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País Vasco
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La encrucijada de la izquierda abertzale
Felipe Alegría
A Luchar por el Socialismo
Tras el atentado, Zapatero declaró el final del proceso de paz y una renovada ofensiva policial, judicial, penitenciaria y política contra ETA y la izquierda abertzale.
Los jueces franquistas, que dominan el aparato judicial y han torpedeado desde
el principio el proceso de paz, se han visto estimulados en su celo
antiterrorista. De la misma manera, proseguirá la dispersión de los presos
etarras, en medio de la angustia de sus familiares. Y, por supuesto, como dijo
Zapatero, tampoco se permitirá a Batasuna tomar parte en las próximas
elecciones.
Buscan la rendición política de la izquierda abertzale
El Gobierno, sin embargo, al mismo tiempo que ha relanzado la represión, se ha
negado a cerrar la puerta a un nuevo proceso de paz en el futuro, aceptando por
ello resignadamente los insultos del PP (para el que la continuidad de ETA es
fundamental para mantener en pie de guerra a su base social, la caverna
española).
Zapatero sabe que el problema vasco no se limita a ETA, sino que va mucho más
allá. Sabe que la propia continuidad de ETA descansa, al final, en la existencia
de una mayoría de vascos que reclaman su derecho a decidir como pueblo. Por eso
no es suficiente una victoria policial o militar sobre ETA, sino también una
victoria política, que sólo vendrá dada por la rendición política de la
izquierda abertzale. El Gobierno nunca ha negado que su objetivo último es que
ésta acepte las reglas de juego del régimen monárquico español. Unas reglas que
se pactaron en la Transición entre el franquismo y la oposición democrática y
que taponan cualquier vía al ejercicio del derecho a la autodeterminación.
Zapatero –en estrecha colaboración con Imaz, el actual dirigente del PNV- quiere
repetir la operación que Tony Blair puso en marcha en Irlanda del Norte con el
IRA y el Sinn Féin. Está decidido a ejercer la máxima presión sobre la izquierda
abertzale, combinando el palo y la zanahoria. Ahora, con ocasión del atentado de
Barajas, presiona sobre todo con el palo. Sin embargo, no deja de decir que la
apertura de un nuevo proceso de paz en un futuro exigirá, a diferencia del
proceso ahora abortado, condiciones mucho más estrictas, como el compromiso
previo por parte de ETA del abandono definitivo de las armas y la aceptación del
marco institucional por parte de la izquierda abertzale.
¿Adónde va la izquierda abertzale?
En marzo de 2006, poco antes de la tregua, decíamos que los coches bomba
indiscriminados y los atentados de ETA contra concejales del PSOE y del PP, sólo
habían servido para "entregar la iniciativa a la derecha más retrógrada,
facilitar la sumisión de la izquierda institucional, ofrecer coartadas
represivas para tapar el problema vasco y aislar la lucha de supueblo".
Esta valoración no nos impedía reconocer que sus militantes encarcelados eran
presos políticos que habían asumido un compromiso extremo con la causa vasca.
Criticábamos también la criminalización que las fuerzas españolistas hacían de
toda la izquierda abertzale, calificada, por definición, como terrorista.
Después de todo, nadie podía negar que buena parte de la juventud vasca se
reclama de la izquierda abertzale, al igual que un importante sector de
activistas sindicales y sociales vascos y más del 10% del cuerpo electoral.
Durante treinta años –decíamos - la izquierda abertzale "ha resistido contra
viento y marea y se ha negado a integrarse en el régimen monárquico que salió de
la Transición (...). Ni el PCE, ni IU, ni otros tantos pueden decir lo mismo".
El atentado de Barajas vuelve a mostrar la ruinosa concepción militarista de
ETA, que otorga la última palabra a la acción armada (complementada con una kale
borroka minoritaria, que el pueblo no siente como suya) y en la que la acción de
masas es un elemento secundario subordinado. Para ETA, la acción armada es el
argumento supremo en la mesa de negociación. El atentado refleja también la
profunda desconfianza de ETA hacia la clase trabajadora española, como si la
libertad nacional de Euskal Herria fuera una partida entre los vascos (y más
particularmente su vanguardia armada) y el Estado español.
Pero ETA se equivoca profundamente, porque el pueblo vasco jamás podrá lograr su
libertad nacional sin movilizarse masivamente y sin la solidaridad de los
trabajadores y los otros pueblos del estado español. Rehacer los lazos de
solidaridad es una tarea difícil y compleja, pero no hay otra vía: sólo la lucha
común que quiebre al régimen monárquico salido de la Transición (abriendo la vía
a la III República) logrará arrancar el derecho democrático a la
autodeterminación, precondición para la unión libre entre los pueblos.
Un nuevo proceso de paz...¿sobre qué bases?
ETA finalizaba el comunicado en que reivindicaba el atentado de Barajas diciendo
que "todavía sigue en pie el alto el fuego permanente". En paralelo, los
dirigentes de Batasuna se comprometían a trabajar para "reconstruir las bases
que permitan rehacer un proceso". Pero, ¿sobre qué bases puede apoyarse un
proceso de paz?
Lo primero a constatar es que ETA, en su enfrentamiento con el Estado, no tiene
la más mínima posibilidad de alcanzar una victoria militar. Y no sólo por la
enorme inferioridad de recursos sino porque, en las actuales circunstancias
políticas, los atentados -en particular si comportan víctimas mortales- sólo
sirven para desacreditar y aislar políticamente a ETA y a la izquierda abertzale
y para condenarlas a la más feroz represión.
Sin embargo, ETA -como cualquier contendiente de un conflicto armado- tiene el
derecho incuestionable a negociar con el Estado la entrega de las armas a cambio
de la excarcelación de los presos, el retorno de los exiliados y el cese de la
represión. De la misma manera que Batasuna tiene todo el derecho a exigir la
derogación de la Ley de Partidos, el fin de los procesos judiciales y la
restitución de todos sus derechos políticos. Conseguir esto no es nada fácil,
pero es posible, si se apoya en la movilización del pueblo vasco y en la
solidaridad a escala estatal. En las actuales condiciones, lograr estos
objetivos representaría una enorme victoria política y crearía condiciones
bastante más favorables para luchar por la autodeterminación.
Pero el problema comienza en el momento en que la negociación del desarme se
mezcla con la de "un nuevo marco político-institucional", en un momento en que
la correlación de fuerzas es claramente desfavorable. Entrar en un proceso así
sólo puede llevar a un final como el de Irlanda del Norte.
Hace más de un año que hacíamos un balance de lo ocurrido allí [1]. "Los
Acuerdos de Viernes Santo –decíamos- podían haber sido ‘simplemente’ el
repliegue ordenado del IRA, una vez constatado que la táctica del terrorismo
individual les llevaba a un callejón sin salida, [pactando] a cambio del
abandono de las armas, la liberación de los presos, el cese de la represión y la
igualdad de condiciones políticas para el Sinn Féin. Ello no tenía por qué
llevar a la renuncia de los objetivos políticos y sociales. El problema se
presenta, sin embargo, cuando no sólo se pactaron los temas vinculados al
desarme, sino todo un acuerdo político que reconoce el dominio británico sobre
Irlanda del Norte; consagra la división sectaria entre comunidades; atrasa por
mucho tiempo el objetivo de la unificación irlandesa y compromete al Sinn Féin
en la gestión institucional del acuerdo". Estos días leemos que el Sinn Féin ha
reconocido y dado su apoyo al aparato judicial y a la policía norinlardesa,
continuidad del antiguo RUC, nido unionista controlado por Londres y activamente
implicado en la guerra sucia contra los republicanos norirlandeses, como acaba
de hacer público un informe oficial. A cambio de este reconocimiento, el
extremista unionista Paisley accedería finalmente a formar gobierno de coalición
con el Sinn Féin.
Batasuna acaba de lanzar una propuesta política que considera "base suficiente
para superar el conflicto" y que Otegi ha reiterado significativamente desde
Belfast. La propuesta consiste en "un acuerdo político" que, partiendo de manera
explícita "de la actual realidad política e institucional" dé lugar a una
Comunidad Autónoma (una "Autonomía Política") que, en las condiciones y plazos
acordados, incluya a "Araba, Bizkaia, Gipuzkoa y Nafarroa Garaia". El Gobierno
vasco se apresuró a decir que la propuesta "no supone novedad alguna" porque ya
está incluida en el Plan Ibarretxe que en su día aprobó el Parlamento de
Vitoria. ¿ Ha entrado la dirección abertzale ya abiertamente por la senda del
Sinn Féin?
Nota:
[1].
