La "democracia"
española y la libertad de expresión
Ocho años del cierre de «Egin»
Editorial Gara
En la noche del 14 de julio de 1998 hoy hace ocho años cientos de policías
españoles comenzaron a tomar posiciones en las inmediaciones de la redacción
central y las delegaciones de "Egin" y Egin Irratia, así como ante los
domicilios de once personas a las que relacionaban con la empresa editora. A
partir de la medianoche comenzaron las detenciones no exentas de violencia en
algunos casos y el «cierre cautelar» del periódico y la radio. Aquella decisión
del juez Baltasar Garzón, adoptada en la fase de instrucción del sumario, se
convirtió de hecho en la inapelable sentencia de muerte de una cabecera
emblemática en Euskal Herria. El Gobierno del PP celebró aquel cierre como una
victoria propia y su presidente, José María Aznar, como haciendo una muesca en
la culata de su revólver, pronunció aquella sentencia de «¿acaso pensaban que no
nos íbamos a atrever?».
El cierre de "Egin" y Egin Irratia fue la primera gran pieza que se cobró el
Estado en lo que luego constituiría el macrosumario 18/98, que desde noviembre
del pasado año se está juzgando en la Audiencia Nacional, sin que haya todavía
previsiones fiables sobre cuándo puede concluir la vista. Es decir, todavía se
está juzgando si aquella sentencia de muerte fue o no correctamente aplicada,
mientras los encausados en el proceso siguen viendo pender sobre sus cabezas la
amenaza de largas condenas de cárcel por no haber hecho otra cosa que dirigir un
periódico enraizado en su país e incómodo para el poder y las empresas que lo
editaban
.
Las dolorosas consecuencias de aquel cierre no impidieron como ocurrió después
tras la clausura de "Euskaldunon Egunkaria" que los sectores sociales que se
veían representados por aquel proyecto periodístico pusieran en marcha otro. Y
lo que pretendía ser un golpe a uno de los elementos que contribuían a la
configuración nacional de Euskal Herria, se volvió como un bumerán contra los
agresores. Pero ello no significa que en el camino hacia la normalización
democrática, cuando llegue la hora de hacer cuentas sobre el pasado, el Estado
español no tenga también este caso entre sus deudas pendientes. Hoy, todavía, la
potencia de la maquinaria propagandística del poder y la de quienes sin
necesidad alguna se rinden a ella coloca sólo a una parte de las víctimas del
conflicto como objeto de un necesario resarcimiento en un futuro proceso de
reconciliación. Pero una Comisión de la Verdad, objetiva e imparcial, tendría
mucho y variado trabajo por hacer en este país.
