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Eric Toussaint

ABOLIR LA DEUDA PARA LIBERAR EL DESARROLLO

Eric Toussaint - Arnaud Zacharie

Contribución del CADTM para el lanzamiento del debate sobre la "deuda" que constituye uno de los temas de la primera parte del 2do FSM titulada
"Producción de las riquezas y reproducción social" (Porto alegre 31 de enero-5 de febrero 2001)


La cuestión a la que hemos intentado responder podría ser resumida de la forma siguiente: cómo salir de una economía de endeudamiento para financiar un desarrollo sostenible y socialmente justo y garantizar la satisfacción de las necesidades humanas fundamentales?

El programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la UNICEF estiman que un gasto anual de 80 millardos de dólares (80 mil millones USD), durante un período de diez años permitiría garantizar a todo ser humano el acceso a la educación básica, a los cuidados de la salud básicos, a una alimentación adecuada, al agua potable y a la infraestructura sanitaria, así como para las mujeres el acceso a los cuidados ginecológicos y obstétricos.
Ochenta millardos de dólares, es cerca de tres veces menos que lo que el Tercer Mundo reembolsa por su deuda externa publica, es aproximadamente un cuarto del presupuesto militar de los Estados Unidos, 9% de los gastos militares mundiales, 8% de los gastos publicitarios anuales del mundo; la mitad de la fortuna de las cuatro personas más ricas del planeta.
Es imposible esperar que la lógica del mercado satisfaga esas necesidades esenciales. Los 1.300 millones de personas que no disponen de agua potable no disponen de un poder de compra suficiente para que los mercados se interesen por ellas.
Sólo las políticas públicas podrán garantizar a todos y a todas la satisfacción de las necesidades humanas fundamentales. Es por ello que es necesario que los poderes públicos dispongan de medios políticos y financieros para cumplir con sus deberes para con sus ciudadanos y ciudadanas.
Resulta conveniente, además, que estos últimos ejerzan plenamente su derecho a actuar como sujetos centrales de la vida política de los Estados. Para hacerlo, es necesario poner en marcha políticas económicas y mecanismos jurídicos eficaces en una dinámica democrática participativa. El ejemplo del presupuesto participativo de Porto Alegre, puesto en práctica desde los años 1990, debería ser extendido a escala internacional e inspirar políticas originales de democracia radical.
Obtener la aplicación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y del Pacto de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, requiere la acción de un poderoso movimiento social y ciudadano. Se trata en primer lugar de poner fin a la hemorragia de riquezas provocada por el reembolso de la deuda, y seguidamente se hace necesario encontrar otras fuentes de financiamiento para el desarrollo socialmente justo y ecológicamente sostenible. Finalmente resulta apropiado romper con la lógica que lleva al ciclo de endeudamiento, la sustracción fraudulenta y el pillaje masivo de las riquezas locales, provocadas por la dependencia de los mercados financieros y los préstamos condicionados por las instituciones financieras internacionales.

1. Romper la espiral infernal de la deuda

Los partidarios de la mundialización neoliberal, nos dicen que los países en desarrollo (incluyendo entre ellos a los de Europa del Este), deben reembolsar su deuda externa si desean beneficiarse con flujos constantes de financiamiento.
En realidad, desde la eclosión de la crisis de la deuda en 1982, los flujos netos de capital se dirigen desde los países en desarrollo hacia los países ricos, y no a la inversa como pretenden, sin fundamento, los dirigentes de las instituciones financieras internacionales.
Para realizar una estimación de los flujos reales, se trata de tener en cuenta el reembolso de la deuda externa; las salidas de capitales realizadas por los residentes de los países de la Periferia; la repatriación de los beneficios por las multinacionales (incluidas las transferencias invisibles principalmente vía los procedimientos de "sobre" o "sub" facturación); la adquisición, por los capitalistas de los países más industrializados, de empresas de la Periferia, a precios de saldo en el marco de las privatizaciones; compra a bajos precios de los bienes primarios producidos por los pueblos de la Periferia (degradación de los términos de intercambio); la huida de los "cerebros"; el pillaje genético ... Los donantes no son los que se cree. Es un abuso del lenguaje considerar como "donantes" a los países de la OCDE miembros del Comité de Ayuda al Desarrollo y las instituciones de Bretton Woods.
Desde 1982, el equivalente a varias decenas de planes Marshall (1), fue transferido por la población de los países en desarrollo a los acreedores del Norte (las elites capitalistas locales cobraron, de paso, sus comisiones).

En efecto, el reembolso de la deuda pública del Tercer Mundo (restando el pago de la deuda privada) representa en promedio un desembolso de aproximadamente 200 a 250 millardos de dólares anuales, lo que representa 2 a 3 veces la suma necesaria para la satisfacción de las necesidades humanas fundamentales definidas por las Naciones Unidas.
Hace falta respaldar a los movimientos sociales y ciudadanos que en el Tercer Mundo exigen a sus gobiernos que repudien la deuda externa pública y pongan fin a su reembolso.

2. Recursos suplementarios para financiar el desarrollo

Para que la anulación de una deuda sea útil para el desarrollo humano, es evidentemente necesario que las sumas destinadas hasta ese momento al pago de la deuda, sean depositadas en fondos de desarrollo, democráticamente controlados por la población local.
Pero una vez dado este paso en materia de anulación de la deuda, es indispensable sustituir la economía de endeudamiento internacional actual por un modelo de desarrollo socialmente justo y ecológicamente sostenible, independiente de las fluctuaciones de los mercados financieros y de los condicionamientos de los préstamos del FMI y del Banco Mundial.
Esos fondos de desarrollo, alimentados por los montos economizados gracias a la anulación de la deuda, debe ser reglado por las varias medidas que siguen :
2.1. Devolver a los ciudadanos y ciudadanas del Tercer Mundo lo que les ha sido sustraído.
Riquezas considerables acumuladas ilícitamente por gobiernos y capitalistas locales han sido colocadas en seguridad en los países más industrializados, con la complicidad de instituciones financieras privadas y la complacencia de los países del Norte (ese movimiento continúa actualmente).
La restitución de estas riquezas implica la apertura de procesos legales en los países del Tercer Mundo y en los países más industrializados. Esas investigaciones permitirán además no dejar en la impunidad a los corruptos y a los corruptores: es la única manera de esperar ver un día a la democracia y a la transparencia vencer a la corrupción. Se trata además de dar respaldo a las resoluciones tomadas en el encuentro internacional realizado en Dakar en diciembre de 2000 ("Hacia las alternativas") que exigen la reparación por el pillaje al que el Tercer Mundo ha sido sometido desde hace cinco siglos. Ello implica especialmente la restitución de los bienes económicos y culturales sustraídos a los continentes asiático, africano y sud-americano.
2.2. Establecer un impuesto a las transacciones financieras.
La plataforma internacional de ATTAC, sugiere una tasa del 0,1%, que reporta alrededor de 100 millardos de dólares anuales, que podrían ser utilizados en la lucha contra las desigualdades, para la educación, la salud pública, la seguridad alimentaria y el desarrollo durable.
2.3. Llevar la Ayuda Pública para el Desarrollo (APD) a por lo menos el 0,7% del PIB.
En 1999, la APD solo representaba el 0,24% del Producto Interno Bruto de los países más industrializados cuando se han comprometido, en varias ocasiones, en el marco de la ONU, a alcanzar el objetivo del 0,7%.
Con un promedio actual del 0,24%, la APD debe ser multiplicada por tres para alcanzar los compromisos tomados. Dado que la APD actual representa un poco menos de 50 millardos de dólares, multiplicándola por tres, se debería llegar a 150 millardos de dólares por año que deberían ser enteramente aplicados en forma de donaciones. Enfín, más que hablar de ayuda, convendría en adelante utilizar el término reparación. Se trata en efecto de reparar los daños causados por siglos de pillaje y de intercambio desigual.
2.4. Establecer un impuesto excepcional sobre el patrimonio de las grandes fortunas.
En su informe de 1995, la Conferencia de las Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo propone la imposición de un impuesto único ("one-shot") sobre el patrimonio de las grandes fortunas.
Este impuesto aplicado en todo el mundo permitirá movilizar fondos considerables. El impuesto excepcional (diferente de un impuesto recurrente sobre el patrimonio, tal como existe en algunos países del planeta) podría ser aplicado a escala nacional. Se trataría de un impuesto de solidaridad del orden del 10% sobre el patrimonio del decil de los más ricos de cada país que podría generar recursos internos considerables.

3. Una nueva lógica de desarrollo

A la lógica actual de desarrollo, que adoptan los países del Sur bajo las restricciones de programas de ajuste de tipo neoliberal impuestas por los acreedores, debe sustituirla una nueva lógica de desarrollo endógeno e integrado. Esta mutación pasa por la puesta en práctica de las medidas siguientes:
3.1. Poner fin a los planes de ajuste estructural: los planes de ajuste estructural (PAE), al imponer la liberalización total de las economías del Sur, tienen como consecuencia el debilitamiento de los Estados haciéndolos más dependientes de las fluctuaciones exteriores (evolución de los mercados mundiales, ataques especulativos, etc.) y de someterlos a los condicionamientos impuestos por el Banco Mundial/FMI y detrás de ellos, por los gobiernos de los países acreedores reagrupados en el Club de París.
La Comisión de los Derechos humanos de la ONU ha adoptado múltiples resoluciones sobre la problemática de la deuda y del ajuste estructural. En una resolución adoptada en 1999, la Comisión afirma que "el ejercicio de los derechos fundamentales de los países endeudados a la alimentación, a la vivienda, a la vestimenta, al trabajo, a la educación, a los servicios de salud y a un medio ambiente sano, no pueden estar subordinados a la aplicación de políticas de ajuste estructural y a reformas económicas generadas por la deuda" (1999, Art. 5).
El balance humano de las políticas de ajuste estructural es indiscutiblemente negativo. Deben ser, en consecuencia, suprimidas, y reemplazadas por políticas a favor de la satisfacción de las necesidades humanas fundamentales dando la prioridad al mercado interno, a la seguridad alimenticia y buscando las complementariedades regionales o continentales.
3.2 Asegurar la vuelta al dominio público de los sectores estratégicos que fueron privatizados.
Las reservas y la distribución de agua, la producción y la distribución eléctrica, las telecomunicación, el correo, los ferrocarriles, las empresas de extracción y de transformaciones de bienes primarios, el sistema de crédito, ciertos sectores de la educación y de la salud... han sido sistemáticamente privatizados o están en camino de serlo. Conviene asegurar la vuelta de estas empresas al dominio público.
3.3. Adoptar modelos de desarrollo parcialmente autocentrados.
Ese tipo de desarrollo supone la creación de zonas política y económicamente integradas, el nacimiento de modelos de desarrollo endógenos, un refuerzo de los mercados interiores, la creación de un ahorro local para el autofinanciamiento, el desarrollo de la educación y de la salud, la puesta en pie de un impuesto progresivo y de mecanismos de redistribución de las riquezas, una diversificación de las exportaciones, una reforma agraria que garantice el acceso universal a la tierra a los campesinos, una reforma urbana que garantice un acceso universal a la vivienda, etc.
La estructura mundial actual, cuya lógica impone a la Periferia el aporte de materia prima y de mano de obra barata a un Centro detentor del capital y de la tecnología, hay que sustituirla por reagrupamientos económicos regionales. Solo un tal desarrollo parcialmente autocentrado, permitirá que emerjan relaciones Sur-Sur, condición sine qua non para el desarrollo económico del Tercer Mundo y, por extensión, del mundo.
3.4. Actuar sobre el comercio.
Es necesario poner fin a la tendencia histórica del deterioro de los términos de intercambio. Para ello, deben establecerse mecanismos que garanticen una mejor remuneración de la canasta de productos exportados por los países en desarrollo.
En relación con la agricultura, tal como lo reivindica Vía Campesina, es conveniente reconocer el derecho de cada país (o grupo de países) a la soberanía alimentaria y especialmente a la autosuficiencia en los productos de base. Las reglas del comercio mundial deben además ser subordinadas a criterios medioambientales, sociales y culturales estrictos. La salud, la educación, el agua y la cultura deben eliminarse del campo del comercio internacional. Los servicios públicos de interés general son la garantía de los derechos fundamentales y deben por lo tanto ser excluidos del Acuerdo General sobre el Comercio y los Servicios (AGCS). Resulta conveniente además abolir los acuerdos sobre los aspectos del derecho de propiedad intelectual relativos al comercio (ADPIC) que permiten una apropiación por el Norte de las riquezas naturales del Sur y que impiden a los países del Sur producir libremente bienes (medicamentos, por ejemplo) para la satisfacción de las necesidades de sus pueblos.

4. Una nueva disciplina financiera

Las repetidas crisis financieras de los años 90 probaron por el absurdo que ningún desarrollo durable puede ser logrado sin un control estricto de los movimientos de capitales y de la evasión fiscal. Varias medidas son entonces necesarias para someter a los mercados financieros a la satisfacción de las necesidades humanas fundamentales.
4.1. Volver a reglamentar los mercados financieros.
4.2. Controlar los movimientos de capitales.

4.3. Suprimir los paraísos fiscales y levantar el secreto bancario para luchar eficazmente contra la evasión fiscal, la desviación de fondos públicos y la corrupción.
4.4. Adoptar reglas que aseguren la protección de los países que recurren al endeudamiento exterior: el endeudamiento exterior puede justificarse si los países interesados lo deciden democráticamente. Pero es necesario organizar el uso de la deuda según principios radicalmente diferentes a los que han prevalecido hasta ahora.
Dos nuevos principios deben ser respetados. Primero, el de una condición "a la inversa": la carga del reembolso y del interés de esos prestamos pactados a tasas de interés bajas e inferiores a las del mercado no será asegurada sino cuando sea probado que esa deuda ha permitido efectivamente la creación de riqueza suficiente en los países deudores.
Segundo, una protección fuerte y eficaz de los países deudores deberá ser organizada en favor de los países en desarrollo a escala internacional, de tal suerte que esos países puedan defenderse contra toda forma de abuso y de expoliación por los bancos, los inversores privados internacionales y las instituciones financieras internacionales.
4.5. Control democrático de la política de endeudamiento.
La decisión de los estados de contratar préstamos y los términos en los que éstos son suscritos deben ser sometidos a la aprobación popular (debate y voto en el parlamento, control ciudadano).

5. Medidas complementarias indispensables

La anulación de la deuda externa pública del tercer mundo, el abandono de las políticas de ajuste estructural y las demás medidas propuestas más arriba constituyen las condiciones necesarias pero son en sí mismas insuficientes para garantizar un auténtico desarrollo de los pueblos de la periferia. Para ello, son indispensables medidas complementarias comenzando por la igualdad hombre/mujer y el derecho de los pueblos indígenas a la autodeterminación.
 
Nota pie de pg n1: El Plan Marshall quería favorecer la reconstrucción de la Europa devastada durante la Segunda Guerra Mundial. Teniendo en cuenta que son necesarios 6,28 dólares de 2001 para obtener el equivalente a un dólar de 1948, el coste del Plan Marshall (12,5 millardos en 1948) representaría 78,5 millardos de dólares en 2001. Si se tiene en consideración el conjunto de los desembolsos efectuados por el Tercer Mundo en 1999 (deuda publica + deuda privada), 328 millardos de dólares (Banco Mundial, GDF, 2000), éste ha enviado este año a sus acreedores de los países más industrializados el equivalente de 4 planes Marshall. En el mismo orden de ideas, desde 1980, son 43 planes Marshall (más de 3450 millardos de dólares) lo que los pueblos del Tercer Mundo han enviado a los acreedores del Centro.