Miedos masivos de comunicación en Uruguay

Marcelo Pereira
Brecha

En todas partes, las relaciones entre periodistas y políticos son en parte cooperación y en parte conflicto. Esperar total armonía entre unos y otros es pura ilusión, aunque cada uno ejerciere su oficio con la mejor voluntad y la mayor virtud imaginables, pero la guerra sin cuartel es inviable entre quienes se necesitan mutuamente.
En Uruguay, esas relaciones se desarrollan en un contexto poco favorable a la labor periodística, aunque haya quienes opinan, como el vicepresidente Luis Hierro, que la libertad de prensa es incluso "excesiva" (según dijo el miércoles 15, entrevistado por Jorge Traverso en radio Independencia).

Alianzas
Empezando por las condiciones materiales más básicas, los medios de comunicación dependen mucho del Estado, y dependen especialmente mal, porque cuando los organismos estatales autorizan el funcionamiento de emisoras de radio o de televisión, abiertas o para abonados, igual que cuando realizan publicidad, otorgan beneficios tributarios, conceden préstamos o refinancian el pago de los mismos, es frecuente que no lo hagan a partir de políticas de Estado, sino en función de los intereses de las coaliciones o partidos gobernantes, o de fracciones y aun individuos que los integran.
Fue bastante obvio, por ejemplo, aunque la justicia tarde y quizá no llegue, que la escandalosa distribución de publicidad de Antel durante el segundo gobierno de Julio María Sanguinetti buscó, en gran medida, preparar el terreno para la fallida postulación de Ricardo Lombardo, en 1999, a la candidatura presidencial colorada.
Una especie de contrapartida que agrava el cuadro general es que sucesivos gobiernos nacionales, comprometidos con políticas impopulares y asediados por el crecimiento sostenido de la oposición de izquierda, han sentido una acuciante necesidad de que los grandes medios de comunicación se subordinen a sus intereses, y se han esforzado especialmente por lograrlo. Incluso en forma ridícula, como cuando Sanguinetti o Jorge Batlle creyeron que podrían manejar según les convenía las relaciones con potencias como la CNN o Bloomberg tv, respectivamente.
En ese sentido se han destacado especialmente los gobiernos de Sanguinetti, primero con Walter Nessi y luego con Mario Zanocchi (ambos directores de la Secretaría de Prensa y Difusión, Sepredi) como oficiantes de la presión, contra la que llegó a protestar expresamente en diciembre de 1997, por ejemplo, la Asociación de la Prensa Uruguaya.
Cabe recordar, con muchos paréntesis, que en aquel momento las autoridades de Canal 4 habían decidido suspender por cuatro días al periodista Guillermo Lussich (a quien nadie podría considerar un activista de izquierda), tras una queja telefónica de Zanocchi (de las que él mismo definió como esfuerzos "para que la actividad del Poder Ejecutivo tenga una adecuada cobertura"), por el pecado de haber presentado en el informativo de ese canal, tras unas afirmaciones del gobierno, la opinión contraria sobre el mismo asunto de un industrial (pocos días después, el mismo Zanocchi dejó calientes el tubo de su teléfono y a más de un colega con llamadas para que se acotara la difusión de un reclamo de verdad sobre los desaparecidos lanzado por el presidente del Comité Central Israelita, Pedro Sclofsky).
Unos cuatro años y medio antes, a fines de mayo de 1993 y durante el gobierno de Luis Alberto Lacalle, las mismas autoridades de Canal 4 habían decapitado al exitoso conductor de su informativo, Jorge Arellano, por facilitar al diputado Rafael Sanseviero una filmación que mostraba la represión policial a trabajadores de la Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado (COFE).
Es preciso señalar que el cese de Arellano, al igual que otras medidas muy poco liberales de los mismos dueños de medios de comunicación que claman por su libertad irrestricta, se decidió sin que mediaran presiones expresas desde el gobierno de turno.
También fue por iniciativa propia la negativa de los canales privados, en los días previos al referendo de abril de 1989, a emitir una pieza publicitaria en la que Sara Méndez pedía a los ciudadanos que anularan la ley de impunidad para ayudarla a encontrar a su hijo desaparecido. Favor con favor se paga.
Hechos y derechos
Del mismo modo en que los dueños de los grandes medios, por afinidad ideológica y por aquello de "hacete amigo del juez", han tendido al oficialismo incluso sin que los presionen, el círculo de los condicionamientos se cierra cuando los periodistas tienden a reproducir la ideología y las opiniones predominantes en el microclima del medio en que trabajan, e imprimen un sesgo a su labor sin necesidad de que patrones o mandos medios les ordenen hacerlo. Esa conducta existe de derecha a izquierda (incluyendo a BRECHA*) y se debe en gran medida a la escasez de debates sobre el oficio entre colegas de distintos medios.
Un caso pintoresco de funcionario más papista que el papa fue el de Víctor Björgan Barrios, apartado de la dirección de Canal 5 por Lacalle en marzo de 1994, por decidir que no se emitiera una entrevista en la que Federico Fasano criticaba la política del presidente en relación con la televisión por cable.
Tan digna actitud de Lacalle no debe hacer olvidar en qué consistía la política -mucho menos digna- criticada por Fasano: a saber, la repartija de cotos entre correligionarios y amigos, de la que se arrepintió públicamente el propio ex presidente, en mayo de este año, al comentar que la secuencia fue "Luis Alberto, dame una radio en Calamuchita", y luego "Luis Alberto, necesito los avisos de los entes autónomos para mantener la radio en Calamuchita" (Búsqueda, 27-V-04).
Y es justo decir que Lacalle habló de los errores en la materia de "los últimos gobiernos", y no sólo del suyo, porque Sanguinetti también repartió radios a derecha y siniestra, sin ir más lejos, cuando estaba por terminar su segundo mandato, y uno de los favorecidos fue el imparcialísimo Neber Araújo. Además de prohibir Sanguinetti, en forma ridícula pero eficaz, que se sintonizara en Uruguay otra señal de televisión vía satélite que la que pudieran ofrecer los dueños de los canales 4, 10 y 12.
Poca suerte había tenido en Canal 5 Carlos Maggi, durante el primer gobierno de Sanguinetti, cuando quiso desarrollar una oferta competitiva y no se le permitió hacerlo para proteger a los canales privados. Favor con favor se paga.
Tampoco fue afortunado, durante el actual gobierno, Juan Carlos Doyenart, en su intento bastante desprolijo de mejorar el canal oficial. Y no está de más destacar que Batlle estuvo a punto de designar a Gerardo Bleier como sustituto de Doyenart, pero debió optar por Ramiro Rodríguez Villamil, porque Sanguinetti vetó a Bleier.
Alborotos últimos pueden crear, pese a los antecedentes enumerados y a otros que quedaron en el tintero, la impresión de que en este país nadie había soñado con controlar los contenidos de los medios de comunicación, hasta que el Frente Amplio pensó en crear un Ministerio de Comunicaciones. Pero hay que decir que ese control no sólo se ha ejercido de hecho, sino que también se debería ejercer en cumplimiento de normas vigentes, que nadie hace cumplir. Por mencionar sólo dos, la que establece el horario de protección al menor y la que acota la duración de las tandas.
No hay por qué esperar que el probable triunfo de la izquierda en las elecciones de este año reconcilie plenamente a la política con el periodismo, ya que los conflictos de intereses han sido evidentes, como podía esperarse, en los últimos 15 años de relaciones entre el gobierno departamental de Montevideo (que, como cualquier gobierno y cualquier político, desea muchas noticias que levanten su imagen y ninguna que pueda erosionarla) y los medios de comunicación (que tienen o deberían tener otras prioridades). Lo que sí será exigible, porque la izquierda es izquierda y porque además lo promete, es un escenario más transparente y diverso, con mayores garantías para todas las partes, pero especialmente para las más débiles, empezando por el ciudadano común.

* N de la D: Salvo que en BRECHA el periodista puede expresarlo.