La Jiribilla
11/01/04

Una agrupación de bibliotecas y sitios Web tienen nueve días de audiencias en un tribunal de Filadelfia para exponer sus quejas contra la aplicación de una ley, aprobada por el Congreso en diciembre de 2000, que obliga a escuelas y bibliotecas con acceso a Internet a utilizar filtros para proteger a los menores.

Argumentan que la Children's Internet Protection Act cambia la naturaleza de las bibliotecas, que de sitios ideados para ofrecer información pasan a ser lugares donde inconstitucionalmente se restringe. La CIAP deniega financiación pública y descuentos en la adquisición de tecnología (que se conceden a través del programa e- Rate) a los colegios y bibliotecas públicas que no instalen en sus equipos medidas de protección tecnológica, es decir, filtros que impidan el acceso a contenidos que se consideran perjudiciales para los menores.

Lo curioso es que entre los demandantes, además de la American Library Association y la American Civil Liberties Union, se encuentra el congresista republicano Jeffrey L. Pollock, quien impulsó la ley hasta que se dio cuenta que uno de los más populares programas de filtrado de contenidos —que funcionan con listas negras de URLs y búsquedas de palabras clave censuradas— bloqueaba el acceso al sitio Web de su campaña electoral. Para Pollock, se trata de un caso de buenas intenciones que conduce a malos resultados.

La American Civil Liberties Union afirma que la ley limita la libertad de expresión, mientras que otros critican la utilidad de los filtros, que dejan pasar material censurable mientras que bloquean otros sin motivo.

Los defensores de la CIAP alegan que esta permite a las comunidades locales decidir que tecnología quieren utilizar y qué contenidos quieren filtrar «para que las mentes de los niños no sean contaminadas».

De echarse abajo esta Ley, sería la tercera ocasión que la justicia censura las intenciones del Congreso de hacer lo propio con los contenidos de Internet para proteger a la infancia. La Communications Decency Act de 1996 fue declarada inconstitucional por el Tribunal Supremo porque iba en contra de la libertad de expresión protegida por la Primera Enmienda, mientras que la Children's Online Protection Act también ha recibido varapalos de los tribunales, aunque está pendiente la decisión del Supremo.