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País Vasco

Garzón mantiene bloqueadas desde julio las cuentas de familiares de los presos en México

Imanol INZIARTE
GARA

No están imputados, no se les acusa de nada, pero tienen sus cuentas bancarias bloqueadas por orden de la Audiencia Nacional española desde el pasado mes de julio. Esta es la situación en la que se encuentran algunos de los familiares de los seis vascos encarcelados en México, según explicaron los abogados Joseba Agudo y Jone Goirizelaia. Ambos repasaron los últimos acontecimientos en torno a este caso, incluido el reciente viaje del juez Garzón. A las quejas formuladas por el magistrado, los letrados contrapusieron los «múltiples obstáculos» que debe superar la defensa.
El pasado mes de julio, seis ciudadanos vascos -Jon Artola, Axun Gorrotxategi, Félix García, Ernesto Alberdi, Joseba Urkijo y Asier Arronategi- fueron detenidos en México, junto a varios naturales de aquel país. Dentro del mismo operativo, el juez Baltasar Garzón ordenaba el bloqueo de las cuentas bancarias de familiares de los arrestados, pese a no estar imputados en el sumario.
Siete meses más tarde, la situación se mantiene. Estas per- sonas, sobre las que no pesa acusación alguna, no pueden disponer libremente de su dinero.
Además, el hecho de que no se hallen imputados impide a los abogados de los encarcelados en México personarse en la causa y realizar las diligencias oportunas para tratar de poner fin a esta situación.
Este y otros hechos fueron dados a conocer en la rueda de prensa ofrecida ayer por los abogados Joseba Agudo y Jone Goirizelaia, que comparecieron en Donostia acompañados por varios familiares de los seis vascos presos en el país azteca.
Agudo repasó la situación actual del proceso de extradición abierto, cuyo último capítulo hasta la fecha es la infructuosa visita al Reclusorio Norte de México D.F. a cargo del magistrado Garzón y del fiscal Enrique Molina.
El letrado recordó que los tribunales mexicanos desestimaron la presentación de «unas pruebas que para nosotros eran muy importantes, puesto que demostraban que estas seis personas vivían en México de manera legal y gozaban de sus propios ingresos económicos».
En contraposición, destacó que «hace poco logramos que se aceptara un recurso de amparo en el que se reconoce que la detención fue ilegal. Sin embargo -añadió Agudo-, no se ha decretado la puesta en libertad, sino que se ha remitido el informe al juez que ordenó el operativo para que lo revise».
En el Estado español, el sumario sigue bajo secreto. «Todo lo que sabemos sobre este caso es a través de las fotocopias que la Audiencia Nacional española remite a los tribunales mexicanos, donde el sumario no es secreto», explicó el letrado.
Relató que en esos documentos «lo único que se ve es que, sobre la base de unos papeles incautados a unos supuestos miembros de ETA, la Unidad Central de Inteligencia (UCI) de la Policía española realiza un informe en el que se hace una interpretación valorativa sobre diferentes hechos».
«Denuncia lo que él mismo ordena que se haga aquí» ************************************************** El incidente acaecido entre el juez Garzón y los responsables del Reclusorio Norte sigue dando de qué hablar. Jone Goirizelaia explicó que, al parecer, el magistrado no solicitó el permiso correspondiente a la dirección de la prisión, por lo cual no pudo acceder al interior de la misma para interrogar a los detenidos.
En su relato de los hechos, el magistrado negó este extremo y aseguró que no quiso entrar porque no se permitía el acceso del fiscal Molina y porque había periodistas en la sala donde se iba a celebrar la vista.
En la carta que remitió al diario "La Jornada", Garzón señala que «una vez franqueada la entrada por la parte que da acceso a los visitantes y familiares, firmamos en el libro registro y se nos facilitó una especie de credencial, que en mi caso, por llevar traje negro, debió ser firmada en el reverso por tratarse de un color coincidente con el atuendo de los custodios. (S) fui cacheado y registrado mi maletín en el interior de una cabina por un funcionario que me permitió entrar con mi teléfono celular. A continuación, y sin que nadie nos ofreciera explicaciones de las razones por las cuales ninguna persona o autoridad hubiera salido a hacerse cargo de nosotros, fuimos conducidos a otra estancia, en donde tuvimos que entregar nuestros documentos de identidad».
«Nuevamente pregunté si no existía un acceso para funcionarios o autoridades y el oficial que nos conducía indicó que sí, pero que no era el caso y que teníamos que continuar por allí. Por mi parte le indiqué cuál era el objeto de mi visita y que no me parecía correcto lo que estaba sucediéndome, me contestó que no protestara porque ya me habían dejado pasar con el celular y con traje negro y eso era un privilegio».
«Ante lo absurdo de la situación y el tono desabrido del trato, incomprensible para mí, al tratarse de un acto oficial y autorizado, le pedí si podía hablar con algún responsable. La respuesta fue indicarme que continuara y que extendiera el brazo derecho, y que exhibiera la muñeca para que me marcaran con un número de identificación. Ante esta circunstancia (S), consideré oportuno retirarme y salir fuera del edificio».
Al respecto, Goirizelaia destacó que «lo que Garzón denuncia es lo que normalmente debemos de hacer los abogados, familiares y amigos para entrar en las cárceles. Denuncia lo que él mismo ordena que se realice aquí».
La letrada, manifestó que «al igual que Hernán Cortés y otros, Garzón y Molina han ido como conquistadores, en este caso judiciales». «No podemos considerarlos más que presos políticos» Durante una sesión en el Parlamento federal, el portavoz del PRD, Jorge Martínez Ramos, señaló respecto a la situación de los seis ciudadanos vascos que «por la cantidad de violaciones que estamos viendo en sus derechos humanos, en términos jurídicos no podemos considerarlos más que como presos políticos». Martínez consideró que se hallan encarcelados «de manera injusta». - fuente: diario vasco GARA