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"MIREN COMO NOS HABLAN DEL PARAÍSO" |
El otro rol de Benedicto XVI
Iglesia y Estado
Kal Raustaliala y Lara Stemple
En el apuro por examinar las implicaciones teológicas de la asunción de
Joseph Ratzinger como papa, la mayoría de los comentaristas ha pasado por alto
un hecho tan importante como llamativo. El nuevo papa no es meramente el líder
espiritual de una religión; es también un jefe de estado. Benedicto XVI
encabezará al cuerpo gobernante de la Iglesia –conocido como la Santa Sede–, que
reclama para sí el estatus de estado soberano. En este rol, el nuevo papa
ejercerá influencia sobre temas de importancia global. Sus antecesores de la era
moderna han firmado tratados internacionales, tales como la Convención sobre los
Derechos del Niño y la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas
las Formas de Discriminación Racial. La Santa Sede también ha participado en
conferencias mundiales y ha desempeñado un rol político clave en las Naciones
Unidas. Durante años, ha participado tras bambalinas en las negociaciones
internacionales acerca de una gama sorprendentemente amplia de temas, entre
ellos el desarrollo de la Corte Penal Internacional.
Que la Santa Sede sea tratada como un estado en el sistema internacional es un
hecho que sorprende a muchos. Pero es también sumamente problemático, por varias
razones. Por una parte, la Iglesia no es verdaderamente una nación
soberana, y permitirle asumir dicho rol en el escenario internacional es una
burla contra la definición de "estado". Más importante aún, el rol de la Iglesia
como estado le confiere una influencia política mayor de la que tendría bajo
otras circunstancias, lo que le otorga un poder político desmesurado a una sola
religión. Y esto es particularmente preocupante ahora que un papa conservador ha
sido sucedido por otro aún más conservador.
¿Cómo llegamos a esta situación? El concepto de estado soberano se desarrolló
por primera vez en Europa, y la Iglesia fue tratada durante largo tiempo como un
cuasi-estado por otros poderes occidentales. De hecho, los Estados Papales
existieron durante siglos al interior de Italia. En su apogeo, durante el siglo
XVIII, los Estados Papales comprendían la mayor parte de Italia central e
incluso partes de lo que ahora es el sur de Francia. Pero las posesiones
territoriales se perdieron en varias guerras y rebeliones, y para fines del
siglo XIX el Vaticano estaba esencialmente carente de territorio. Luego, a fines
de la década de 1920, la Ciudad del Vaticano fue separada de Roma a través de un
tratado con Italia. Pese a la oposición de muchos sectores, entre ellos algunos
conservadores como el Senador Jesse Helms, Estados Unidos inició relaciones
diplomáticas formales con el Vaticano durante la administración Reagan. Hoy en
día, casi todos los países tienen lazos diplomáticos con el Vaticano.
El estatus de la Iglesia como una nación soberana persiste pese al hecho de que
la Santa Sede carece virtualmente de todas las características legales propias
de un estado. Es cierto que el Vaticano administra un servicio de correos de
gran popularidad e incluso acuña su propia moneda. Pero el derecho internacional
exige que los estados tengan cuatro atributos: territorio, una población
permanente, un gobierno en funciones y la capacidad para establecer relaciones
internacionales. El último requisito depende en gran medida de los
anteriores: que un estado pueda establecer relaciones internacionales se
determina generalmente a partir de que otros estados lo traten como tal.
En el caso del Vaticano, existe algo de territorio. Pero cualquier visitante
podrá notar que el "estado" de la ciudad del Vaticano está ubicado en medio de
Roma y es bastante compacto; de hecho, su tamaño equivale a poco más de la mitad
del Mall de Washington, D.C. Depende de Italia para sus servicios de agua,
policía y bomberos y existe sólo para contener una pequeña cantidad de oficinas
y edificios religiosos.
Decir que el Vaticano posee una población permanente es aún más difícil. La
mayoría de los residentes de la ciudad del Vaticano son miembros de la jerarquía
de la Iglesia, que está conformada exclusivamente por varones. Su número es
inferior al contingente de estudiantes que tienen muchas escuelas secundarias:
unos 1.000 (el sentido común señala que la Santa Sede no puede pretender incluir
entre su población a los mil millones de católicos de todo el mundo; ellos son
seguidores religiosos voluntarios, no ciudadanos; además, ya son ciudadanos de
estados como Polonia y Perú y, como tales, ya están representados en las
Naciones Unidas). En resumen, la pretensión de conferirle al Vaticano la
condición de estado subvierte el concepto mismo de "Naciones Unidas", la que, a
fin de cuentas, se supone que está compuesta por naciones.
Otro problema con esta pretendida condición de estado puede parecer trivial,
pero conlleva un poderoso simbolismo: el papa no es un líder democrático; él no
es elegido por los ciudadanos de su país, ni tampoco por los demás católicos. Si
el papa fuera sólo un líder religioso, esto no sería problema; después de todo,
son pocos los líderes religiosos elegidos democráticamente. Pero, dado que el
papa también afirma ser jefe de estado, debe ser juzgado como tal. Y las
Naciones Unidas han señalado insistentemente que los líderes de estado de todo
el mundo deben ser elegidos democráticamente.
Lo más problemático, sin embargo, es que la extravagante práctica de tratar a la
Iglesia Católica Romana como un país tiene serias implicaciones políticas para
la igualdad de las mujeres, los derechos de los homosexuales y la libertad
reproductiva. Desde luego, la Santa Sede niega injustamente el acceso de las
mujeres a los puestos clave de la Iglesia; pero el ficticio carácter de estado
del Vaticano además le permite promover sus retrógrados valores de género en
foros multilaterales. Por ejemplo, durante negociaciones para la primera
conferencia de seguimiento a la Conferencia Internacional sobre Poblaciones y
Desarrollo, la Santa Sede abogó por reemplazar la expresión "respeto de los
derechos de las mujeres" por "respeto del estatus de las mujeres". También
durante esta conferencia, la Santa Sede habló contra el uso de la anticoncepción
de emergencia para mujeres que fueron violadas por fuerzas serbias en Kosovo y
logró bloquear toda mención de esta importante medida en el documento final de
la conferencia. Al ratificar la convención por los derechos del niño, la Santa
Sede señaló que la convención debería "salvaguardar los derechos del niño antes
y después del nacimiento". Y, durante negociaciones sobre la Corte Penal
Internacional, la Santa Sede presionó para excluir los "embarazos forzados" –la
práctica de la limpieza étnica a través de la violación– de la lista de crímenes
de guerra.
Todo lo que sabemos acerca del papa Benedicto XVI sugiere que es probable que
sea políticamente más agresivo que su antecesor. El acceso especial que disfruta
el Vaticano dentro del sistema de la ONU le permitirá usar su peso diplomático
en contra de iniciativas para ampliar el acceso a los anticonceptivos, proteger
los derechos de las mujeres y combatir la discriminación contra hombres y
mujeres homosexuales. Y este acceso especial no se usa con moderación. Los
delegados de la Santa Sede ya hablan ante la Asamblea General de la ONU o uno de
sus componentes más o menos una docena de veces al año. El Vaticano participa en
la Organización Mundial de la Salud, la UNESCO, la Organización Mundial de la
Propiedad Intelectual y la Conferencia de la ONU sobre Comercio y Desarrollo. En
el 2004, se le otorgó a la Santa Sede una ampliación de sus privilegios en la
ONU que le permitirá un acceso aún mayor, una medida que llamó poco la atención
y tampoco despertó protestas. Aunque todavía no pueden votar, los delegados del
Vaticano en la ONU ahora pueden hablar ante la Asamblea General sin permiso;
también pueden presentar mociones de orden y co-patrocinar borradores de
resoluciones incumbentes al Vaticano.
No parece muy sabio otorgarle un acceso tan grande a la elaboración de políticas
en la ONU a un cuerpo religioso que no tiene que vérselas con los problemas
prácticos que debe enfrentar un estado. Después de todo, es mucho más fácil
ponerle barreras al uso del condón cuando el trabajo de combatir el azote del
SIDA en la vida real le corresponde a otros.
Incluso el papa Juan Pablo II reconocía lo absurdo de la pretensión del
Vaticano. Cuando Vladimir Putin visitó la Ciudad del Vaticano algunos años
atrás, ofreció invitar al papa a Rusia para una visita de estado formal. Los
líderes de la Iglesia Ortodoxa Rusa se opusieron a la visita del pontífice, al
considerarla una intrusión de Roma en su territorio. Putin propuso una solución.
Según cuenta Putin, él le dijo al papa: "Estoy dispuesto a invitarlo en su
calidad de jefe de estado. Yo, como jefe de estado, lo invito a usted como jefe
de estado". El papa respondió: "Mire por la ventana. ¿Qué clase de estado tengo
aquí? Usted puede ver todo mi estado justo desde esta ventana". Ojalá el resto
del mundo pensara lo mismo.-
Kal Raustaliala es profesor de derecho (UCLA) y Lara Stemple es abogada de
derechos humanos
Publicado originalmente en inglés por The New Republic, 29 de abril de 2005
