Javier Sádaba
Gara

La suspensión por dos años de toda actividad de Batasuna o de todo lo que suene, se parezca o sea eco de dicho grupo ha sido realizada, prorrogando una suspensión anterior, por un juez de la Audiencia Nacional. Algunos, y en función de este auto, hacen una distinción un tanto escolástica. No se trata de la aplicación de la Ley de Partidos que declaraba ilegal a Batasuna, sino, repito, de prorrogar algo que viene, judicialmente, de atrás. Tanto da. Porque se trata de una vía más, un obstáculo adicional para suprimir, anular o intentar silenciar a un conjunto de ciudadanos que quiere, con todo derecho, expresar sus ideas y propósitos; en este caso, hacer pública la elección de la nueva Mesa Nacional y las conclusiones del proceso Bide Eginez.
Si a ese brazo del Estado le interesa que estemos sordos, a otros muchos nos interesa escuchar. Ya la Ley de Partidos fue un acto de fuerza, una sumisión más del poder judicial al dictado de los partidos políticos que, juntos, creyeron que de este modo desaparecería una forma de ver el mundo que se expresa en la izquierda abertzale.
Los que actualmente gobiernan es probable que, dadas las circunstancias, hubieran deseado que la prohi- bición, en vez de caer como un rayo, se pareciera más a lluvia fina. Y es que, dentro de sus vaivenes, oscilaciones, contradicciones y oportunismo en los que se mueven, no les hubiera venido mal que se celebrara la Asamblea convocada en Barakaldo. Algo deben de desear y algo deben de esperar. Pero, por una u otra razón, siempre acaba pillándose los dedos y recogiendo lo que siembran. Que se pillen o no los dedos es cosa suya. Lo malo que pillan también los nuestros. Y sus errores salpican a los demás. Me gustaría enumerar algunos de los males que se derivan de tales errores. De la misma manera que convendría recordar dos aspectos más. Uno, relacionado con la débil reacción social a este tipo de arbitrariedades. Y el otro, con la actitud del Gobierno Vasco.
Respecto a los primeros, la suspensión, además de otro tipo de defectos, es sustancialmente irracional. Porque irracional es interrumpir cualquier avance hacia la paz. En vez de ayudar a caminar, se entorpece la marcha y se nos quiere meter a todos en un laberinto. No se trata sólo de algo impropio de una política seria. Es impropio de quien mantenga un mínimo de sentido común.
Con relación a la respuesta a lo que está sucediendo sorprenden es una manera de hablar los silencios o la indiferencia únicamente rotos por pequeños grupos casi marginales que, con pocas posibilidades de que se les oiga, piden que no se usen los aparatos del Estado para hacer más fácil que se perpetúe la violencia. Lo habitual, por el contrario, es oír cantos de alabanza al buen funcionamiento de la justicia. Son los mismos, por cierto, que cuando se sinceran en privado o creen que hay pista libre para hablar confiesan sin reparo que la justicia en España es un apéndice del poder político y, más concretamente, del ejecutivo. Y todavía más concretamente, del partido en el gobierno, con sus medios de comunicación o altavoces.
Finalmente, nos encontramos con la postura del Gobierno Vasco que, hasta ahora, ha puesto una vela a Dios. En cualquier caso, afirmar que se está en contra de la medida pero que se acata es absurdo por contradictorio. Lo menos que podría hacer es inhibirse. En caso contrario es como aquel que, desesperado de su matrimonio, continúa felicitándose de su vínculo matrimonial. Que se separe o que se calle.
Esperemos que algún partido o cierta reacción popular expresen, racional y democráticamente, en la calle o en donde parezca oportuno, que todos tienen, como mínimo, derecho a opinar. Especialmente cuando se intenta lograr una paz justa. El resto es marear la perdiz, continuar por un camino que no lleva a ningún sitio y seguir perdiendo el tiempo.
* Javier Sádaba - Filósofo   

Fuente: lafogata.org