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Alerta Salta

Taller de contrainformación / despacho Nº 2

La mesa de los procesados

–¿Usted es la maestra que hace lío? –preguntó, jocosa, la abogada Mara Puntano.
– Sí. ¿Y usted es la abogada de estos revoltosos? –se río la maestra Marina Schifrin, la primera argentina condenada por cortar una ruta, mientras señalaba a los hermanos Hippie y Pepino Fernández, miembros de la Unión de Trabajadores Desocupados (UTD) de Mosconi y dos de los 600 procesados por ejercer su derecho a la protesta en la provincia de Salta.
La docente había viajado 18 horas desde Bariloche, Río Negro; los otros tres, 27 horas desde General Mosconi, Salta, para participar de la Semana contra la Criminalización de la Protesta que organizó el colectivo Alerta Salta, en Buenos Aires. Los cuatro se reunieron por primera vez el sábado al mediodía en un bar de Monserrat en lo que podría haberse denominado "La mesa de los procesados". Porque, como si fuera poco, se sumó María José Castells, la estudiante de Ciencias Económicas que tiene una causa en la justicia por haber ido a conocer in situ la actividad la UTD. Son apenas un puñado de los más de 3.000 encausados por pedir trabajo, salud y educación en la República Argentina de la última década. Pero no son casos cualquiera.
 Schifrin cortó la ruta en 1997 –apenas un año después de la pueblada de Cutral-Có y cuando los piquetes todavía no habían llegado al Conurbano– para reclamar por el reintegro de un descuento salarial. Fue denunciada por la Cámara de Turismo y resultó condenada a tres meses de prisión en suspenso y a dos años de inhibición de participar en cualquier manifestación pública tanto en primera como en segunda instancia. Su caso es el primero de este tipo en la Corte Suprema de Justicia y puede transformarse en un leading case. De cómo falle el Tribunal dependerá en buena medida la suerte del resto de los procesados.
 Pepino Fernández es el récordman argentino de los procesados, con 76 causas sobre sus espaldas. "No hay artículo del Código Penal que no me hayan querido endilgar", señaló con más humor que fastidio. Estuvo casi dos meses preso y salió en libertad bajo caución. El juez pretendía que pague 10.000 pesos en concepto de fianza. "Una burla para un desocupado", subrayó Puntano que logró cambiar ese monto por el compromiso del ex trabajador de YPF de presentarse todos los meses en el juzgado para estampar su firma. "En realidad paso por lo menos tres días por semanas en juzgados y comisarías. Declarando o tocando el pianito", describió el miembro UTD. El acoso judicial se convirtió en una verdadera condena: cuánto más tiempo tenga que pasar por tribunales, menos tiempo le queda para el trabajo social.
Un teléfono celular interrumpe las presentaciones de rigor. Una radio quiere hacerle una nota a Puntano, defensora de 600 desocupados salteños, entre ellos Pepino Fernández y su hermano. "Yo ya perdí la cuenta de cuántas causas tengo", aclaró Hippie. Hay una tercera Fernández procesada: Eva, hermana de los otros dos y acusada –aunque no haya ninguna evidencia que lo compruebe- de instigar el incendio de las oficinas de Tecpetrol. "Esta gente no sale a la ruta a cometer un delito, sino a exigir al gobierno que los escuche –declaró Puntano a la radio-. Exige que se cumpla su derecho constitucional a un trabajo digno. Por eso pedimos que se apruebe una ley de amnistía para todos los procesados por la lucha social y la reforma del Código Penal, para que no se pueda criminalizar más la protesta".
Mientras Puntano concedía la entrevista, los demás seguían hablando:
–¿Vos pudiste seguir trabajando a pesar de la condena? –preguntó Pepino a Schifrin, que contaba lo que le costó conseguir la licencia gremial para participar de estas jornadas.
–Sí. Vamos a ver qué pasa después de que el fallo esté firme –contestó la maestra.
–Allá, tenemos una maestra, Titi Guerrero, que cuando la procesaron por un corte de ruta, enseguida la sumariaron y no la dejaron dar más clase. En Salta están procesados hasta los gendarmes que no tienen trabajo, dicen que son los maestros de los piqueteros –remató el hombre de la UTD.
La situación en la Patagonia no es mejor. El 9 de junio –comentó Schifrin- comenzará el juicio oral y público a otros cuatro docentes por un corte de ruta en el puente que une a las ciudades de Neuquén y Cipoletti. También se trataba de un reclamo salarial. "Yo vengo con la idea de formar un comité de solidaridad a nivel nacional con los procesados por la protesta social –dijo la maestra-. Tendría la misión de generar una base de datos en internet con todas las causas y de darle difusión al tema. El gobierno dijo que no quería judicializar la protesta y también habló en un momento de la amnistía. Hay que presionarlo para que lo cumpla. Pero este comité tendría que estar formado por los procesados, no por sus abogados. Porque se trata más de una cuestión política que legal",
Terminado el almuerzo, los cuatro marcharon a la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Buenos Aires, en Parque Centenario, para participar de uno de los talleres del Foro de Economía Social y Solidaria. Allí los esperaban varias decenas de personas interesadas en escuchar sus casos. Mara Puntano abrió el encuentro dándole un contexto a lo que sucede en Salta. Recordó que en la zona petrolífera de la provincia, el 80 por ciento de la población quedó desocupada cuando se privatizó YPF y que los despedidos de entonces, llevan doce años reclamando que se les pague lo que les corresponde por el Programa de Propiedad Participada. "Hay una ley y una sentencia judicial que reconoce esa deuda, pero todavía nadie vio ni un peso", remarcó y agregó: "Como son desocupados, no tienen un sindicato que los defienda, están excluidos de la sociedad, no tienen medios para ser escuchados y están cansados de elevar notas al gobierno nacional, al provincial, a los diputados y senadores. En esa zona sería muy fácil dedicarse al contrabando o al tráfico de drogas, pero ellos prefieren cortar rutas para exigir trabajo digno. Ni siquiera quieren planes o bolsones, solo trabajo. La ruta es el único escenario que les queda. No puede ser que tengan que pagar 45 pesos una garrafa de gas mientras están parados sobre oro negro: es la segunda zona productora de petróleo del país."
A Hippie Fernández le tocó explicar cómo se hace para subsistir doce años sin trabajar. "Nosotros siempre decimos que detrás de la protesta viene la propuesta. Y como el trabajo, la educación, la salud no son temas que ocupen a nuestros ministros, intendentes, o diputados; en la UTD asumimos esos roles para que nuestros hijos tengan un futuro."
Cómo si fuera uno de esos vendedores del subterráneo que por el mismo precio ofrecen múltiples productos, Hippie comenzó a desplegar carpetas y planos para mostrar la cantidad de proyectos autogestionados que realizó la UTD: aulas, huertas, las de primeros auxilios, viveros. DE pronto, sacó una hoja llena de sellos y dijo con bronca: "Acá están todas las firmas de las instituciones que nos manifestaron sus apoyos. Para muchos somos vagos, una lacra, o simples piqueteros, pero les dimos a la comunidad lo que no le dieron los políticos". En General Mosconi, la UTD se convirtió en una especie de municipalidad paralela: los habitantes les piden a los piqueteros lo que la burocracia estatal les niega.
Hippie empezó a hablar de los problemas de salud de los habitantes de Mosconi. Del elevado número de muertes por cáncer, de las enfermedades renales y de la diabetes, padecida por el 60 por ciento de la población. "Las empresas no sólo nos saquean, sino que también nos contaminan", acusó. De pronto, desplegó un plano enorme con un proyecto para proveer de agua pura a la región. Lo hicieron los miembros de la UTD que tienen conocimientos técnicos por sus trabajos en geología mientras existía Y PF junto a estudiantes universitarios que no encuentran salida laboral. "Cuesta 475.000 pesos", aseguró Hippie y agregó: "No es nada si se compara con que el gobierno concedió una obra a la empresa Gualtieri por 28 millones y sólo removió el suelo, es un robo".
El miembro de la UTD seguía mostrando carpetas con proyectos: un basurero ecológico, un horno de ladrillos para las comunidades aborígenes, una universidad y un emprendimiento de 400 hectáreas donde se siembran porotos, maíz, mandioca, soja. Pepino tomó la posta y acotó: "Toda la producción es orgánica, porque genera más fuentes de trabajo. Y se hace todo a pulmón, con un tractor de 1956, con caballos prestados.
El auditorio escuchaba anonadado, en silencio. Algunos preguntaban por qué no llegan estas noticias a Buenos Aires, otros por qué los movimientos sociales no unifican sus reclamos. Schifrin, entonces, dijo: "No llega la información a la Capital porque no hay un federalismo real y también por los propios intereses de los medios. En el interior, por ejemplo, está lleno de maestros procesados por querer construir un país mejor. Pero también tenemos que hacernos cargo que en el campo popular hay una gran fragmentación: muchos primero te hacen un análisis de sangre y de saliva y después ven si te ayudan. Mientras tanto se mueren compañeros".
El tema de la muerte se instaló en la charla. La UTD tiene cinco militantes asesinados sin que haya prosperado ninguna investigación judicial al respecto. Entre ellos, el asesinato de Aníbal Verón, el nombre que le dio nombre a más de una organización piquetera. "Lo mataron porque le debían nueve meses de sueldo", recordó Pepino "Nosotros queremos salvar vidas, pero dicen que somos delincuentes. Nosotros tenemos causas por cortar una ruta para reclamar que arreglen tres puentes donde murieron más de cuarenta personas. Cuando lo arreglaron, no se murió nadie más. Así que salvamos vidas"..
El taller terminó, pero los procesados no paraban de contestar preguntas en los pasillos de la facultad. Tardaron una eternidad en llegar al bar de la planta baja para tomar el café que se debían del almuerzo. Y seguían contestando preguntas: "¿Cómo se hace para defender a 600 procesados?", le preguntaron a Mara Puntano. "Con ganas", contestó y completó: "Hay un montón de comisiones de derechos humanos, en sindicatos, facultades que tienen fondos y no hacen nada o destinan todo a defender a una sola persona. En Salta, los desocupados tienen que juntar plata para pagarse los estampillados de los trámites".
A Hippie Fernández le preguntaron por la crisis energética y también se despachó: "Lo de la crisis del gas es un verso. En la Argentina, el metro cúbico de salida de pozo cuesta 45 centavos de dólar. Pero las empresas no exploran acá para que el país le compre a Bolivia, donde las mismas empresas venden el gas a 1,38". A su lado, su hermano daba cuenta de las paradojas de su infierno grande: "Ahora los mismos empleados judiciales que nos toman declaración a nosotros quieren que la UTD los apoye en las movilizaciones por aumento salarial":
Los preguntones seguían haciendo cola, querían conocer la historia de voz de sus protagonistas. Tienen tiempo hasta el viernes a las 11, cuando la última actividad de la Semana contra la Criminalización de la Protesta se haga en las escalinatas de Tribunales".
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Y se largó: protestar no es delito
Con la presencia de hombres de la Unión de Trabajadores Desocupados (UTD) de General Mosconi (provincia de Salta) y de una docente de Bariloche, todos perseguidos judicialmente por hechos vinculados a reclamos sociales, arrancó la Semana de Contra la Criminalización de la Protesta Social que llevará actos, charlas y exposiciones por diversos lugares de la Ciudad de Buenos Aires.
Al lema "la protesta social no es delito", se le agregaron reivindicaciones de la propiedad pública de recursos naturales estratégicos. Es que el punto de partida fue una charla titulada "Recursos Naturales: concentración vs. Autogestión", donde estuvieron presentes José "Pepino" Fernández (con 76 causas en su contra) y Juan Carlos "Hippie" Fernández, ambos de la agrupación salteña, y también Marina Schifrin, maestra condenada a tres meses de prisión en suspenso por cortar una ruta hace siete años, en defensa de la escuela pública.
La actividad comenzó pasadas las 15 y se extendió más allá de las 17:30. Quien abrió el intercambio fue Mara Puntano, la abogada de más de 600 manifestantes del noroeste argentino perseguidos por la Justicia. Ella misma tiene dos denuncias en el tribunal de ética del Colegio de Abogados, que amenazan con dejarla sin matrícula.
"Un minuto que dejemos solo a un compañero que esté preso puede significar la muerte, y la muerte de un compañero es la muerte de un movimiento; hay que defenderlos con uñas y dientes", sostuvo ante las aproximadamente 30 personas que se reunieron en el aula 202 de la sede de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires (UBA). Allí se estaba desarrollando el Foro Temático sobre Economía Solidaria del Foro Social Mundial, y la movida contra la criminalización tuvo su espacio.
En un lugar donde, se dijo, el 82 por ciento de la población quedó sin trabajo tras la privatización de YPF y donde no se han pagado las indemnizaciones correspondientes, Puntano explicó que la gente de la UTD no corta las rutas "para provocar", sino por "un estado de necesidad". Ocurre que se agotaron todas las vías legales de protesta, y para que los vean, salieron a interrumpir caminos.
Enseguida, sin embargo, "Hippie" Fernández aclaró: "Protesta, pero con propuesta atrás". Y a partir de ese momento, en la reunión, al pedido de fondo de no tratar como delincuentes a quienes salen exigir derechos básicos, se le sumó un desfile extenso de láminas y carpetas con proyectos productivos y de tratamiento del agua y el petróleo, y hasta de desarrollo aborigen, elaborados por la UTD.
En Mosconi, los integrantes de la UTD ha excedido el mote de "piqueteros". "Son un municipio paralelo", graficó "la doctora", como llaman a Puntano sus defendidos. Según cuentan, los habitantes recurren a ellos para buscar soluciones a sus problemas cotidianos. Y por eso están en constante elaboración de propuestas, que por ahora sólo reciben denuncias del aparato estatal –encabezado por el gobernador Juan Carlos Romero- como respuesta. "Nos hemos convertido en ministros de salud, educación y trabajo", dice en ese tono salteño que parece que se frena, pero que vuelve a empezar bien ligero.
Cada proyecto, dicen, es una pequeña "recuperación de Estado". "Nosotros no lo vamos a ver quizás, pero quizás los chicos sí", especulan.
Pero "Pepino" Fernández, quien el año pasado a esta altura estaba detenido por "conductas reiteradas", resalta el valor de la lucha: "Cada causa que me han abierto, es una obra que se ha hecho". Así sintetizó cómo las manifestaciones que generaron una causa en su contra alcanzaron su objetivo de mejorar las condiciones de vida.
De todos modos, "la vida con 76 causas ya es una condena", interfirió en un momento Claudia Acuña, integrante del colectivo Alerta Salta, que promovió esta serie de encuentros en la Capital Federal. La idea es traer el tema a discusión. "Los medios de comunicación cortan la ruta de la información", ironizó al pasar.
La disertación –entrelazada con aportes de los presentes- derivó hacia la cuestión ambiental. Mosconi tiene una población de 15 mil habitantes. "No puede ser que en mi barrio –resumió "Hippie"- donde hay 70 familias, haya cuatro personas sin piernas y 15 o 20 con pancreatitis".
Se estaba refiriendo a la tarea de las petroleras que usufructúan el lugar, el segundo productor de gas del país, y que no se fijan en cuestiones ambientales. "No reinyectan las aguas residuales, las tiran por la quebrada", ejemplificó "Pepino" que en su hablar cerrado dejaba escapar la sabiduría de años de trabajo en firmas hidrocarburíferas. Ciudades canadienses y estadounidenses, compañías extranjeras, productos químicos y datos precisos, todas palabras que salían a gran velocidad en su argumentación, mientras frotaba sus manos ajadas y, de ratos, miraba al piso.
En eso, tomó la palabra Schifrin, que –es cierto- participó menos que el resto. Ella, cuyo caso aguarda una resolución en la Corte Suprema -que podría ser precedente de 3.000 casos similares en todo el país-, parecía serena. "Si la Corte renovada dice que mi condena está bien, sabremos de qué lado está la justicia argentina", manifestó. Luego, exhortó a los movimientos populares a no fracturarse cuando se trata de salvar a luchadores de la persecución estatal. Y recordó la situación de los 1.500 procesados de Neuquén, cuna de los cutralcazos.
El diálogo se aceitó. Alguien entre los concurrentes hizo notar cuántas veces se habló de muerte, de muerte no natural. Se trataba del testimonio de mujeres y hombres excluidos que se proponen el cambio, pero se habló mucho de muerte. Ese llamado de atención fue uno de los principales resultados de esta, la primera charla de la semana, que terminará el viernes con un grito fuerte frente a los Tribunales.
"Ellos son los nuevos paradigmas"
Todavía no había concluido el taller organizado por Alerta Salta en el marco del Foro Temático de la Economía Social y Solidaria cuando se dio inicio a uno de los paneles, en un aula central. Eran poco más de las 17 cuando la coordinadora Norma Fernández anunció que se trataba de reflexionar sobre Nuevos Paradigmas Culturales basados en la Solidaridad y la Cooperación, con Adhemar Bianchi, del Grupo Catalinas; el decano de la Facultad de Ciencias Sociales, Federico Schuster y Claudia Acuña, de lavaca.org. Fue la primera en hablar, para decir lo siguiente:
"Estamos en la sede de la Carrera de Comunicación Social. Quisiera, entonces, comenzar con una pregunta ¿cuántos alumnos de la carrera hay presentes en esta charla?"
La respuesta fue contundente: ninguno.
"Nadie, entonces. Ni siquiera los que están cursando un taller de redacción periodística, de esos en los que los profesores pueden pedir un trabajo práctico, haciéndolos escribir sobre esas realidades que no publican los medios comerciales. Tomemos este dato como una síntesis del estado de las cosas. Y apuntemos la responsabilidad que tenemos los docentes para que sigan así".
"Pertenezco a un colectivo periodístico que tiene una página web y un consultorio, que es la palabra que usamos para dar cuenta de un nuestro trabajo junto a organizaciones sociales, para que desarrollen sus propios medios de comunicación. Este colectivo de trabajo que es lavaca.org decidió que en lugar de perder el tiempo en mesas redondas para lamentarnos del estado de las cosas, íbamos a intentar cambiarlas. Creemos que sobran diagnósticos y faltan hechos. Y para que ni siquiera esta frase quede en palabras y porque el título de este panel refiere a un cambio, decidimos ponerlo en práctica. Queremos que el espacio que nos han dado en este Foro lo ocupe Marina Schifrin, una docente de Bariloche que hace siete años cortó la ruta en defensa de la escuela pública y fue condenada por eso a tres meses de prisión. En estos días, la Corte Suprema deberá decidir si esa sentencia es justa o no. Invitamos entonces a Marina a que ocupe este lugar para que cuente su lucha. Porque para nosotros los medios son solo eso: medios. Y porque creemos también que es una manera de reparar uno de los errores en la organización de este Foro. Ellos son los nuevos paradigmas y los que deben hablar".
Al estrado subió entonces Marina, quién relató la crítica situación de la educación pública en su provincia, Río Negro, repasó su situación judicial y contó lo que minutos antes había escuchado por boca de Pepino y Hippie Fernández, de la UTD de Mosconi, logrando en esa sencilla ceremonia que la información acerca de las luchas de unos y otros comenzara a circular. Invitó a todos los presentes a la acción pública que harán el próximo viernes 11, a las 11 de la mañana, en las escalinatas de Tribunales para reclamar a la justicia que sea justa y comentó una charla telefónica que mantuvo con un periodista: "de una radio que yo no conozco, pero me dijo que se llama La Red", aclaró. Dijo Marina: "Me preguntó si ese día del corte yo había ido con la cara tapada. Imagínense: tenía que pensar en tres segundos una respuesta que intentara desactivar toda una campaña acerca de los piqueteros duros y blandos, buenos y malos, tapados y destapados. Ni siquiera eso nos dan: tiempo para defendernos. Lo único que se me ocurrió decir es que si ese día yo me hubiese tapado la cara, hoy no tendría una condena de prisión como la que tengo. Así que entiendo perfectamente por qué se tapan: porque el que lucha, reclama trabajo, defiende sus derechos, en este país va preso".