Documentos de James Petras
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El
papel de las clases privilegiadas
en la destrucción de la democracia chilena
por James Petras
Fuente: H.I.J.O.S.
Introducción
En el vigésimo quinto aniversario del derrocamiento de Salvador
Allende, presidente del gobierno socialista chileno democráticamente
elegido, el juicio convencional de los hechos continúa repitiendo
los mismos errores básicos en relación con la violenta
destrucción de las instituciones democráticas, sus perpetradores,
y, más específicamente, sobre la relación entre
las clases media y alta y las prácticas totalitarias de los
dictadores militares. Pintar el derrocamiento de la democracia como
un suceso puramente "militar", ajeno a la estructura de clases, a
las elites políticas y a las tradiciones autoritarias profundamente
arraigadas en una sociedad tan estratificada como la chilena, contribuye
a ocultar las verdaderas fuerzas actuantes en el golpe de estado y
permite la colaboración entre una izquierda supuesta y el centro-derecha
gobernante. La distorsión de la historia política de
Chile y del papel jugado por las clases y sectores civiles implicados
en el derrocamiento del gobierno de la Unidad Popular es acompañada
por la falsificación de la naturaleza del sistema político
chileno anterior al golpe. Actualmente algunos ex-izquierdistas dispuestos
a colaborar con los responsables del golpe de estado y quienes lo
apoyaron, proclaman que fue la izquierda chilena la que lo provocó
con su ideología, valores y conducta antidemocráticas.
Estos arrepentidos describen al gobierno de Allende como compartiendo
el mismo talante autoritario que el régimen militar de Pinochet,
buscando con ello legitimar su actual colaboración con el régimen
neoliberal vigente al que presentan como el mejor de los mundos posibles.
Sin embargo, este enfoque, denominado como la estrategia de los "dos
demonios" por sus críticos, no resiste un examen histórico
cuidadoso. Este ensayo sostendrá, en primer término,
que el derrocamiento de Allende fue un golpe clasista en el cual civiles
pertenecientes, casi exclusivamente, a las clases altas jugaron un
papel decisivo en el apoyo y la promoción de medidas totalitarias
antes, durante y después del violento golpe que derrocó
al presidente electo. En segundo término, sostendremos que
bajo el gobierno de Allende, Chile experimentó un nivel de
participación democrática sin precedentes en su historia,
comparable a los sistemas más avanzados en el ámbito
mundial. El problema de Chile no fue la ausencia de democracia, sino
la incapacidad de su gobierno, democráticamente electo, para
distinguir entre oposición legítima y subversión
totalitaria. El problema consistió en la falta de voluntad
de los demócratas en el gobierno de Allende para defender el
orden constitucional frente al comportamiento ilegal y violento de
las clases altas, sus organizaciones sociales y las elites de los
partidos políticos que defendían sus intereses.
Golpe militar o golpe clasista
Durante los diez años en que realicé estudios sobre
la política chilena (1962-1973) creció mi escepticismo
sobre el paradigma dominante que hablaba de su prolongada y asentada
tradición democrática. Descubrí que desde finales
del siglo XIX hasta mediados los años sesenta, varios gobiernos
chilenos estaban implicados en algunas de las más sangrientas
represiones ocurridas en América Latina contra sindicatos democráticos
y pacíficas protestas campesinas y urbanas. El sistema electoral
era tan imperfecto que, hasta bien entrado este siglo, menos del 10
por ciento del electorado podía determinar los resultados electorales.
En segundo lugar, Chile experimentó una serie de violentas
convulsiones que prepararon el terreno para la caída de Allende.
En 1891, así como en el período comprendido entre la
segunda mitad de los años veinte y el comienzo de los treinta,
el proceso político estuvo marcado por golpes militares y convulsiones
civiles, con las clases dominantes reclamando la intervención
del ejército para resolver los conflictos laborales y para
derribar a políticos nacionalistas. Aquellas recurrieron a
la organización de milicias paramilitares "republicanas" para
reforzar su dominio frente a los movimientos de izquierdas emergentes,
incluso después de la restauración de la democracia,
a mediados de la década de 1930. El autoritarismo, profundamente
asentado, de la política chilena se manifestó en la
década comprendida entre 1948 y 1958 con la proscripción
del Partido Comunista y el establecimiento de campos de concentración
en varias localidades de norte desértico del país, como
Pisagua, constituyendo un verdadero precedente de los campos abiertos
por el régimen militar del general Pinochet, respaldado por
esas clases dominantes, en la década de 1970. La proscripción
de la principal organización política de la clase obrera
(el Partido Comunista) durante los años cincuenta, pone en
tela de juicio la premisa fundamental sostenida por los que afirman
la existencia de una "tradición democrática sólidamente
asentada a lo lago de un siglo" en la política chilena. Al
comenzar mis estudios de campo en Chile a mediados de los sesenta,
topé con frecuencia con actitudes y conductas autoritarias
entre los miembros de las clases alta y media alta. Desdeñaban
las preferencias de voto de obreros y campesinos, al tiempo que se
mostraban hostiles a las normas y procedimientos democráticos
que afectaban sus intereses sociales y económicos. Aplaudían
públicamente las medidas represivas adoptadas por el gobierno
Frei contra los mineros del cobre y del carbón. Durante la
década de 1960 circularon dos versiones relativas a la naturaleza
del sistema político chileno: la "versión oficial" que
repetía sin cesar que Chile era una democracia que gozaba de
vibrante vitalidad, y la "versión extraoficial", que inspiraba
el comportamiento de las clases dominantes y que consideraba a la
democracia como algo a tolerar siempre y cuando los privilegios de
clase, las desigualdades y la concentración de la propiedad
permanecieran intactos. En varios encuentros informales mantenidos
con grandes terratenientes a finales de los sesenta, me manifestaron
su intención de oponerse la reforma agraria promulgada y de
alentar un derrocamiento violento del gobierno. Cuando en aquella
época desarrollé la tesis de un golpe apoyado por la
clase alta (en las conclusiones de mi primer estudio Politics and
Social Forces in Chilean Development) los autores más convencionales
descartaban esa posibilidad.
La tradición autoritaria de las clases alta y media alta chilenas
(CAMA) se activó inmediatamente después de la victoria
electoral de Salvador Allende. Al comienzo, miembros violentos de
las CAMA asesinaron al general Schneider, un constitucionalista, esperando
provocar con ello un golpe militar. Ejecutivos de multinacionales
norteamericanas (AT& T) junto a sus homólogos chilenos
contribuyeron a financiar otro golpe de estado que terminó
fracasando. El derrocamiento violento de Allende fue un proceso, no
un evento singular sucedido el 11 de septiembre de 1973. Las actividades
ilegales y violentas de los partidos, dirigentes y activistas de las
CAMA jugaron un papel principal en el desencadenamiento del asalto
militar al poder, colaborando con el gobierno en la represión
desatada en fábricas y barrios, apoyando al nuevo régimen
militar-civil y recogiendo los beneficios de su política. Entre
1970 y 1973, pero especialmente durante el período que se extiende
desde mediados de 1972 hasta septiembre de 1973, prácticamente
la totalidad de los empresarios y propietarios rurales con los que
conversé criticaban la reticencia militar a derrocar el gobierno.
Por supuesto muchos de ellos rechazaban la idea de arriesgarse personalmente
para defender sus sagrados derechos de propiedad. Hombres de negocios,
profesionales enriquecidos, propietarios de empresas de transporte
y comerciantes mayoristas participaban en boicots ilegales que amenazaban
el bienestar popular, con el fin de derrocar al régimen, no
de alcanzar reivindicaciones específicas. Los propietarios
de los medios de comunicación colaboraron con organismos de
espionaje extranjeros (como, por ejemplo, Agustín Edwards de
El Mercurio con Richard Helms de la CIA) para provocar el caos y apoyar
acciones violentas encubiertas. La casi totalidad de los empresarios
organizaron lock-outs ilegales para paralizar la economía y
derrocar al gobierno. Con frecuencia colaboraron con grupos derechistas
para intimidar a aquellos que rehusaban participar en los cierres
patronales. La dirección del Partido Demócrata-Cristiano
(PDC) se implicó en los esfuerzos sistemáticos para
paralizar al gobierno de la Unidad Popular bloqueando la aprobación
de presupuestos, intentando la dimisión de ministros con los
pretextos más nimios, e instruyendo a sus partidarios en los
sindicatos y las asociaciones profesionales para que colaboraran con
los empresarios para desbaratar la producción y bloquear los
mecanismos de negociación colectiva. La cúspide dirigente
del PDC conspiró con servicios de inteligencia extranjeros
recibiendo fondos ilegales, y con oficiales militares dispuestos a
derrocar a Allende y sustituirlo por un demócrata-cristiano.
El Partido Nacional, de extrema derecha, junto al grupo terrorista
Patria y Libertad, organizó el sabotaje de la producción,
distribución y transmisión de energía. Los acontecimientos
militares del 11 de septiembre de 1973 fueron precedidos por un nivel
inédito de actividades violentas apoyadas y dirigidas por las
CAMA, con el propósito explícito de crear un clima propicio
al golpe militar. El proceso de "organización del golpe" estuvo
controlado, casi por completo, por civiles pertenecientes a las clases
alta y media alta, con el objetivo de debilitar a las organizaciones
de la clase obrera y del campesinado. Fue un proceso de carácter
claramente clasista dirigido a subvertir y anular los cambios socioeconómicos
y políticos que habían permitido el acceso a la propiedad
a los campesinos, el control obrero en la industria y el desarrollo
de un sistema financiero para promover el sector económico
de propiedad social. El violento derrocamiento del gobierno democrático
por los militares era el medio idóneo para recuperar privilegios
de clase, la propiedad indiscutida sobre los medios de producción
y el control total de las relaciones de producción. Una vez
desencadenado el golpe de estado y ante la mínima posibilidad
de que hubiera resistencia armada, los miembros de las clases dominantes
se refugiaron en sus domicilios a la espera de acontecimientos mientras
los partidos Demócrata Cristiano y Nacional hacían explícito
su apoyo al golpe -desde la seguridad de sus cuarteles generales.
La naturaleza militar del asalto final al gobierno, fue la culminación
de las actividades ilegales instigadas por los civiles, que "legitimaron"
la violencia a los ojos de los generales. La judicatura, la mayor
parte de la burocracia civil y la gran mayoría de la elite
empresarial y profesional -incluyendo a muchos profesores de la Universidad
Católica y la Universidad de Chile- ofrecieron inmediatamente
su colaboración a la nueva junta militar. Inmediatamente después
de la consumación del golpe de estado, las CAMA aportaron una
colaboración esencial en la formulación de la política
económica, la represión de los trabajadores, la expropiación
a los beneficiarios de la reforma agraria, en obtener la asistencia
financiera internacional y una política de defensa para la
junta militar. Sin esta colaboración a gran escala y a largo
plazo, la junta militar habría tenido serias dificultades para
sostenerse. Industriales, gerentes y terratenientes desencadenaron
purgas masivas contra los sospechosos de simpatizar con el gobierno
de Allende. Empresarios y burócratas sindicales aliados a la
Democracia Cristiana y al Partido Nacional denunciaron a activistas
y dirigentes sindicales sometidos a tortura, ejecutados o encerrados
en campos de concentración por la policía secreta y
los militares. Los dirigentes de las principales organizaciones industriales,
comerciales y médicas se colaboraron con el régimen
militar con asesores y técnicos para suplir su inexperiencia
en temas económicos. Los infames Chicago-Boys de la Universidad
Católica proporcionaron los programas económicos y trajeron
a Chile a asesores como Milton Friedman y Arnold Harbeger para legitimar
el "modelo" económico de superexplotación. Muchos miembros
del alto clero expresaron públicamente su apoyo a la junta
militar, aún cuando sacerdotes demócratas eran arrestados
y torturados. El Partido Nacional e inicialmente la Democracia Cristiana
aprobaron la disolución del parlamento. La primera divergencia
se produjo poco después que los militares disolvieran los partidos
políticos. Los demócrata-cristianos que habían
aprobado al primera ola de arrestos y ejecuciones masivas, terminaron
objetando cuando vieron claramente que el golpe no les devolvería
el poder. Algunos sectores protestaron por la disolución de
su partido. Otros, en cambio, la aceptaron y se unieron al régimen
de Pinochet. Mucho más significativo fue el abrumador apoyo
a la junta, sin interrupción durante una década y media,
del grueso de las CAMA, instaladas en los lujosos barrios de Santiago
(Las Condes, Vitacura, Providencial), Concepción, Valparaíso,
Temuco. Las razzias militares en los barrios de chabolas, habitados
por las clases bajas, las brutales masacres durante as protestas populares
que se produjeron entre 1983 y 1986 fueron aplaudidas por las CAMA
y el grueso de la clase media bajo los auspicios de El Mercurio, La
Tercera y las principales cadenas radiofónicas y televisivas.
Prácticamente no se registran casos de familias pertenecientes
a las clases altas dando refugio o protección a militantes
obreros o campesinos. En ese sentido la actitud de la clase alta chilena
frente al atropello de los derechos humanos fue peor que la registrada
en la Europa ocupada durante la persecución de los judíos
por los nazis. Los contados casos en que ofrecieron refugio o apoyo
a demócratas perseguidos fue cuando se trataba de izquierdistas
pertenecientes a su propia clase. Profesionales y hombres de negocios
chilenos contaron, en algunos casos, con el apoyo familiar para refugiarse
en las embajadas. El carácter clasista de la sociedad chilena
se manifestó incluso en la persecución de la oposición.
Muchos de los izquierdistas pertenecientes a la clase media abandonaron
a sus compañeros de la clase obrera, llegando a Europa donde
alcanzaron, en muchos casos, posiciones lucrativas en las universidades
así como subsidios. Mientras que campesinos y obreros sufrieron
el peso de la represión militar y de la explotación
y el abuso de las clases dominantes. El aspecto clave de la fusión
y colaboración entre las CAMA y los militares fue su acuerdo
"en colocar a obreros en su sitio", restaurar las estructuras clasistas
y castigar con severidad a los transgresores. Los industriales ya
no tuvieron que afrontar huelgas o negociaciones colectivas con los
sindicatos. Los terratenientes pudieron contar nuevamente con la obediencia
ciega de los campesinos aterrorizados. Las damas de la alta sociedad
pudieron tiranizar sin obstáculos a sus sirvientas. El retorno
de un orden y una legalidad clasista incuestionables fue el motivo
de la colaboración mutua entre las CAMA y los militares. La
distribución de los beneficios económicos en el nuevo
orden militar fue otro de los puntos clave en la consolidación
de sus relaciones con las clases dominantes. Las enormes ganancias
que obtuvieron banqueros y empresarios industriales, los vastos imperios
económicos surgidos en el seno de la nueva clase de millonarios
es una consecuencia directa de la naturaleza esencialmente capitalista
del régimen militar. En términos estrictos la junta
militar reprimió con el asesoramiento y la ayuda de jueces
y líderes civiles pertenecientes a las clases altas. En el
ámbito social y económico fueron las clases altas chilenas
las que diseñaron y aplicaron las políticas que privatizaron
empresas públicas lucrativas, quienes aseguraron los préstamos
internacionales que permitieron recuperar la banca en crisis para
que pudiera privatizarse. Se comete un serio error cuando se dice
que los militares devolvieron su riqueza a los ricos, porque el régimen
nunca fue exclusivamente militar. Especialmente en el ámbito
de la política económica fueron los miembros de las
clases altas, vinculados a las instituciones económicas más
importantes de la sociedad civil chilena, quienes dictaron los términos.
La visión totalitaria de Pinochet fue compartida por la mayor
parte de las clases altas durante su mandato. Apoyaron sus medidas
diseñadas para sostener el modelo económico que las
enriquecía mientras empobrecía a millones.
La continuidad del autoritarismo en el período postpinochetista
Lo más notable en la transición al sistema electoral
es la continuidad de las desigualdades económicas y sociales
del período precedente, la permanencia del aparato militar
y de inteligencia con sus estructuras intactas y la impunidad de los
principales responsables de las violaciones de los derechos humanos.
Este continuismo explica la facilidad con que las autoritarias CAMA
han aceptado al proceso electoral. El férreo control ejercido
por las clases dominantes sobre la sociedad, los medios de comunicación
y las instituciones económicas, a través de los partidos
políticos gobernantes expresa el continuismo del poder en un
nuevo contexto. La anterior fusión cívico-militar de
la dictadura ha sido reeditada en la Concertación: la fusión
de las clases altas con los partidos políticos, el estado y
los militares. En los años noventa esta continuidad se manifiesta
así mismo en el control estatal sobre los sindicatos y las
organizaciones campesinas, en la salvaje represión de las protestas
pacíficas y en la incorporación del máximo líder
del estado totalitario en una de las cámaras parlamentarias.
Firmemente instaladas en los centros del poder económico y
militar, las CAMA toleran la actividad pública que no afecta
los aspectos centrales del gobierno y la economía. Los debates
y manifestaciones políticas reciben poca o ninguna difusión
pública y son consideradas como entretenimientos para pacificar
a la oposición.
Los intelectuales arrepentidos
Una de las dificultades que afronta la nueva generación de
opositores al status quo en Chile es el reencuentro con el pasado.
Uno de los mayores obstáculos son los "intelectuales izquierdistas
arrepentidos". El papel fundamental del intelectual arrepentido y
reconciliado con el status quo, es el de distorsionar la rica experiencia
democrática del gobierno de Allende para conseguir una buena
posición dentro del sistema electoral neo-autoritario dominado
por las CAMA. El sistema político chileno durante el gobierno
de la Unidad Popular fue uno de los más democráticos
en la historia occidental reciente, cualquiera que sea el aspecto
desde el que se lo examine. No sólo tuvieron lugar elecciones
libres, abiertas y regulares para elegir a los representantes políticos,
sino que también aquellas tuvieron lugar en los sindicatos,
organizaciones campesinas, de mujeres y vecinales, así como
en otros sectores de la sociedad civil. Trabajadores elegidos democráticamente
administraron las fábricas, los campesinos votaron para designar
a los dirigentes de los asentamientos generados por la reforma agraria,
y los estudiantes y empleados universitarios participaron en la elección
de los equipos de gobierno de los centro académicos. Muchos
institutos de investigación y servicios públicos (salud,
vivienda e higiene) fueron sometidos al control de los ciudadanos.
Esta contundente realidad democrática, sin precedentes en Chile
como en Occidente, ha sido negada, distorsionada y falsificada por
estos ex-izquierdistas arrepentidos. Enfocan sus críticas sobre
los "valores autoritarios" de la izquierda chilena, su "visión
instrumental" de la democracia, su afinidad por las ideologías
autoritarias (pro-soviéticas). Sin embargo, la cuestión
fundamental es que estos denominados por aquellos como intelectuales
autoritarios se atuvieron a las reglas de juego democráticas.
Ninguno fue capaz de imponer sus supuestos valores "autoritarios"
en el sistema político. En mis diez años de investigación
en Chile, entre 1963 y 1973, la mayor parte de los datos que obtuve
demuestran que el grueso de las medidas democráticas fue impulsado
por la izquierda: comités barriales democráticamente
elegidos, fábricas y granjas autogestionadas, coparticipación
universitaria, comités de salud pública comunitarios,
etc. Los ex izquierdistas vergonzantes falsifican la realidad deduciendo
actitudes autoritarias a partir de esquemas ideológicos abstractos
en lugar de observaciones empíricas e históricas sobre
el comportamiento de la izquierda. Por lo tanto inventaron el mito
que presenta a la izquierda rechazando a la democracia, adjudicándole
que la consideraba como un mero "instrumento en el camino a al dictadura
del proletariado". La realidad es que la izquierda extendió
y profundizó la democracia participativa más allá
de la convocatoria periódica de elecciones parlamentarias,
extendiéndola a los lugares de trabajo y a los barrios así
como al sistema educativo y sanitario.
Las normas democráticas fueron utilizadas para realizar una
democracia sustantiva - igualdad de condiciones y libertad de expresión
para las clases populares, hasta ese momento oprimidas e intimidadas
por empresarios, terratenientes y damas de al alta sociedad. Lo que
resulta particularmente deshonesto en esos intelectuales ex izquierdistas
es su falta de interés en explorara y criticar actualmente
el pasado autoritario y totalitario de sus colegas demócrata-cristianos
y derechistas en el parlamento y las universidades. No lo intentan
para lesionar su mutuo acuerdo y el nuevo consenso basado en denunciar
el pasado igualitario y socialista y celebrando el régimen
electoral neoliberal y autoritario. Para estos ex izquierdistas los
demócratas fueron los responsables del golpe de estado, no
las CAMA implicadas en la violencia. Aducen que los políticos
que nivelaron riqueza y propiedad fueron "provocadores". Este absurdo
lógico es una apología transparente de los tres años
de violencia y violación de las normas democráticas
organizadas por el PDC y el P.
Nacional en colaboración con las clases altas durante la presidencia
de Allende. La nueva generación que alcanza la madurez política
en Chile en la búsqueda de cambios auténticamente democráticos
debe recuperar la verdadera historia de la democracia bajo el gobierno
de la Unidad Popular y rechazar los mitos y falsedades difundidas
por los intelectuales ex izquierdistas. Sobre todo deben rechazar
los rasgos autoritarios de las CAMA chilenas mientras perfilan su
programa de justicia social.
