En una votación dividida –nueve votos contra siete– el Tribunal Supremo de
España declaró ilegales las listas de candidatos presentadas por la coalición
electoral Bildu, integrada por las formaciones soberanistas vascas Eusko
Alkartasuna (EA) y Alternatiba, ambas legales, y por candidatos independientes
de la izquierda abertzale. Los magistrados del Poder Judicial español
valoraron las acusaciones del gobierno de ese país europeo, según las cuales los
candidatos independientes de Bildu son, en realidad, cuadros vinculados con la
formación política independentista Batasuna, declarada ilegal desde 2003 por sus
presuntos nexos con ETA.
Al igual que como ocurrió hace tres semanas, con la decisión judicial de
ilegalizar el partido abertzale Sortu, en la resolución de ayer salió a
relucir una argumentación falaz por parte de los magistrados, así como una
aplicación facciosa y personalista de las leyes: no otra cosa es el alegato de
que las listas de candidatos de Bildu se encuentran contaminadas por antiguos
integrantes de Batasuna. Es claro que esas consideraciones no son propias de un
razonamiento apegado al estricto rigor jurídico –ni siquiera en el marco de la
impugnada y retrógada Ley de Partidos española–, sino a criterios políticos, y
que las autoridades españolas han pasado de la persecución policial de ETA a la
ilegalización de prácticamente cualquier expresión de independentismo en el País
Vasco.
La paternidad de esta cacería de brujas recae lo mismo en el Partido Popular que
en el Socialista Obrero Español, por más que a este último corresponda ahora
ejecutarla, en su calidad de fuerza política gobernante. Para los populares, el
episodio comentado representa un nuevo logro en sus intentos por intoxicar a la
opinión pública ibérica y convencerla de que cualquier concesión al
independentismo vasco equivale a una muestra de debilidad y claudicación ante el
terrorismo. Por lo que hace a los socialistas, la embestida contra Bildu pone en
relieve su afán de demostrar que pueden ser tan implacables e irreflexivos como
sus contrapartes, aunque ello implique vulnerar los derechos políticos de
cientos o miles de ciudadanos vascos, y colocar la vida democrática en Euskadi
en una circunstancia de excepción a todas luces injusta.
Con todo, la unidad de los dos bloques principales de la clase política española
no alcanza para legitimar la política de persecución y criminalización aplicada
desde Madrid al independentismo vasco. Un indicador claro al respecto es la
división dentro del Tribunal Supremo español en las votaciones que ilegalizaron
a Sortu y a Bildu, pero también el rechazo que esas resoluciones han suscitado
en estamentos partidistas moderados, como el Partido Nacionalista Vasco (PNV):
si en otra circunstancia ese grupo político habría podido capitalizar
electoralmente la proscripción de la izquierda abertzale, ahora su
dirigencia califica de imprescindible la presencia de Bildu en las elecciones
locales del próximo 22 de mayo, acaso considerando que, sin la representación en
las urnas de un sector importante del electorado vasco, el propio PNV podría ver
reducido su margen de maniobra y su legitimidad.
Finalmente, no debe pasarse por alto el riesgo de que todo esto pueda
convertirse en un lastre adicional para lograr una salida al conflicto político
que se vive en esa región del noreste español, en la medida en que exacerbe los
ánimos independentistas y alimente el escepticismo hacia la efectividad política
de la vía institucional. Cabe esperar que las autoridades de Madrid cobren
conciencia que la continuidad de un marco legal excluyente y ominoso, como el
que ha hecho posible la ilegalización de fomaciones independentistas vascas
legítimas, pacíficas e institucionales, no es la solución a las problemáticas
regionales en el territorio español, sino parte del problema.
Fuente: http://www.jornada.unam.mx/2011/05/02/index.php?section=opinion&article=002a1edi