Pueblos Originarios |
De México a la Amazonia, crímenes, desalojos masivos y apropiación de
reservas
Líderes indígenas y campesinos de América Latina denuncian
estragos del neoliberalismo
Armando
G. Tejeda
La Jornada
El
desalojo masivo de comunidades indígenas y campesinas y la apropiación de
reservas naturales, así como asesinatos "colectivos y selectivos" por
grupos paramilitares a la sombra del poder público, son frecuentes en numerosas
regiones de América Latina, se denunció en el seminario Territorio, vida y
seguridad humana frente a planes económicos y militares, que se celebró en
Madrid.
Decenas de representantes de comunidades indígenas y campesinas de América
Latina se reunieron en la capital española para analizar y denunciar los
estragos de la globalización y el neoliberalismo, de Chiapas, México, a la Amazonia.
La situación es similar en México, Colombia, Costa Rica, Argentina o Brasil, en
zonas donde empresas multinacionales, estadunidenses
o europeas llevan a cabo proyectos comerciales y de explotación de los recursos
naturales.
Esos "desalojos" de los pobladores originales de América Latina se
han caracterizado por la brutalidad de grupos paramilitares que actúan con la
anuencia de algunos gobiernos.
La situación en Chiapas, en concreto en Montes Azules, también fue motivo de
análisis durante el encuentro, máxime cuando ya se sufren las consecuencias en
las comunidades indígenas del llamado Plan Puebla-Panamá.
Rubén Moreno, de la Red de Defensores Comunitarios por los Derechos Humanos de
Chiapas, explicó a La Jornada: "La implementación de varios
programas en Montes Azules, algunos de ellos con recursos de la Unión Europea
(UE), están provocando el desalojo de las comunidades. En Montes Azules se está
intentando limpiar la zona con el uso de la fuerza militar y paramilitar
para que el gobierno y las trasnacionales puedan desarrollar sus
megaproyectos".
El representante mexicano denunció la proliferación de campamentos militares en
esa región de Chiapas, además de que persiste el temor a una nueva escalada
violenta de los diversos grupos paramilitares existentes en la zona.
Moreno señaló que "lo único que nos queda es pelear y resistir para que no
nos desalojen de nuestra tierra, y denunciarlo en el exterior para recibir el
apoyo internacional, ya que en México no hay justicia. Un ejemplo de esto es lo
que sucedió en 2003 en varias regiones de Chiapas -como en el caracol de
Morelia o la Garrucha-, donde hubo una serie de asesinatos a manos de
paramilitares y hasta la fecha no ha habido ninguna detención.
"Como siempre, las comunidades indígenas no sentimos ningún tipo de
protección de las autoridades mexicanas. Al contrario, hay un permanente
hostigamiento militar. Pero ante el aumento del control del Ejército nosotros
tenemos la esperanza de que nuestras denuncias en el exterior provoquen la
sensibilización de la gente sobre lo que está pasando en Chiapas y en América
Latina, pues se está aniquilando a comunidades y culturas enteras, además de la
usurpación de su territorio. Por eso nos extraña que hasta la fecha no hayamos
tenido ninguna respuesta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
sobre nuestra reclamación sobre los hechos de Montes Azules."
Sobre la situación en Colombia, el sacerdote jesuita Javier Giraldo denunció la
impunidad de que gozan autores de miles de crímenes, perpetrados por comandos
paramilitares en años recientes.
Sostuvo que el origen del paramilitarismo en Colombia
se remonta a 1962, cuando Estados Unidos llegó para extender su política de
seguridad en América Latina y exigió al gobierno la legalización de grupos
mixtos de militares y civiles para ser adiestrados por ellos.
Agregó que estos grupos se han sustentado en un base ideológica que se ha
asumido y extendido entre la población civil, en la que se acepta la alianza
del poder civil con el militar, sin que se fijen con claridad las fronteras
entre ambas, lo que ha derivado en la impunidad total de sus crímenes.
Los representantes de Colombia, Brasil, Chile, Argentina, México y Bolivia,
además del Movimiento de los Sin Tierra, los indígenas Mapuche, las Madres de
Plaza de Mayo y defensores de los derechos humanos de Chiapas, Costa Rica,
Bélgica, Italia, Cataluña e Irlanda hicieron una declaración de alerta a la
comunidad internacional.
"Desde el mundo de la exclusión y su autoritarismo nos pretenden imponer
los conceptos y planes de la globalización neoliberal y de la impunidad de
crímenes de lesa humanidad", señalaron.
En cuanto a las amenazas latentes, apuntan que proyectos como el Plan
Puebla-Panamá "descomponen a los pueblos y atentan contra la vida, el
territorio colectivo, las aspiraciones de seguridad humana y la dignidad de
millones de personas, especialmente de las comunidades que han sido azotadas
por la militarización y paramilitarización al
servicio de intereses hegemónicos y de multinacionales".