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Documentos de James Petras |
Justicia
en la era de la información
Por James
Petras
El
Mundo
La esclavitud sexual está presente y en pleno auge en Kosovo
con la complicidad o, en todo caso, con la tolerancia del Ejército
de ocupación de la OTAN, los funcionarios de la ayuda internacional
y las ONG (organizaciones no gubernamentales). En Brasil, más
de 30.000 campesinos sin tierra fueron expulsados violentamente
de edificios públicos por el Estado, por pedir pacíficamente
la redistribución de tierras cultivables ociosas con las
que alimentar a sus familias.
Mientras algunos distinguidos
periodistas escriben acerca de la nueva economía y de la
tercera revolución tecnológica, la realidad es que
el mundo retrocede hacia retrógradas formas primitivas de
actividad económica, en las que las nuevas tecnologías
de la información (TI) juegan un papel capital. En efecto,
las TI se ponen al servicio de prácticas económicas
que, como poco, tienen 2.000 años de antigüedad y que,
cada vez más, juegan un papel fundamental en la economía
mundial.
La esclavitud sexual
constituye un negocio a escala planetaria. The New York Times informa
de que 50.000 mujeres y niños entran en Estados Unidos cada
año para ejercer de esclavos sexuales; el Weekly Guardian
escribe que «el tráfico sexual de mujeres de la Europa del
Este es una de las grandes plagas de la criminalidad de la Europa
poscomunista».
El comercio del sexo
está empezando a ser más provechoso que el narcotráfico
y se encuentra detrás del enorme incremento del dinero que
se lava en bancos multinacionales europeos y estadounidenses. ¿Qué
hay detrás de este espectacular crecimiento de la esclavitud
sexual?
La razón principal
reside en una combinación de factores: la llegada al poder
de cleptocráticas élites pro libre mercado en la antigua
URSS, la Europa del Este, Asia y Latinoamérica y la quiebra
de la Administración del Estado. El segundo factor consiste
en el apoyo político de Estados Unidos y de Europa occidental
a estos nuevos cleptócratas, lo que les confiere impunidad
por sus delitos, a cambio de que abran sus economías a los
bancos y empresas multinacionales de Occidente. El tercer elemento
se basa en la alianza política entre los nuevos cleptócratas
y la OTAN. La esclavitud sexual es un coste menor que la OTAN está
dispuesta a pagar por la creación de nuevas bases militares.
Resulta de utilidad examinar
el caso de Kosovo para ilustrar la conexión de la OTAN con
la esclavitud sexual. The Washington Post describe un panorama de
miles de mujeres de Europa del Este que se ven retenidas contra
su voluntad en burdeles de Kosovo, «reducidas a la esclavitud»,
según un alto mando militar italiano. Los burdeles y la esclavitud
sexual han surgido y han proliferado precisamente después
de la conquista de Kosovo a cargo de la OTAN y el ELK (Ejército
de Liberación de Kosovo).
Muchas de estas muchachas
no tienen más que 15 años de edad y han sido llevadas
a Kosovo por bandas albanesas con el fin de servir a las necesidades
de los soldados de la OTAN, los pudientes funcionarios de la ayuda
internacional y los voluntarios de las ONG.
Los proxenetas albaneses
compran por 1.000 dólares mujeres en subastas en Macedonia
(un cliente de Estados Unidos) y las explotan con la cobertura del
ELK, obligándolas a practicar relaciones sexuales sin ninguna
protección y sin recibir pago por ello. La OTAN no aplica
ley alguna y, en seis meses, la policía de las Naciones Unidas
ha rescatado a 50 mujeres (entre varios miles).
A pesar de los centenares
de millones de dólares de ayuda, el asilo en el que se refugian
las esclavas del sexo que han conseguido escapar alberga sólo
a 21 mujeres. Está claro que los amos de las esclavas actúan
con total impunidad porque trabajan para los mandos del ELK, que
son aliados de la OTAN. Los militares estadounidenses y europeos
toleran a los kosovo albaneses amos de esclavas porque están
al servicio de los objetivos hegemónicos de la OTAN en los
Balcanes.
Al otro lado del Atlántico,
en Brasil, tenemos a otro empleado político del imperio euroamericano,
el presidente Cardoso. Aprimeros de mayo, más de 150.000
familias de campesinos sin tierra ocuparon 300 fincas sin cultivar,
mientras que 30.000 trabajadores agrícolas ocupaban edificios
gubernamentales en demanda de tierras con las que alimentar a sus
familias.
El presidente Cardoso
y los gobernadores locales dieron a la Policía Militar la
orden de desalojar sin contemplaciones a los campesinos sin tierra:
cientos de ellos fueron encarcelados y resultaron heridos; otros
fueron asesinados o desaparecieron. Algunos de los funcionarios
locales confesaron a los campesinos sin tierra que simpatizan con
sus objetivos de reforma agraria, pero que carecen de fondos del
Gobierno federal. Cardoso ha reducido de manera drástica
el presupuesto en favor de los pequeños agricultores y de
los campesinos sin tierra con el fin de subvencionar a las poderosas
minorías agroexportadoras y hacer frente al pago de la deuda
externa.
Según la Comisión
Pastoral de la Tierra (un grupo de confesión católica),
más de 1.100 agricultores, campesinos sin tierra y otros
activistas rurales han sido asesinados durante el mandato de Cardoso
y de los presidentes civiles que le precedieron y sólo 11
asesinos han sido condenados.
Más de cuatro
millones de campesinos han sido expulsados de sus tierras en el
curso de los últimos 10 años y viven en suburbios
de las ciudades. Cardoso ha creado un cuerpo especial de policía
para desalojar por la fuerza «los asentamientos ilegales» y restaurar
el orden con un estilo que recuerda a las dictaduras militares del
pasado.
Entretanto, los representantes
de las administraciones, los banqueros y los directivos empresariales
estadounidenses y europeos aplauden a Cardoso por privatizar empresas
públicas y por permitir que las multinacionales euroamericanas
controlen los sectores de las tecnologías de la información
y las comunicaciones.
Ni una sola crítica
se alza ante la represión de millones de campesinos sin tierra
y ante la injusticia de que el 1% de los terratenientes sea propietario
del 50% del suelo. Antes al contrario, las multinacionales estadounidenses
y europeas equipan a la policía especial de Cardoso con el
último grito en tecnologías de la información
para proteger a los latifundistas y para mantener a los campesinos
en situación de semiservidumbre.
Al igual que en el caso
de Kosovo, la justicia humana (que consistiría, en un caso,
en la liberación de las esclavas sexuales y, en el otro,
en la concesión de tierras a los empobrecidos trabajadores
agrícolas) se ve sacrificada por las potencias de la OTAN,
porque entra en conflicto con sus objetivos estratégicos
de establecimiento de una hegemonía planetaria y de dominación
de los mercados mundiales.
Las nuevas tecnologías,
lejos de representar una nueva fuerza de progreso, han resucitado
y reforzado las relaciones económicas precapitalistas (la
esclavitud y la semiservidumbre), en todo un ejercicio de retroceso.
La combinación de tecnologías avanzadas con relaciones
sociales de tiempos pasados en la actividad económica describe
lo que de verdad está ocurriendo en la economía mundial.
La llamada era de la información no existe en un vacío
políticamente neutral: su significado más profundo
se revela en las condiciones de hegemonía imperial y en las
mafias político económicas que actúan a su
amparo.
La tecnología
no impone sus normas: son las minorías privilegiadas de la
economía y de la mafia las que determinan el tipo de información
y el uso de las tecnologías de comunicación.
Por el correo electrónico
y por la Red circula -a buen seguro- información de suma
trascendencia e importancia, que critica, entre otras cosas, la
esclavitud sexual y la represión de los campesinos sin tierra.
Sin embargo, y éste
es el punto más crítico, lo que habrá de definir
si las nuevas tecnologías de la información van a
jugar un papel progresivo o regresivo a partir de ahora dependerá
del contexto político en que se incardinen esos nuevos métodos
tecnológicos. Y hoy por hoy, para los dirigentes de Europa
y de Estados Unidos, «justicia en la era de la información»
equivale a alianzas con los amos de las esclavas sexuales de Kosovo
y con la protección presidencial de los latifundistas de
Brasil.