Euskal Herria, Abril de 2008

Identificaci�n del sumario
La represi�n contra el pueblo vasco por parte del Estado espa�ol, y en diferente medida, del franc�s ha sido una constante en los �ltimos tiempos. Es sencillo trazar una l�nea continua en las d�cadas precedentes que nos muestre la persistencia de la tortura, de detenciones masivas y arbitrarias, de una pol�tica penitenciaria de brutales consecuencias, de suspensi�n de asociaciones, organismos, de cierre de medios de comunicaci�n, de ilegalizaciones de partidos y de discriminaci�n total de un sector de la poblaci�n en la participaci�n en la vida p�blica, de arbitrariedad judicial, de terrorismo de estado y brutalidad policial. En definitiva, una situaci�n de excepci�n que ha generado un grave escenario de conculcaci�n de los m�s b�sicos derechos civiles y pol�ticos, escenario que hoy en d�a se nos muestra con total crudeza.
Estas circunstancias han obligado a cientos de ciudadanos y ciudadanas a crear un muro de contenci�n, a enfrentarse a la represi�n y participar en diferentes plataformas c�vicas, asociaciones de derechos humanos, organismos activistas, en lo que se ha venido a denominar el Movimiento Pro Amnist�a. De otra manera, la falta de activaci�n de ese sector y de contestaci�n social ante la represi�n habr�a supuesto una aceptaci�n claudicante de la impunidad de las estructuras de estado. Es por eso que por parte de ese movimiento se han desarrollado miles de actividades �conferencias, manifestaciones, interpelaciones p�blicas, contactos con todo tipo de agentes pol�ticos y sociales�- para reclamar un escenario de respeto de las condiciones democr�ticas b�sicas, del disfrute de los derechos civiles y pol�ticos elementales.

En ese contexto nacen hace m�s de tres d�cadas las Gestoras Pro Amnist�a, constituyendo la mayor expresi�n organizativa de la solidaridad con represaliados pol�ticos vascos y de denuncia antirrepresiva. Este organismo lleva a cabo un proceso en el a�o 2001 de unificaci�n con Koordinaketa, conformada por los comit�s de solidaridad con los presos pol�ticos de Ipar Euskal Herria, bajo administraci�n francesa, proceso del cual surge Askatasuna, que engloba as� esa din�mica en todo el territorio vasco. En definitiva una asociaci�n que centra su campo de actuaci�n en la promoci�n y protecci�n de los derechos humanos de las victimas de la represi�n, que lucha por la erradicaci�n de la tortura, por la defensa de los derechos de los ciudadanos vascos detenidos y encarcelados y por la superaci�n de las causas que originan esta violencia de estado.

Este trabajo se ha desarrollado siempre en la m�s absoluta legalidad y con una continua expresi�n p�blica de sus tareas -ruedas de prensa, convocatorias de movilizaciones, organizaci�n de debates, conferencias y mesas redondas, recopilaci�n de informaci�n y datos de la represi�n as� como su difusi�n por medio de informes y publicaciones, interlocuciones p�blicas a otras organizaciones sociales, partidos pol�ticos, sindicatos...-. Es as� que Gestoras Pro Amnist�a�Askatasuna se han convertido en referencia obligada del movimiento popular, con un acreditado reconocimiento social y con una importante capacidad de movilizaci�n y de comunicaci�n con la sociedad vasca. Se puede decir que esta organizaci�n est� extendida a todos los pueblos y barrios del Pa�s Vasco, participando de sus iniciativas miles de personas.

Operaciones policiales

Este trabajo y los objetivos anteriormente citados fueron criminalizados y de facto suspendidos con car�cter preventivo tras la operaci�n policial llevada a cabo por el juez de instrucci�n del Juzgado Central de Instrucci�n N� 5, Baltasar Garz�n. El 31/10/01 se lleva a cabo por orden de este juez una operaci�n, que se sald� con la detenci�n de 12 portavoces y responsables de diferentes �reas[1] de de este organismo bajo la acusaci�n de integraci�n en organizaci�n terrorista. Juan Mari Olano, su coordinador nacional ser�a detenido semanas despu�s en Baiona �Ipar Euskal Herria, bajo administraci�n francesa- y tras un largo proceso, extraditado al Estado espa�ol. Estos compa�eros y compa�eras han estado en prisi�n preventiva sin juicio durante el l�mite m�ximo que tolera la legislaci�n espa�ola para estos casos, de cuatro a�os. La presunci�n de inocencia ha reventado, la condena se ha comenzado a cumplir antes de que se desarrolle el juicio. Ser�n puestos todos ellos y ellas en libertad con altas fianzas en mayo y junio de 2004.

En el marco de esta operaci�n se desata desde medios de comunicaci�n y responsables pol�ticos una campa�a contra la actividad de letrados y letradas que trabajan en casos calificables como "pol�ticos", con el argumento de que dichos abogados pertenecen al "frente de macos" �c�rceles� de la organizaci�n armada. As�, la madrugada del 30 al 31 de octubre de 2001, mientras se procede a la entrada y registro de varios locales y oficinas de Gestoras Pro Amnist�a la polic�a procedi� a registrar dos despachos de abogados, como tales registrados en el Colegio de Abogados de Gipuzkoa y en el Colegio de Abogados de Pamplona. Es de destacar que el propio Juez Baltasar Garz�n, que se encontraba dirigiendo el operativo en Bilbao, fue personalmente advertido de esta circunstancia. Sin embargo el juez hizo caso omiso de estas advertencias y la operaci�n continu�, quedando precintados ambos despachos y requisados los ordenadores y dem�s documentaci�n de los doce abogados que trabajaban en ellos.

El magistrado ordenar� posteriormente el desprecinto de ambos despachos y la devoluci�n del material incautado, no sin antes duplicar todo el contenido de los ordenadores y material inform�tico as� como copiar los documentos que se secuestraron durante los registros de los despachos. Esto es una flagrante violaci�n de los derechos de los abogados al secreto profesional, as� como de otras garant�as que se deben observar. �l abogado Julen Arzuaga quedar� sujeto a este procedimiento en raz�n de este operativo.

El 05/02/03 se da una nueva operaci�n policial en contra de cinco personas[2] que ejerc�an de portavoces de Askatasuna, se registran sus domicilios as� como las sedes de la asociaci�n de familiares Etxerat en las localidades de Bilbo, Hernani y Gasteiz. El 06/02/03 el Juzgado Central de Instrucci�n n� 5 dicta resoluci�n ordenando la acumulaci�n de todas las diligencias previas a este Sumario 33/01.

Estas operaciones han tenido continuidad hasta el presente, con la nueva detenci�n el 11 de septiembre de 2007 de Juan Maria Olano y el 3 de octubre de 2007 de Ohiana Agirre, tambi�n responsable y portavoz de Askatasuna, que posteriormente ser�n ingresados en prisi�n por "reiteraci�n en la actuaci�n p�blica como representante de Askatasuna". Olano saldr� en libertad bajo una fianza astron�mica a principios de marzo de 2008, mientras que Agirre se mantiene en prisi�n en vista de nuevas actuaciones abiertas por el juez Baltasar Garz�n contra Askatasuna.

Acusaci�n

Con este sumario de investigaci�n Baltasar Garz�n suspende la actividad de Gestoras pro Amnist�a y de Askatasuna considerando il�citas desde el punto de vista penal su labor p�blica e imputa a las 17 personas en prisi�n y otras 10[3] m�s un delito de "pertenencia a organizaci�n armada".

El magistrado invierte el proceso l�gico de la instrucci�n, es decir, conseguir pruebas y llegar a una conclusi�n: se prefija un objetivo -argumentar la pertenencia de Gestoras a la estructura de ETA- y despu�s, por medio de retorcidas interpretaciones y especulaciones sin base probatoria racional, construye una explicaci�n que pretende justificar ese objetivo prefijado.

Las presuntas actuaciones delictivas de Gestoras ser�an:

�1.- Ejercer el control del colectivo de presos de ETA, enlazando y comunicando a sus integrantes y sus responsables a trav�s de algunos abogados de su bufete.
2.-Garantizar la cohesi�n interna y la sumisi�n a la disciplina org�nica de �ste colectivo a la organizaci�n, evitando cualquier iniciativa individual en la evoluci�n penitenciaria y anulando, de hecho cualquier posibilidad de disensi�n o ruptura-
3.- Cooperar y financiar en el sostenimiento de los presos y los refugiados huidos de ETA.
4.- Coordinar e impulsar las formas de lucha complementarias a las de ETA en apoyo a las movilizaciones del colectivo de presos.
5.- Recabar datos trascendentales para la seguridad interna de ETA, extray�ndolos de los procedimientos penales en los que los miembros se hallan imputados, a trav�s de alguno de los abogados de su bufete, excediendo con creces el derecho a la defensa, como se concretar� en esta causa.
6.- Se�alar a los que consideran responsables de la situaci�n y condiciones de los presos de ETA, convirti�ndolos en posibles objetivos de �sta organizaci�n; o de las personas e instituciones que no secundan las movilizaciones convocadas en apoyo o solidaridad con las desarrolladas por los presos de ETA.
7.- Aprovechar la sensibilidad que suscita la presunta vulneraci�n de los derechos de los presos de ETA para realizar captaciones que regeneran la estructura operativa de �sta.
8.- Puesta en pr�ctica y desarrollo del denominado Proyecto Alde hemendik/fuera de aqu�.[4]
9.- Coordinar y dirigir las denominadas "luchas Y y X" o Kale borroka (lucha urbana) y las "jornadas de lucha" que se desarrollan en apoyo de miembros de ETA o por el fallecimiento de estos u otras circunstancias m�s o menos aleatorias.
10.- La iniciativa y decisi�n de que el colectivo de presos de ETA inicie una campa�a de huelga de hambre un "txapeo" o encierro en celdas.
11.- Edita la revista ZOHARDIA dirigida por Mikel Korta Carri�n, procesado en el Sumario 18/98 por su integraci�n en ETA-Ekin.
Todas estas actividades las cumple Gestoras, bajo el control y direcci�n de ETA-KAS y ETA-Ekin, realiz�ndolas mediante la correspondiente instrumentalizaci�n que desarrollan los detenidos y otros imputados�.

En los puntos siguientes el sumario hace un repaso de cada uno de los detenidos para adjudicarle mayor responsabilidad en uno o en otro de los puntos anteriormente se�alados y para intentar justificar su presunta actividad "criminal", si bien no se concreta y menos a�n individualiza en que hechos delictivos han participado. Entre los elementos de imputaci�n reflejados en el auto de acusaci�n estar�a el haber pertenecido en el pasado a otras organizaciones sociales, juveniles o estudiantiles, el estar vinculado sentimentalmente a presos o refugiados pol�ticos vascos, la participaci�n en actos de homenaje a presos, elaboraci�n de campa�as, convocatoria de movilizaciones, asistencia a reuniones, desarrollo de proyectos del organismo... Actividades que en cualquier caso eran las p�blicamente desarrolladas por el organismo y que de ninguna manera podr�an ser consideradas constitutivas de delito, como demuestra el hecho de que nunca hayan sido acusados de otros delitos menores como el de apolog�a o enaltecimiento.

En el caso de otras actividades, que s� presentar�an un car�cter delictivo y apuntan hacia la acusaci�n de pertenencia a organizaci�n armada, sucede que la acusaci�n no puede aportar ning�n elemento real de incriminaci�n, evidencias racionales de criminalidad, ninguna referencia a da�os realizados contra ning�n bien jur�dico protegido por la legislaci�n penal. Nuevamente, son acusaciones gen�ricas, con t�tulo de imputaci�n colectivo que se enfrentan a la taxatividad y concreci�n que debe regir la acusaci�n penal.

Conclusiones

Ante esa acusaci�n y en esas circunstancias el d�a 21 de abril se dar� apertura al juicio oral contra estos 27 compa�eros y compa�eras del movimiento por amnist�a con una petici�n por parte del ministerio fiscal de 10 a�os de prisi�n.

Ante estos hechos queremos remarcar que la participaci�n de estas personas en diferentes �mbitos y organismos del amplio Movimiento Pro Amnist�a siempre ha sido de car�cter p�blico y transparente. La conexi�n de esta actividad social y la acci�n armada de ETA es absolutamente improcedente y sometida a argumentaciones e interpretaciones sin sustento f�ctico ni racional alguno. Somos conscientes, sin embargo, que esta aplicaci�n extensiva de tipos antiterroristas a actuaciones p�blicas y transparentes tiene ya un largo recorrido en la justicia espa�ola, tras la sentencia emitida por el Tribunal Supremo en el caso Haika-Segi[5] y la posterior de la Audiencia Nacional referente al sumario 18/98[6], lo cual no hace sino agravar la posici�n de estos compa�eros y compa�eras ante el juicio.

Este proceso es simplemente una cortina de humo que pretende desacreditar una organizaci�n social y criminalizar la labor de denuncia de la vulneraci�n de los derechos de los presos, refugiados y deportados vascos y evitar las expresiones sociales de solidaridad con este colectivo. El encarcelamiento preventivo de cuatro a�os para 13 de estas personas, la libertad bajo fianzas millonarias, la suspensi�n de actividades de este movimiento ha generado la violaci�n absoluta de la libertad de expresi�n y de los derechos de asociaci�n y de manifestaci�n pac�fica, ya que las movilizaciones y manifestaciones convocadas por este movimiento han resultado prohibidas judicialmente, suspendidas administrativamente y violentamente atacadas por las Fuerzas de Seguridad del Estado.

Este juicio constituye adem�s un hito m�s para criminalizar sin fundamentos legales la solidaridad con los presos y presas pol�ticas, la oposici�n a la represi�n y la violencia de estado, la actuaci�n de defensa de los derechos humanos. Los estados, obcecados en mantener la estrategia de la represi�n contra sectores cada vez m�s amplios de este pueblo, precisan de mayores niveles de impunidad.
La actuaci�n de la Audiencia Nacional como instrumento de aplicaci�n de la legislaci�n especial antiterrorista, ejemplo evidente de la "legislaci�n del enemigo" nos muestra la imposibilidad de recibir tutela judicial efectiva ante este tribunal de excepci�n. M�s a�n, teniendo en cuenta los precedentes anteriormente mencionados, consideramos que la vista oral supondr� simplemente una escenificaci�n sin contenidos para adjudicar una sentencia pol�tica redactada de antemano. No esperamos pues, justicia de este tribunal. Si por el contrario, una oportunidad de explicar a la sociedad vasca e internacional lo que somos y por lo que hemos luchado.
Este tipo de actuaciones pol�tico-judiciales nos alejan m�s a�n de los objetivos compartidos con la sociedad vasca de finalizaci�n de la represi�n y de resoluci�n definitiva del conflicto vasco.

Fuente: lafogata.org

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