buenas relaciones) para determinar si las alegaciones de esta causa son de asesinato o de guerra legítima contra los insurrectos fundamentalistas que intentan disgregar un país con atentados con bombas y otras actividades terroristas". Es decir, Exxon Mobil le decía al juez que podría interferir en la guerra contra el terrorismo. Weinstein le sugirió a Oberdorfer que se pusiera en contacto con el Departamento de Estado y le pidiera consejo sobre cómo llevar el caso.
Los abogados para las víctimas se opusieron. "Si en algún momento el Departamento de Estado creyera que el pleito daña intereses de la política exterior de los Estados Unidos ­decían­ debería hacérselo saber al juzgado." A principios de este año, el Departamento de Estado, en otro caso, informó a un juzgado federal que la preparación de un pleito relacionado con violaciones de los derechos humanos en Papua Nueva Guinea podría dañar las relaciones de Estados Unidos con ese país, y el juzgado desestimó el caso.
El equipo legal del FIDT también está pendiente de la influencia de Exxon Mobil en el gobierno de Bush. Redactó una moción que destacaba que Exxon Mobil era el segundo mayor contribuyente a su campaña después de Enron. Que James Rouse de la oficina de la empresa en Washington donó cien mil dólares para la toma de posesión de George W. Bush; y que la empresa ejerció presión sobre la Casa Blanca para que destituyera al presidente de una comisión internacional del clima (y la Casa Blanca así lo hizo). "Esto es un mal precedente ­dice Terry Collingsworth, director ejecutivo de la FIDT­. Si un caso sobre derechos humanos tiene que pasar por el Departamento de Estado, eso dará a los abogados defensores otra herramienta para retrasarlo o para que lo desestimen."
No obstante, Oberdorfer aceptó la sugerencia de Exxon Mobil y escribió al Departamento de Estado: "Como una mayor precaución, en los tensos tiempos en los que estamos viviendo, quisiera saber si el Departamento de Estado tiene una opinión (no vinculante) en el sentido de que este caso pudiera afectar negativamente a los intereses de los Estados Unidos". Le solicitó al Departamento que le contestara antes del uno de julio.
Hasta la fecha, no hay indicios de cómo puede contestar el Departamento de Estado. Los abogados de los demandantes especulan sobre que no es probable que los funcionarios de carrera del Departamento sean comprensivos con la compañía petrolera. En el 2000, el Departamento de Estado colaboró con las organizaciones de derechos humanos y compañías energéticas y de explotación minera más importantes para desarrollar un código de conducta para las empresas que trabajaban en países en desarrollo y en los que los gobiernos pudieran estar comprometidos con violaciones de los derechos humanos. La excepción fue Exxon Mobil, que rechazó firmar el acuerdo, algo que no han olvidado los abogados de carrera del departamento. Pero probablemente la decisión la tomarán en un nivel político más alto. Varias organizaciones de derechos humanos y el sindicato de trabajadores siderúrgicos de ya han solicitado al Departamento de Estado que no intervenga en el caso.
Así que antes de que un juzgado federal pueda determinar si Exxon Mobil apoyó de hecho a las tropas implicadas en horrorosos abusos y se la declare responsable, hay otra cuestión importante que debe dilucidarse: ¿una multinacional acusada de financiar el terrorismo corporativo puede ocultarse detrás de la guerra contra el terrorismo?
Traducció de l'anglès de Víctor Cassi