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Perú

7 de junio del 2003

Perú: La crisis no resuelta

José Ríos Ríos
Argenpress
El Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del SUTEP ha firmado un acuerdo de solución al conflicto magisterial, ratificando los 40 puntos ya logrados, estableciendo como incremento salarial los 100 nuevos soles y el incremento del 100% del salario magisterial al 2006, y por último, señalando los puntos pendientes. La palabra la tiene la Convención del Sábado, donde la mayoría de las bases de todo el país dirán su palabra, no obstante que ya un sector ha adelantado opinión en contra, acusando de traición al CEN.

También los trabajadores del Poder Judicial han llegado a un entendimiento que da término al conflicto, ellos ya se reincorporaron ayer (el número de trabajadores judiciales, 4 mil, hace muy sencillo tomar decisiones, frente a los 305 mil maestros que comprende la huelga del magisterio además del factor de la escisión que sólo el sindicato de maestros del Perú tiene en forma tan agresiva) luego lograr sus principales demandas.

No obstante este desenlace, la estabilidad del gobierno sigue amenazada por la pérdida cada vez más fuerte del respaldo a la gestión gubernamental. Todo indica que el nivel de aprobación a Alejandro Toledo está en un dígito (de 8 a 9 puntos), y el rechazo ya superó las 4/5 partes (84%), ello explica la irrupción de un nuevo factor de desestabilización: el pronunciamiento de un grupo militar que exige la salida del presidente Toledo, denunciándolo por traición a la patria al estar 'entregando el mar de Grau' a los poderes extranjeros, y de haber convertido el Estado en un botín del puñado de burócratas dorados (todos pagados en gruesas y obscenas cifras en dólares usa, en cantidades inversamente proporcionales a sus condiciones y calificaciones).

El problema fiscal, cuyo forado no puede ser más persistente, se pone en el tapete de discusión, ahora más que nunca, y ha dado 'pista' a la derecha más recalcitrante para desarrollar una contra-ofensiva: ya que no han podido con el tema de los salarios magisteriales, pues la realidad aplastante del conflicto los paralizó en gran medida, ahora vienen con el tema de las pensiones, y no sólo las de la 20530 (cuya característica más criticada es la jubilación por tiempo de servicios: 30 años para los hombres y 25 años para las mujeres, estando limitadas casi permanentemente por topes salariales) sino también, con la 19990, agitando el cuco de la 'deuda previsional' (antes hablaban de 40 mil millones de dólares, ahora hablan de 64 mil millones de dólares, que de ser reales, es lo que el Estado y los Empresarios tienen como valor presente neto de las de su supuesta proyección expectaticia).

Nuevamente blanden la amenaza de eliminación de las exoneraciones a las zonas de menor desarrollo, cuando lo que está en cuestión, y es realmente urgente es la eliminación de las exoneraciones a la gran empresa y a las instituciones religiosas, cuyos montos se estiman en varios miles de millones de dólares, el Perú es un verdadero paraíso fiscal, donde el grueso de la tributación recae en los hombros y el bolsillo del pueblo, rasgo de lo más regresivo en el tema tributario.

La salida a esta situación tiene que ser una salida política, salvo que se pretenda que el conflicto se agrave para buscar un golpe militar de derecha. El país requiere redefinir su arquitectura legislativa, convocando a una Asamblea Constituyente con facultades legislativas, y requiere renovar autoridades políticas, renuncia del presidente mediante. No hay otra forma de cambiar las cosas, por lo menos en el actual período donde el pueblo no tiene la fuerza suficiente para asumir el Poder, tampoco tiene los niveles de organización que le den la capacidad de gobierno.

La derecha y la clase social que representa, la burguesía mercantil asociada capital extranjero, tienen que pisar tierra, el pueblo no volverá a aceptar pasivamente la superexplotación: es cierto que no puede hacerse del Poder aún , pero no es menos cierto que ya las capas burguesas no pueden manejar al país como si fuera su chacra.