La abogada lanzó, junto al geógrafo Raúl Molina, la investigación "La gran minería y el derecho de los indígenas en el norte de Chile", que concluye que las políticas públicas, económicas e incluso judiciales están hechas a la medida de las grandes compañías. Bajo esa premisa, las comunidades indígenas, su patrimonio cultural y sus ecosistemas los grandes damnificados de un paradigma que ve los recursos naturales como commodities y que puede colapsar del mismo modo que la industria salmonera.

Claudia Urquieta
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Algo así como David y Goliat. Con la diferencia que la situación que describe el libro "La gran minería y los derechos de los indígenas en el norte de Chile", permite concluir que los grandes beneficiados con las políticas económicas y con el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) no son los más débiles.

Luego de varios años de investigación, la abogada Nancy Yáñez y el geógrafo Raúl Molina, de El Observatorio Ciudadano, lanzaron el miércoles pasado un texto que sistematiza los casos y diagnostica los impactos de la gran minería en los territorios indígenas. Conflictos en los que son las grandes empresas las que llevan las de ganar, amparadas en el concepto de tratar los recursos naturales como una mercancía. Especialmente el agua.

Esta fórmula se ha instalado gracias a la Constitución del 80' y las reformas que han seguido en la misma línea durante los gobiernos de la Concertación, amén de los Tratados de Libre Comercio (TLC) firmados por el país, donde no se excluye este recurso del mercado de bienes y servicios.

Según explica Yáñez, Chile es el país que va a la vanguardia en esto, ya que desde la perspectiva de la política económica el agua está al servicio de los procesos productivos industriales. Lo que choca con la realidad de las culturas indígenas y los ecosistemas donde viven.

Pero también ha contribuido a la desprotección de las comunidades autóctonas la delegación que el Estado ha instaurado en los conflictos "entre privados". Y en la falta de estándares legales y pisos mínimos en que deberían darse los procesos de negociación y participación de proyectos mineros en estos territorios.

-Según lo que observaron ¿cuáles son las mayores falencias del sistema que juega en contra de los derechos de los pueblos indígenas?

-Lamentablemente, en Chile los controles ambientales se han ido flexibilizando y lo que ha demostrado esta investigación es que en general la participación ciudadana que se lleva adelante en el marco del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) no constituye un mecanismo de consulta apropiado para recabar el consentimiento de las comunidades. Por el contrario, en la mayoría de los casos -con la sola excepción de Pampa Colorada-, los proyectos se llevan adelante en contra de la voluntad expresa de las comunidades.

-¿Y qué rol juega el Estado en esto?

-En ese mismo marco observamos que el Estado ha abandonado su rol regulador, que es el que le permite ser el gestor del proceso de evaluación de impacto ambiental. Esto favorece procesos de negociación privados en estos conflictos, lo que ha dejado la puerta abierta para que las empresas en general intenten coaptar las voluntades y por esa vía fragmenten los movimientos sociales a través de los cuales las comunidades se oponen a estos proyectos. Y no son pocos los casos en que mediante el pago a dirigentes o miembros de la comunidad se concita la aprobación del proyecto y se generan disputas internas que afectan la integridad cultural de las comunidades.

-¿Algo así como lo ocurrido con Pascua Lama, en que se habla de la entrega de 60 millones de dólares a particulares para quebrar la oposición al proyecto de Barrick Gold?

-Sí. En este caso la negociación no se hizo con la comunidad, sino con la junta de vigilancia, por lo tanto con los agroindustriales del Valle del Huasco. O sea quienes reciben 60 millones de dólares como producto de eventuales compensaciones por los daños ambientales futuros son los que tienen mayor cantidad de derechos de agua en la cuenca del río Huasco, no los pequeños propietarios agrícolas.

Además, la empresa ha intentado coaptar voluntades individuales al interior de la comunidad, y ha intervenido los procesos sociales para generar adhesiones a través del ofrecimiento de proyectos de desarrollo social dependientes del municipio. E incluso tuvo una participación directa apoyando a la candidata a alcalde que finalmente salió electa.

-Esto suena como a un pequeño feudo.

-La verdad es que esto se observa en casi todos los territorios mineros. Si hay algo que constata esta investigación es que ahí donde operan las mineras lo que se genera es una especie de feudo, donde el Estado se retira para dar paso a quienes ejecutan estos proyectos y donde apelan a la responsabilidad social empresarial para resolver las necesidades de las comunidades locales. Y esa responsabilidad social empresarial en el caso chileno es una que ni siquiera alcanza niveles mínimos.

-¿Estas prácticas caen en la ilegalidad?

-No. Se ha construido una legalidad que sustenta este modelo. Y está fundada en la Constitución del ‘80, que sienta las bases de esta fórmula económica que ha sido perfeccionada a través de las leyes sectoriales, como el Código de Aguas o el Código de Minería durante la dictadura. Y en los gobiernos de la Concertación esto se ha ido consolidando a través de reformas.

El subsidio a las mineras

-¿Cómo interpreta que el Estado se repliegue del asunto dejándolo en manos de las empresas mineras?

-Es grave. Estimamos que la política pública, particularmente la económica, se ha estructurado sobre la base de generar bienestar a través del crecimiento económico. Y ha determinado estratégicamente que esto se garantiza por la vía de poner a disposición del mercado de bienes y servicios los recursos naturales, que son tratados como commodities o mercancías. Esto, además de flexibilizar los controles ambientales ha abierto este mercado de bienes a la inversión, fundamentalmente a la extranjera, con pocas regulaciones. Lo que ha redundado en un empobrecimiento de las comunidades locales.

-Y las grandes beneficiadas de esto son las mineras.

-Sí. Desde una perspectiva de crecimiento, los beneficios que el modelo chileno ha otorgado a la gran minería han evidenciado que por la vía de las exenciones tributarias o de pago de patente, específicamente en el caso del agua -que se constituye de forma gratuita y perpetua-, finalmente ha subsidiado a las empresas mineras. Lo que no se condice con lo que éstas reportan a la economía nacional, si uno considera los impactos que esto viene generando en amplios territorios, fundamentalmente las economías locales. De hecho, si uno mira la redistribución del royalty minero la mayoría se concentra en Santiago. Y a la segunda región, que es la que recibe la mayoría de estos impactos, apenas le queda un 2 o 3 por ciento de ese dinero.

Minería: la próxima industria del salmón

-¿De qué forma afecta esta situación a los pueblos indígenas?

-En el proceso de desintegración cultural que está generando. De hecho se observan procesos de despoblamiento por falta de agua. Además, enfrentan frustración y discriminación, fundamentalmente del Poder Judicial. No se encuentran en condiciones de igualdad para poder defender sus derechos en relación con las empresas mineras. Todo esto genera una situación de desesperanza aprendida. Porque a la larga sienten que el asunto se va a aprobar sí o sí, por lo que se ven forzados a aceptar las condiciones de negociación que las empresas les imponen.

-¿Ve voluntad política para lograr cambios en esta realidad?

-No. No obstante la fuerza de los hechos debiera cambiar esta estrategia. Sobre todo al ver cómo la misma industria por falta de regulaciones termina comprometida. El caso del salmón es emblemático al respecto y la gran minería podría ser la próxima industria del salmón. Esto, por cierto, si al cabo de 10 años, con calentamiento global de por medio, no existen aguas en el territorio chileno que te permitan desarrollarla.

Fuente: lafogata.org