Argentina: La lucha continúa
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Los abajo firmantes venimos a denunciar la situación de inseguridad e indefensión
jurídica que se vive en la Argentina, a partir de hechos públicos y evidentes
que apuntan a una mutilación del pleno ejercicio de la democracia: en este momento
hay 32 mujeres y hombres presos por defender sus derechos.
Se ha cruzado un umbral a partir del cual las autoridades burlan garantías jurídicas
de l@s ciudadan@s, ignoran derechos constitucionales, para disciplinar y amenazar
con la cárcel a una sociedad que sigue sumergida en su más profunda crisis histórica.
Esta justicia no tiene vendas sobre los ojos, ni balanzas.
Es un instrumento eficaz y coherente, que:
Encarcela a quienes hacen uso de su derecho a manifestar libremente, utilizando
policía disfrazada de civil o provocadores pertenecientes a los servicios de
inteligencia estatales.
Acusa a los manifestantes sin más prueba que el testimonio de los propios agentes
policiales encargados de su detención.
Fuerza figuras jurídicas para adjudicarle a las detenidas y detenidos delitos
no excarcelables.
Obliga a las personas así castigadas sufren otra condena cotidiana, al permanecer
encarceladas en condiciones deplorables.
Utiliza el poder estatal para perseguir a referentes de los grupos que reclaman,
con el evidente propósito de descabezar esos conflictos, y no de solucionarlos.
Busca dificultar y entorpecer la tarea de los abogados, a quienes los jueces
engañan y eluden para generar situaciones de hecho que dificultan todo ejercicio
razonable de la defensa.
Amenaza con el desalojo a trabajadores que han recuperado fábricas y empresas
que fueron vaciadas por empresarios fraudulentos, que casi siempre quedan sin
castigo.
Al mismo tiempo, y con la misma lógica, los mismos jueces que encarcelan a quienes
reclaman sus derechos dejan impunes los más horrendos delitos cometidos en la
reciente historia democrática, como en el caso del juez Galeano, quien dirigió
la investigación del atentado a la AMIA y hoy está acusado de destruir pruebas,
sobornar testigos y consagrar la impunidad.
La Justicia apañó los crímenes de la dictadura en los ‘70; la construcción de
la impunidad en los ‘80 y el crimen económico de los ‘90. Ahora intenta, a través
de diferentes fallos, limitar las garantías ciudadanas protegidas por la Constitución
Nacional y los tratados internacionales.
Consideramos que la responsabilidad no es sólo de aquellos funcionarios judiciales
que deshonran sus cargos, sino también del gobierno de Néstor Kirchner, que
fomenta esta falsa "legalidad" para encubrir una política de represión
judicial frente al creciente descontento social y las manifestaciones de demanda
de cumplimiento de los derechos sociales postergados.
A estos jueces y a estos funcionarios venimos a denunciar públicamente
Y a exigirles:
Que reconozcan el estatus de presas y presos políticos a todos aquellos que
fueron privados de su libertad en manifestaciones públicas de reclamo social
Que cese el forzamiento de la interpretación de los hechos que hacen los jueces
en sus fallos para encuadrarlos en conductas o tipos penales a todas luces inexistentes
y que están sentando precedentes jurídicos inaceptables, con el fin de procesar
y encarcelar a quienes participan en manifestaciones públicas.
Que cese la persecución de las organizaciones sociales y sus referentes, ordenada
a los Servicios de Inteligencia.
Que cese la participación de personal policial en manifestaciones públicas sin
uniforme ni identificación.
Que se investigue las denuncias sobre torturas, abusos y malos tratos infringidos
por el personal policial a las detenidas y detenidos durante las manifestaciones
públicas.
Libertad a todas las presas y presos por defender sus derechos
ALERTA ARGENTINA
www.alerta-salta.org.ar
Octubre 2004
INFORMES DE CASOS TESTIGO DE LA CRIMINALIZACIÓN DE LA PROTESTA SOCIAL:
1) L@s detenid@s frente a la Legislatura porteña
El contexto: La Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires aprobó, el
7 de Julio, un Código Contravencional que constituye un claro retorno a los
edictos policiales de la dictadura. Los edictos más habituales son los que caracterizan
como "contravención" la mendicidad, la vagancia, el merodeo, el desorden
público, el escándalo, el cambio de ropa respecto del género, la ebriedad y
la prostitución; en abierta contradicción con la Constitución Nacional que prohibe,
por discriminatoria, toda figura que tipifique delitos de autor: esto es portación
de cara, color, condición social, apariencia física. La Constitución, además,
no da a las provincias ni a las ciudades la posibilidad de definir figuras penales
identificadas como "pequeños delitos" ya que implican conductas no
consideradas delictivas en nuestro Código Penal.
¿Qué implica el nuevo código ya aprobado por esta Legislatura?
Darle más poder a la policía permitiéndole actuar de oficio como denunciante,
testigo y autoridad pudiendo armar pruebas, causas y aplicar coimas y extensiones
para su "caja chica"
2) Penaliza con multas impagables casi la totalidad de las contravenciones.
3) Criminaliza la protesta social, las manifestaciones y los escraches y todo
tipo de petición ante las autoridades con multas de 200 a 1.000 pesos;
4) Penaliza la venta ambulante con multa, decomiso de la mercadería y hasta
del dinero condenando a 20.000 trabajadores ambulantes de parques y plazas,
11.000 cartoneros y cantidad no determinada de artesanos, artistas callejeros,
pide monedas, volanteros
5) Penaliza y persigue la oferta de sexo en la vía pública y condena a mujeres
y travestis en estado de prostitución a zonas rojas controladas por el proxenetismo
policial y mafioso. Con esto viola, además, el tratado internacional firmado
en 1949 en que Argentina se compromete a abolir la prostitución y condenar su
explotación, y, en consecuencia, se compromete a desarrollar políticas públicas
de salud, trabajo y educación para personas en estado de prostitución.
Los hechos: El 16 de julio de 2004 se llevó a cabo una manifestación de
protesta contra el nuevo Código convocada por la Coordinadora contra el Código
Contravencional – que nuclea a organismos de derechos humanos, asentamientos
populares, movimientos de gays, lesbianas, travestis, transexuales y transgéneros,
vendedores ambulantes, piqueteros, estudiantes y partidos de izquierda- para
denunciar esta criminalización de la pobreza. Al finalizar la manifestación,
23 participantes fueron detenidos por personal policial de civil y sin identificación.
Estas personas fueron seguidas y trasladadas en vehículos no identificados fuera
del lugar de la manifestación. Varios días después, fueron liberados ocho, quedando
los restantes 15 imputados por la jueza Silvia Ramond por los delitos de daños,
resistencia a la autoridad, privación ilegítima de la libertad agravada y coacción
agravada. Esta imputación fue confirmada por la Sala V de la Cámara del Crimen
en un fallo basado, básicamente, en las declaraciones de los policías que participaron
de las detenciones y forzando hechos para encuadrarlos en figuras penales no
excarcelables.
Los detenidos: María del Carmen Infran Ferreira, Marcela Rosana Sanagua,
Carlos Hernán Santamaría, Eduardo Héctor Suriano, Adolfo Rafael Sánchez, Javier
Daniel Scaramella, Horacio Ariel Ojeda, Jorge Antonio Nieva, Eduardo Marcelo
Ruiz, Héctor Eduardo Gómez, Jesús Aníbal Fortuny Calderón, Margarita Meira,
Pablo Martín Amitrano, Francisco Lino Barbi y César Herminio Gerez.
Marcela Rosana Sanagua se encuentra cumpliendo su detención en el penal de Ezeiza,
junto a su beba de 18 meses. Al igual que María del Carmen Infran Ferreira,
pertenece a la ONG Ammar Capital, que trabaja con mujeres en estado de prostitución
y que ha denunciado judicialmente a personal policial por delitos de corrupción.
En su mayoría, el resto de los detenidos pertenece a una agrupación de vendedores
ambulantes que también presentó denuncias contra la policía. Tod@s los detenid@s
están cunpliendo la reclusión en penales en pésimas condiciones.
2) Los detenidos en Caleta Olivia
El lugar. Caleta Olivia es una localidad de la Provincia de Santa Cruz
que tiene 40 mil habitantes, de los cuales 110 están procesados por defender
sus derechos en causas abiertas desde febrero hasta hoy.
Los reclamos. El 19 de agosto de 2004 unas 200 personas, en su mayoría mujeres,
reclamaron "trabajo genuino" frente a la Municipalidad y, unos días
después, se trasladaron a la playa de tanques del consorcio de empresas petoleras
Terminales Marítimas Patagónicas (Termap)
La represión. Los manifestantes se habían trasladado ya a la playa de tanques,
cuando notaron la presencia de una brigada especial antidisturbios de la Gendarmería
Nacional, llegada de General Acha, La Pampa, para reforzar a la policía local.
La tensión se resolvió con la firma de un acuerdo con la Subsecretaría de Trabajo
de la Provincia de Santa Cruz que prometió trabajo a los manifestantes –unos
500 puestos, con sueldos entre 500 y 700 pesos– y les aseguró que no iba a haber
represalias. Sin embargo, en la noche el 3 al 4 de septiembre, cuando ya habían
cerrado los tribunales, se hicieron efectivas las citaciones libradas por Marcelo
Bailaque, del Juzgado Provincial de Instrucción nº 1 de Caleta Olivia: 21 órdenes
de detención, de las cuales la policía concretó 15. Se llevó a las personas
de sus casas, a los golpes y sin explicar los motivos.
Los presos. Son seis: Elsa Orozco, Selva Sánchez, Marcela Sandra Constancio,
Mauricio Perancho, Federico Mansilla, y Hugo Iglesias. Tres hombres y tres mujeres
a las que se los acusa de ser los cerebros intelectuales y organizadores de
los delitos. Como en Caleta Olivia no hay establecimientos de detención para
mujeres, las tres manifestantes están presas en comisarías ordinarias, junto
a otros hombres. Una tiene siete hijos y uno de esos niños es discapacitado;
otra tiene un bebé al que no puede amamantar y la tercera, dos hijos que han
quedado al cuidado de sus vecinos porque no tienen familia. "En la comisaría
primera de Caleta somos tres en un cuarto de dos por dos. En una semana de detención
solo hemos recibido un balde de agua cada uno para bañarnos", escribió
en una carta pública Iglesias, quien al momento de ser detenido participaba
de un curso de capacitación para ingresar a la industria petrolera: había conseguido
un puesto de trabajo en una manifestación anterior.
Las acusaciones. "Usurpación con impedimento de funciones públicas",
"privación ilegítima de la libertad y daños", "usurpación"
y "entorpecimiento de la actividad económica". Esta última es una
figura especial del Código Penal y el juez de Caleta es quien la aplicada por
primera vez: el artículo 174, inciso 6 fue uno de los pocos puntos sobrevivientes
de la Ley de Subversión Económica –derogada por exigencia del FMI-, originalmente
pensada para evitar el vaciamiento y el lock out de grandes empresas.
Las pruebas. No hay testigos que individualicen a las personas detenidas
entre los participantes de las tomas. De hecho, Mansilla e Iglesias solo se
habían acercado al lugar para solidarizarse. Las pruebas en las que se basa
el tribunal son los informes y seguimientos fotográficos (que no son fotos in
situ, sino escaneadas de otras fuentes) realizados por una unidad especial de
inteligencia de la zona, que actúa de civil.
La justicia. Si próximamente no se resuelve la liberación, pueden llegar
a estar varios años presos, hasta que las causas lleguen a juicio oral. El trámite
no parece que vaya a ser rápido. El juez Bailaque muy próximamente va a dar
examen en el Consejo de Magistratura para ser ascendido a la Cámara Penal de
Caleta Olivia. Si esto se confirma, cuando estos casos lleguen a esta instancia,
deberá excusarse y esto prolongaría por bastante tiempo la definición de esta
instancia de apelación. De ser condenados, las seis detenidas y detenidos podrían
pasar hasta 16 años en la cárcel.
Los procesados. Además de las personas presas, este reclamo de puesto de
trabajo dejó más de 60 procesados, acusados de ser partícipes necesarios. En
esta situación están personas que se acercaron a solidarizarse o familiares
y vecinos que llevaron agua y pan a l@s manifestantes.
3) L@s detenid@s en Plaza de Mayo
Los hechos: El martes 31 de agosto, 102 personas fueron detenidas en Plaza
de Mayo y alrededores durante una movilización convocada por varias organizaciones
para reclamar la libertad de Raúl Castells, líder del MIJ, acusado de extorsión
por la ocupación de un casino en la provincia del Chaco y repudiar la presencia
del enviado del FMI, Rodrigo Rato, en el Ministerio de Economía. Para la Coordinadora
contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI), la arbitrariedad de
las detenciones quedó demostrada cuando sin siquiera citarlos para declarar,
el juez federal Juan José Galeano ordenó la libertad sin restricciones de 94
mujeres y hombres, reteniendo en cambio a ocho: siete varones y una mujer, pertenecientes
a las organizaciones Quebracho, al MTR-CUBa y a la FTC Mesa Nacional.
Las imputaciones: Los ocho detenidos fueron imputados por un mismo hecho
general, que el juez Galeano considera constitutivo del delito conocido como
"prepotencia ideológica", descripto en el art. 213 bis del Código
Penal como "el que comete el que organiza o toma parte en agrupaciones
que tengan por objeto principal o accesorio imponer sus ideas o combatir las
ajenas por la fuerza o el temor", por el solo hecho de ser miembro de la
asociación. Tiene una pena de 3 a 8 años de prisión. Además, en diversas combinaciones,
se les imputaron los delitos de intimidación pública calificada (3 a 10 años);
daño calificado (3 meses a 4 años) y coacción contra funcionario público agravada
(6 meses a 2 años).
La imputación más absurda es la sufrida por la única mujer, Analía Mónica Cerezo,
a quien finalmente le concedió la libertad, a la que no pudo endilgarle ningún
otro delito más que el del art. 213 bis. El juez Galeano considera probado que
era parte de una agrupación que tiene por objeto imponer sus ideas por la fuerza
porque en la mochila tenía un elemento cortante (un "cutter" escolar),
un handy, revistas y panfletos. Más absurdas aún son algunas de las razones
por las que el juez justifica mantenerlos detenidos: dice que muchos se cubrían
el rostro con pañuelos, lo que "prueba la intención de eludir la justicia..."
Los detenidos: Los ocho manifestantes que continúan detenidos son: Héctor
Reynoso, Pablo Marcelo Sánchez, Rodolfo Casanore, Ezequiel Johnatan Díaz, Roberto
Bence, Rafael Barrios y Roberto García.
Por otra parte, el juez Galeno ordenó la captura del dirigentes de Quebracho
Fernando Esteche y de Gustavo Franquet por una causa de la que ni el propio
juez de Lomas Ferreyra Pella recuerda los detalles, como declaró al diario Clarín.
4) La detención de dos integrantes del MIJD
Los hechos: En julio de 2003, los integrantes del MIJD realizaron una movilización
en la "Rotonda de Pasco" reclamando la entrega de alimentos a la Municipalidad
de Quilmes. El frigorífico Penta, cercano a ese lugar, durante el transcurso
de la jornada, colaboró con unos pocos alimentos a la olla popular: cinco kilos
de mondongo y tres kilos de carne con hueso.
Un año después de aquellos hechos, cuando la causa se encontraba archivada,
es reabierta por el fiscal general Dragui porque la empresa, a través de un
contador, denuncia que en aquella oportunidad se sintió "amedrentado".
Los detenidos: Son Susana Acosta y Julio Tejerina, imputados de "extorsión",
a partir de una denuncia realizada por el Frigorífico PENTA.
5) La persecución al Movimiento Teresa Rodríguez (MTR)
Lo hechos: El día 13 de mayo de 2004, la organización de trabajadores desocupados
Movimiento Teresa Rodríguez (MTD)decidió realizar un escrache a la empresa Repsol
para reclamar "contra el aumento unilateral de las tarifas y la recuperación
de la soberanía sobre los recursos energéticos". Durante la protesta, se
arrojaron bombas de alquitrán en la puerta de la empresa.
Las autoridades de Repsol YPF presentaron cargos contra los manifestantes por
el delito de daño. Hubo dos detenidos. La policía los detuvo en la estación
Bolívar del subterráneo, cuando ya hacía varias horas que había finalizado la
protesta.
La causa: La causa judicial nro. 7319/2004 que tramita por ante el Juzgado
Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nro. 9 a cargo del dr. Juan José
Galeano (el mismo que instruyó la causa AMIA) resulta una manifiesta investigación
política-ideológica .Así el Fiscal a cargo de la investigación, dr. Carlos Stornelli,
ha solicitado al Juzgado se requieran diversas medidas de instrucción que nada
tienen que ver con los hechos, sino que por el contrario marcan un claro tinte
de persecución política. Un ejemplo: a fs. 92 "se practique por intermedio
de la División Delitos Federales de la PFA tareas de inteligencia tendientes
a determinar a.- La identidad de las personas que conformaron la movilización
llevada a cabo el día de los hechos, pertenecientes en algún carácter al Movimiento
Teresa Rodríguez, con indicación de aquellos grupos de referencia participantes
y sus cabecillas, organizadores o integrantes. Deberá recabarse información
sobre los grupos participantes y los pormenores de la investigación b.- Por
otra parte se recabe información sobre la identidad de las personas que conforman
el denominado Movimiento Teresa Rodríguez, recabando respecto de cada uno de
ellos sus datos filiatorios, participación en el movimiento, lugar de reuniones
y cualquier otro dato." A fs. 196/197 el Juez Galeano hace lugar a
las medidas solicitadas.
De la simple lectura de las medidas solicitadas por el Fiscal y ordenadas por
el Juez se desprende, sin necesidad de ser abogado para interpretarlas, que
no se está investigando el supuesto ataque al edificio de Repsol/YPF (delito
que motiva la investigación penal) sino a la propia organización Movimiento
Teresa Rodríguez y a sus integrantes.
La persecución: Al día de la fecha las medidas de inteligencia están en
plena implementación con seguimientos, vigilancia, fotografías y demás medidas
de "inteligencia" sobre militantes, dirigentes y los locales y comedores
barriales que tiene la organización.
No se entiende desde el punto de vista procesal qué efecto jurídico en la prosecución
de la causa puede tener la vigilancia sobre los comedores barriales, así como
el pedido de recopilación de volantes, comunicados de prensa y demás informes
sobres las actividades políticas del Movimiento
Teresa Rodríguez y sus integrantes. Sí es claro que las medidas representan
un aval judicial a las tareas de espionaje político. Como ejemplo de lo expuesto
podemos rescatar que en la causa penal figura un informe policial donde se denuncia
el domicilio real y los números de documentos de dos dirigentes que fueron a
preguntar por los detenidos el mismo día de su detención, aún antes de que interviniera
el actual magistrado. Lo llamativo del informe no es su contenido sino que ambos
dirigentes han manifestado que en ningún momento dieron sus domicilios al personal
policial que los recibió, así como tampoco sus números de documentos y que además
esos domicilios actuales no son los que figuran en los registros del estado
pues no están actualizados sus documentos personales. Ello nos demuestra palmariamente
que los dirigentes sociales están bajo minuciosa vigilancia de los organismos
del estado a punto tal que figuran en sus "legajos" cambios de domicilios
que aún no se han materializado formalmente ante el Registro de las Personas
o la Cámara Electoral (únicos organismos que oficialmente llevan el control
domiciliario de la población).
La causa esta siendo orientada hacia la pretensión de ilegalizar al Movimiento
Teresa Rodríguez y a alguno de sus dirigentes, no por los supuestos hechos de
Repsol, sino por sus actividades políticas.
ALERTA ARGENTINA
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