MASA PERU:

Monseñor Fernando Vargas Ruiz de Somocurcio, quien encabeza la llamada "Comisión de Alto Nivel" nombrada por Toledo, fue hace años uno de los principales auspiciadores del despegue en el Perú de la secta destructiva del Sodalitium, grupo totalitario promotor de la Universidad San Pablo que firmó y confirmó su apoyo a la privatización de las empresas eléctricas EGASA Y EGESUR a espaldas y en contra de la opinión mayoritaria del pueblo arequipeño.
Hoy, Monseñor Vargas, es un jubilado estatal que recibe una pensión mensual equivalente al 80% de la remuneración total de un Vice-Ministro de Estado según el D.S. 146-91.EF, es decir 26,800 Nuevos soles, de acuerdo a la nueva remuneración homologada por decreto supremo número 048-2002-PCM que secunda el Decreto de Urgencia 126-2001 publicado el 23 de noviembre del 2001, dinero que sale de todos nosotros con el pago de nuestros tributos.
Luego de mencionar ayer que "lo hecho, hecho está", refiriéndose a la privatización, ha adelantando opinión y se ha autodescalificado como un auténtico mediador entre las posiciones del Gobierno central y Arequipa. Además, como funcionario estatal jubilado con tan jugosa pensión, no hay méritos para que defienda la causa de los hoy engañados, injuriados, masacrados, despreciados y empobrecidos arequipeños.

La Privatización en el debate
Raúl Wiener raulwiener@yahoo.com.ar

El rostro humano que iba a imprimir Toledo resultó una mueca grotesca

En el único lugar en el que el congresista Valderrama podía haber sido abucheado por su actitud de interrumpir el acto de apertura del único sobre con el que la cantada empresa belga Tractebel iba a llevarse al peso las generadoras eléctricas de Arequipa y Tacna, era en los acondicionados ambientes del edificio de Petroperú, a más de mil kilómetros de los verdaderos acontecimientos.
Efectivamente en este mismo escenario los asistentes romperían luego en aplausos al informarse que Tractebel, seguro de ganar, había ofrecido 147 millones de dólares, 10 menos del precio de base, por Egasa, y había comprado Egesur con el sencillo (20 millones). Estos de la sala de Petroperú deben representar, con las justas, el punto de vista de un 5% de los peruanos. Pero pretenden estar encarnando una singular democracia enfrentada al rechazo cada vez más amplio a la privatización y que se manifiesta en las encuestas, las movilizaciones, los paros, las huelgas de hambre y la revuelta de los pueblos del sur.
¿Qué aplauden?, se podría decir. Puede ser el hecho que una empresa extranjera que no ofreció siquiera el precio base, que ya era inferior en 40% al valor real de activos, se haya llevado una unidad económica que en menos de cuatro años puede pagar toda la inversión, y lo demás irá gratis. O que se haya violado la ley eléctrica que trata de impedir la concentración de propiedad de las generadoras, cuyo límite ya fue desbordado por Tractebel al ser titular de la generadora de Ilo-Southern, la más
poderosa del sur, a la que suma ahora Arequipa y Tacna. O, tal vez, que no haya habido más que un sólo postor, por lo tanto ninguna competencia en la oferta final. O, en definitiva, que la ganadora tenga un rabazo de paja en su trayectoria internacional como parte del grupo francés Suez y en el Perú esté siendo investigado por la coima a Fujimori.
Que se haya concretado la transacción cuando de por medio hay una sentencia judicial en firme amparando el derecho de la región de Arequipa sobre sus empresas y que ordena a Proinversión, Fonafe y al gobierno de Toledo, no afectar estos bienes, no puede verse sino como un extremo que supera todas las audacias de la privatización anterior. Y que haya llegado a exasperar los ánimos de arequipeños, cusqueños, tacneños, puneños y demás pueblos de provincias por la prepotencia de seguir adelante contra todo y contra todos, hasta el punto de que estas provincias hayan llegado a desconocer al presidente, es un récord difícilmente igualable. La verdad es que el resultado final de la privatización no podía haber sido peor. Y cuando se dice eso, se está diciendo peor que Fujimori. Con cientos de policías movilizados hacia el sur en aviones. Con alcaldes, congresistas y jueces enfrentados con el gobierno. Con regiones sublevadas, etc. ¿Por qué todo esto?.

Una nueva situación

Casi un golpe de Estado, un desgarro brutal de la nación que acaba de recuperar la democracia: ¿para qué?. ¿Acaso porque el gobierno de noble corazón quiere ponerle luz a los que no la tienen, o porque desean regalar dinero a las regiones para que hagan la carretera con la que sueña la Cámara de Comercio?. ¿Alguien cree algo de esto?. No, la idea que está recorriendo al país es otra. El gobierno está presionado total y absolutamente por el FMI y sus agentes en el gabinete: Dañino, Kuczynski, Quijandría, Vega Llona, para dar la señal de que sí es capaz de entrar al aro de la privatización o si no se atreve. Ahí se está jugando sus conexiones con el exterior y la vigencia del iluso programa que espera que el dinero de exterior se encargue de crear trabajo para los peruanos.
Pero como nadie se mete así nomás en el río revuelto de las promesas incumplidas, de los pueblos indignados y de las autoridades enfrentadas, lo que ha terminado por producirse es una corrida de posibles postores y una necesidad ineludible de concertar con alguno de ellos para que permanezca hasta el final, con la seguridad de que ninguno de esos problemas (paros, jueces o interpelaciones), podrá afectarlo. Es casi obvio que esta colusión bajo la mesa es en sí mismo un acto de corrupción. Y esto se expresa en que la concursante sobreviviente hasta el momento de la apertura del sobre en el auditorio de Petroperú haya resultado siendo la más dudosa de todos los participantes. Acusaciones de intervención en procesos corruptos en diversas partes del mundo afectan a Tractebel y a su matriz francesa, y aquí en el Perú lo persigue una denuncia de soborno durante los años 90 a favor del propio Fujimori.
Sometimiento al compromiso establecido en la Carta de Intención de reunir por los menos 700 millones de dólares por privatizaciones, para cubrir deuda y pagar déficits. Amarre con la empresa extranjera que se ha beneficiado del conflicto para pagar menos y de la ausencia de vigilancia moral del Estado para solapar sus
antecedentes. Ruptura radical con los pueblos que fueron los bastiones del efímero toledismo. Corren las apuestas sobre el porcentaje que obtendrá Toledo en las próximas encuestas nacionales: ¿12%?, ¿10%?.

JDC: graves acusaciones

El cuarto vicepresidente del Congreso, Javier Diez Canseco, considera que el gobierno ejecutó la venta de las empresas generadoras a un precio vil, porque estableció un precio base muy por debajo del valor real y al final en ausencia de otros postores ni siquiera consiguió que ese ridículo mínimo fuera respetado. La belga Tractebel ya había sido voceada como la favorita del gobierno, la que recibiría las empresas del sur. Al final cuando empezó el desbande de concursantes, Tractebel no se movió de su sitio porque tenía seguridades del gobierno que otros seguramente no habían recibido. Ironizando el congresista dijo "yo ya había adivinado hace varios meses el nombre de la ganadora del concurso y lo dije públicamente, ¿adivinen ustedes cómo lo hice?".
Tractebel está acusada de haber entregado a Fujimori un soborno millonario, apunta Diez Canseco. "¿Qué garantías de transparencia y honestidad puede existir sobre ella y sobre el gobierno que le permitió postular sin observarla?", agregó. "Es casi la misma política del fugitivo ex presidente Alberto Fujimori, quien como
dictador no tuvo en cuenta la opinión de la población que con justo derecho reclama sus derechos".
"La única empresa postora para adjudicarse de las empresas generadoras en conflicto, pagó la ridícula suma de 147 millones de dólares para Egasa y 20 millones de dólares para Egesur haciendo un total de 167 millones cuando los activos fijos de ambas unidades llegan a 340 millones de dólares", dijo Diez Canseco. Los activos fijos de Egasa valen 280 millones de dólares, que generan utilidades hasta 80 millones y pago en tributos al Estado por 12 millones. Los activos de Egesur se avalúan en 58 millones.
Asimismo, el congresista señaló que con la venta de ambas empresas de servicios eléctricos el 20 por ciento de trabajadores serán despedidos inmediatamente, mientras el 80 por ciento serán cesados en los próximos meses, es decir se acerca un despido masivo.
Finalmente, Diez Canseco anunció que la próxima semana presentará la denuncia constitucional contra el Ministro de Justicia Fenando Olivera Vega por interferencia e intimidación al poder judicial que aceptó la acción de amparo para frenar las privatizaciones de Arequipa.

Tractebel no cree en promesas ni compromisos

"No quiero prometer nada para el futuro. No hay nada peor que las promesas", opinó ayer Klaus Huys, gerente de Tractebel para el Perú durante una larga entrevista transmitida por radio. Los que lo escuchaban no sabían, por cierto, si esto era una alusión al presidente y a las consecuencias de su desafortunada demagogia de campaña, o si se trataba de una manera de decir que harían lo que les dé la gana.
Lo que seguiría pocos minutos después aclararía el panorama. El mismo Huys afirmaría no estar en condiciones garantizar que no habrían despidos en las empresas Egasa y Egesur, recientemente adquiridas en cuestionado concurso público. "Yo no garantizo nada porque no soy un hombre de promesas". O sea no garantiza la estabilidad del 80% de la planilla que ofrecía el gobierno para dos años, ni las tarifas justas que dice la propaganda y, seguramente, tampoco la inversión que figura en el contrato.
El hombre que no hace promesas desbarató de esta forma las claves del nuevo rostro humano de la privatización toledista, que se escuchan en la propaganda de Proinversión: privatización con trabajo, privatización sin alza de tarifas y privatización con obras. Lo que se tiene ahora por boca de Huys es privatización que no se compromete a nada. Así radpidito. Como para confirmar lo que pasó los diez años anteriores y que el gobierno no ha querido entender. Porque cuando se establece el principio de que nadie puede obligar a los privados lo que debe hacer, no puede pretender que privatizando va a conseguir que las empresas, que como en este caso, son las mismas que llegaron con Fujimori, cumplan con la conducta que el Estado espera de ellas.
"No hemos venido a robar, no somos vikingos", anotó finalmente a manera de excusa sobre las acusaciones que se hacen sobre su empresa por una oscura actuación en el país y en distintos lugares del mundo.

Una multinacional de la coima

El prontuario de la matriz de Tractebel es aterrador

Tractebel es una subsidiaria de la compañía Suez, que es un nombre abreviado de Suez Lyonaise des Eaux. Mientras Tractebel es la división de energía, Ondeo lo es de agua y Sita de desagües. Suez ha tenido una larga historia de escándalos de corrupciones en los 30 países que opera. Algunos de ellos son.

EN FRANCIA

En Grenoble en 1996 un ex alcalde, un ministro de gobierno y un alto ejecutivo de Suez-Lyonnaise des Eaux, compañía matriz de Tractebel, recibieron sentencias de prisión por dar y recibir coimas para un contrato de aguas a una subsidiarias de Lyonnaise des Eaux. Después de diez años el contrato de concesión con la ciudad fue subrogado por haberse probado que de manera continua la empresa había coimeado al alcalde, pagado los costos de su campaña electoral y de la contracampaña sobre sus adversarios. La concesión revirtió al municipio.

EN INDONESIA

En Jakarta, Indonesia en 1997, las concesiones de agua fueron entregadas a dos consorcios internacionales, uno de ellos de Lyonnaise des Eaux. Ambos consorcios incluyeron como directores a amigos directos del sanguinario dictador Suharto. El precio del agua llegó a las nubes. Después de la caída de Suharto, los demócratas y sindicatos han estado demandando que estos contratos sean cancelados.

EN FILIPINAS

En 1997 el Banco Mundial exigió que se privatizara el agua en Manila. La mitad de la concesión fue otorgada a un consorcio liderado Suez- Lyonaise. De 7,370 empleados, la planilla se redujo a 4,580 y no obstante que las bases de la licitación especificaban precios regulados, estos fueron doblados.

EN ALEMANIA

En 1992 la ciudad de Rosctock privatizó el agua asignándola a Eurawasser (cuyo 50% era propiedad de SUEZ, a través Lyonnaise des Eaux). Dos años después el consumo de agua bajó y se elevaron las tarifas de agua en 24% y las de desagüe en 30%.

EN KAZAKHSTAN

El presidente del banco de Eurasia Alexander Mashkevich confirmó en febrero del 2000 en una conferencia de prensa en Almaty, capital de Kazakhstán haber recibido, en 1996, US$ 55 millones de Tractebel, subsidiaria belga del consorcio Suez. Tractebel había logrado la concesión eléctrica y de calefacción en esta ciudad.

EN BRASIL

En 1995, una compañía subsidiaria de Lyonnaise des Eaux, recibió en concesión la gestión de agua en la ciudad de Limeira. Todos los obreros fueron despedidos y solo se mantuvo el 60 % de los empleados.

EN ARGENTINA

Aguas Argentinas, la gigantesca empresa que sirve agua potable y desagüe al gran Buenos Aires, fue entregada en propiedad a Lyonaise des Eaux, que financió los US$ 60 millones que necesitaba para hacer conexiones con las áreas pobres mediante incrementos de hasta US$ 4 en la cuenta mensual de los bonaerenses para cubrir estos 'costos sociales'. Esto motivó fuertes protestas. El incremento del costo de vida por los servicios privatizados ha sido uno de los factores de la crisis argentina y del derrumbe del modelo económico.

DICEN LAS MALAS LENGUAS

Nadie puede discutir que el grupo Suez funciona directamente en política. Notorio el caso de su director Jerome Monod, que ha sido jefe de asesores de Jacque Chirac. El funcionario más alto de Suez Lyonnaise des Eaux, Gérard Mestrallet, ha mantenido posiciones como ministro francés de transporte, economía y finanzas y ha sido un asesor en asuntos industriales del ministro de finanzas.
En otros países también se han verificado estas conexiones como lo mencionado para Indonesia, lo que se repite en el caso filipino, argentino y otros. En el Perú se corre el rumor que la Suez tuvo que ver con la financiación de la campaña electoral de Toledo y que en retribución el cholo electo se dio una pasada por París antes de la juramentación para anunciar desde la ciudad luz la privatización de Sedapal, para que todos entendieran quién sería el beneficiario. Anteriormente la filial belga, Tractebel, se involucro en oscuros tratos
con Fujimori, al punto que no hace mucho estallaron denuncias en Bruselas sobre las coimas que la transnacional habría depositado en cuestas personales del dictador.
Ahora esta misma empresa resulta la nueva propietaria de Egasa y Egesur y anuncia que pondrá su oficina central en la ciudad blanca. ¿Se lo permitirán los arequipeños?.