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Responsables de ELA-Gazteak presentaron la pasada semana un informe sobre la dificultad de acceso a la vivienda para los jóvenes, a partir de datos recabados en las propias instituciones, y se refirieron a la recién aprobada Ley de Suelo para el País Vasco, sobre la que destacaron que no atajará los problemas con los que se encuentran los colectivos más desfavorecidos.

Representantes del Area de Juventud de ELA expusieron una relación de datos que ponen al descubierto la gravedad de la situación por la que atraviesan diversos colectivos a la hora de acceder a una vivienda, y se detuvieron particularmente en la situación de los jóvenes, ya que junto a las mujeres, familias monoparentales e inmigrantes, «tienen que hacer lo imposible para conseguir una vivienda».
Los representantes sindicales, que destacaron que «la vivienda es un derecho fundamental universal, que no está siendo garantizado por las instituciones», se refirieron a la Ley de Suelo aprobada el pasado viernes por el Parlamento de Gasteiz, para destacar que no va a solucionar el problema.
ELA-Gazteak apuntó que la disminución de las reservas de vivienda protegida en suelo urbanizable o que «no se aborde el tema de las viviendas vacías» son algunas de las cuestiones más criticables. Criticaron asimismo que el proyecto inicial «ha ido mermando» en aras de conseguir apoyos dentro del tripartito y del PSE, entre la oposición, y consideraron que con «el zafarrancho que se ha armado, se ha visto claro la lucha de intereses para conseguir su parte de la gran tarta económica que supone este sector».

Datos sobre necesidad de vivienda recopilados por ELA

Déficit de 71.333, y 86.000 están vacías
 En Araba, Bizkaia y Gipuzkoa se han cifrado en 87.115 las necesidades de acceso a primera vivienda y la oferta no llega a las 16.000, lo que supone un déficit de 71.000 pisos. Frente a esta realidad señalaron que hay unas 86.000 viviendas vacías, por lo que su salida al mercado cubriría el déficit.
El 37,8%, con contrato temporal
 A tenor de los datos de las administraciones de Hego Euskal Herria, el 37,8% de las personas que necesitan vivienda tiene contrato temporal y el 2,2% está en paro. ELA denunció que los verdaderos índices de pobreza están camuflados, tras los jóvenes dependientes de sus familias.
La renta media de alquiler, 793 euros
ELA denunció que la renta media de alquiler es de 793 euros y el precio medio de venta de una vivienda protegida es de 93.300 euros. «Sin embargo, el precio que puede asumir la mayoría» es de 143.000 euros y «el colectivo juvenil tiene que enfrentarse a una hipoteca media de 112.138 euros.

Segi antepone el alquiler social a la Ley de Suelo

La organización juvenil Segi ha iniciado una campaña de denuncia contra la recién aprobada Ley de Suelo, que considera innecesaria. Plantea un sistema de alquiler social para aprovechar las viviendas vacías, y opina que se deben impulsar las viviendas de protección oficial descartando las tasadas, «porque no hacen más que favorecer la especulación».
El grupo de Portugalete emitió un comunicado asegurando que, con la nueva norma los ayuntamientos tendrán «vía libre para expropiar el suelo, porque estará amparado por la ley», y lamenta que el titular del suelo «estará obligado a aceptar el dinero que le ofrecen las promotoras». Considera también que, aunque el número de VPO se incrementa, un 20% de las que se construyan en suelo urbanizable van a ser tasadas y, en suelo urbano, el porcentaje de éstas será de un 10%.
La organización critica que el porcentaje de VPO disminuye (del 65% al 55%), y que crece el de las viviendas tasadas. Añade que «estas últimas «podrán ser tasadas por los ayuntamientos, por lo que los precios pueden aumentar aún más». Los gobiernos locales también podrán expropiar las viviendas vacías, «pero la ley no dice qué deben hacer con ellas, no impulsa el alquiler público», asegura.
Por su parte, el diputado general de Araba, Ramón Rabanera, opinó tras el dictamen de la comisión arbitral en contra del recurso de la Diputación alavesa contra el proyecto de Ley de Suelo, que este órgano «se ha suicidado».
Recordó que la Diputación no tenía objeciones al proyecto inicial y que las quejas se originaron tras los cambios que sufrió el proyecto, lo que, según Rabanera, provocó «indefensión» al ente foral. 

Fuente: lafogata.org