La lucha por los derechos colectivos e individuales -de esto se trata, hoy con más claridad que nunca si cabe- es también, a fin de cuentas, una cuestión de dignidad. Mucho se ha dicho y escrito, mentido e intoxicado, sobre las veintitrés personas detenidas el jueves por decisión del Gobierno español. Otro tanto sobre Batasuna, sobre la izquierda abertzale. Dice el tópico que, en una guerra, la verdad es la primera víctima. Cualquiera que se haya asomado al proceso de negociación construido entre 2005 y 2007 (incluso antes) sabe perfectamente que el Gobierno español y el partido que lo forma -junto con otros, lamentablemente- actuaron en demasiadas ocasiones según ese dicho: trataron de enterrar la verdad desde el primer momento, y actuaron en consecuencia. Y la izquierda abertzale es culpable de hacer ver que fue así, especialmente cuando el ridículo tenía lugar ante observadores y mediadores internacionales. Los mismos que ahora, según nuestras noticias, observan con estupor la actitud y las decisiones del Ejecutivo de Zapatero, Rubalcaba y compañía. Idéntico estupor, y preocupación, con que asistieron a la actitud y cerrazón de los representantes del Estado español al final del intento negociador celebrado en plena campaña electoral (los delegados del PSOE llegaron a esbozar en una pizarra una improvisada «hoja de ruta» para avanzar hacia otro marco. Para sorpresa de todos, cuando el organismo internacional encargado de la intermediación puso por escrito ese borrador, cuyo contenido aceptaba la izquierda abertzale, los representantes del PSOE se echaron atrás). La misma sensación que incluso provocó el viaje apresurado de varios observadores y mediadores internacionales a la capital española para intentar hacer entrar en razón al Ejecutivo de Rodríguez Zapatero.
Ahora sabemos, además, que el mismo Rubalcaba que esta semana ha sido señalado por varias fuentes como uno de los principales responsables del portazo final al proceso de negociaciones ha contactado con los representantes internacionales en el proceso para justificar las inminentes detenciones de los dirigentes de Batasuna -jugando irresponsablemente, de paso, con el prestigio y la credibilidad de esa presencia internacional-. Es de suponer que más de uno se rascaría la cabeza reflexionando sobre la división de poderes en el Estado español y, en definitiva, sobre la justicia, la democracia y el estado de derecho (nótese que escribimos todo ello en minúsculas). ¿Se puede hacer política en este país? ¿Están garantizados derechos básicos como el de reunión u opinión? ¿De qué sirve ser sujetos de derechos civiles y políticos -caso de los veintitrés detenidos el jueves- si un Estado se permite violarlos con toda impunidad y sin aportar una sola prueba? La palabra «venganza» ha sido utilizada estos días con profusión, pero es mucho más, mucho peor. No es una organización, un partido, un grupo o una asociación la que actúa de ese modo, sino un Estado, miembro, por añadidura, de la Unión Europea, cuyo Parlamento levantaría hoy la cabeza y la voz si de verdad existieran el manido interés común y unos verdaderos valores europeos.
¿Qué salida queda? Queda, en primer lugar y desde luego, la dignidad, ésa que hace mejores a unos y retrata a otros. El viernes vivimos un perfecto ejemplo en Zarautz. La Policía española trasladó a Joseba Permach para registrar su domicilio. Luego, en la calle, su hermana y otras personas se acercaron para abrazarlo y arroparlo, a lo que la Policía española respondió, de nuevo, con la violencia. Otro tanto ocurrió en Gasteiz, en Donostia... La ignominia, su reflejo, alcanza también a la Policía autónoma -fuerza de seguridad del Estado español, a fin de cuentas- y al Gobierno que la dirige, que nada hacen para evitar la impunidad de sus homólogos españoles, que cortan carreteras, controlan y espían, detienen, cierran pueblos y golpean a ciudadanos. De Zarautz, como ejemplo de estos días, quedan dos sensaciones: la foto fija del empujón infame del policía español a la hermana de Joseba Permach, y la reacción, la dignidad de éste y de los suyos. Y el retrato de quienes callan y dejan hacer en este país, ante su espejo, el de la ignominia.
Cualquier apelación al respeto a la legalidad sería, aquí y ahora, inaceptable, y sólo buscaría justificar la propia estulticia ante unos hechos que la inmensa mayoría de la sociedad vasca no acepta ni debe aceptar.
No se trata, efectivamente, de veintitrés personas, o de las dos detenidas el martes, o de otras tantas antes. Se trata de saber si en este país, Euskal Herria, hay justicia, si todos pueden hacer política y defender sus ideas, si a esto puede llamarse democracia y estado de derecho, si existen, en definitiva, derechos civiles y políticos, y si tenemos un marco que proteja y garantice todo ello. Hoy, desgraciadamente, hay demasiados noes. Y no se trata de una aseveración gratuita, o aislada. A todo esto aludía hace una semana, por ejemplo, Juan José Ibarretxe, lamentablemente mudo en esta hora. Y el sacerdote Alec Reid reconocía ayer a GARA que no pensaba que algo así pudiera ocurrir en Europa, lo que le llevaba a afirmar que «uno no puede decir que España sea un Estado democrático». Como una constatación implícita de todos esos noes, varios medios españoles se permitían ayer anunciar sin medias tintas que todos los detenidos serán enviados a prisión hoy mismo, y adelantaban no sólo las acusaciones, sino, además, futuras decisiones políticas, policiales y judiciales.