Movimientos Sociales

La fábrica de Lácteos Montecarlo estuvo a punto de desaparecer el jueves último, pero a segundos de que comenzara el remate de sus bienes una jueza se hizo eco del pedido de los trabajadores que se movilizaron hasta la puerta de su juzgado y frenó la ejecución. Minutos después, la Legislatura porteña aprobó la expropiación de la empresa, que en el mismo día dejó de estar en peligro de extinción para sumarse a la lista de fábricas recuperadas.
Lácteos Montecarlo arrastraba una quiebra decretada a fines de 2002 y en los últimos días se había acelerado la fecha del remate, que finalmente fue fijada para el jueves 23 de octubre. Junto al Movimiento de Fábricas Recuperadas, los trabajadores de la planta se movilizaron a la puerta del Juzgado Nacional Comercial 19 para solicitar a la jueza Adela Fernández que detuviera la liquidación de la firma. En el mismo momento en el que se disponía la apertura de los sobres para comenzar con la subasta de los bienes muebles de la fábrica, Fernández decidió suspender la ejecución y dar a la Legislatura un plazo hasta el próximo martes para que definiera si concedería la expropiación. "Después de la decisión de la jueza, la Legislatura da el voto positivo para que la firma siga en manos de los trabajadores", explicó a Página/12 el abogado representante del Movimiento de Fábricas Recuperadas, Diego Kravetz.
La suspensión del remate de los bienes muebles abarcó no sólo al equipamiento de maquinarias para la fabricación de productos lácteos. "Una de las cosas más importantes fue que también salió en favor de los trabajadores la expropiación del nombre Séptimo Barón, con el que históricamente se vendió la muzzarella, que es la mayor producción de Montecarlo", señaló Kravetz.
En sus mejores momentos, Lácteos Montecarlo llegó a emplear a cerca de 50 empleados, y su producción de muzzarella logró posicionarse en el mercado de lácteos. En la compleja situación por la que atraviesa, la fábrica cuenta hoy con sólo siete empleados en actividad, pero tras la resolución del conflicto, integrantes del Movimiento de Fábricas Recuperadas consideraron que "con una mínima inyección de capitales y la producción en manos de los trabajadores, la empresa puede volver a ampliar su planta y dar trabajo por los menos a las 50 personas, como lo hacía antes".