Desde hace tiempo constamos los efectos, nada nuevos, de las políticas
autoritarias y restrictivas en materia de residencia y nacionalidad que los
estados que conforman la actual Unión Europea han decidido poner en marcha.
Cierre de fronteras, restricción del derecho de circulación y de asilo y refugio
no sólo para las personas provenientes de fuera de Europa y que huyen del
hambre, de la guerra y de la persecución política, sino también para las ya
asentadas y sus hijos e hijas. Estas políticas policiales y represivas que están
edificando los estados de la UE se imponen además unilateralmente a las naciones
de Europa que carecemos de soberanía. Las consecuencias de esta Fortaleza
Imperial Europea son el crecimiento del control policial, el racismo y la
exclusión en nuestros pueblos.
Y muestra de ello es la llamada Ley de Extranjería del Estado español, de
obligatoria aplicación en el sur de nuestro territorio, que clasifica a las
personas en comunitarias y no comunitarias, reconociendo a las primeras todos
los derechos y negándo casi todos a las segundas. Cada una de las reformas de la
ley en vigor ha superado a la anterior en cuanto a derechos negados y en cuanto
a instrumentos para recortar esos derechos y contribuir a condenar a la
marginalidad y a la exclusión a miles de personas, vecinas y vecinos nuestros.
Precisamente, estos días ha acabado el plazo para la aplicación de una de las
normas más perversas de la última reforma de la Ley de Extranjería, la que
obliga a las personas no comunitarias sin autorización de residencia permanente
a renovar su inscripción padronal cuando se cumplan dos años desde su alta en el
Padrón. Y la que impone también a nuestros ayuntamientos del sur de Euskal
Herria realizar con vecinos de su municipio un control discriminatorio y de
excepcionalidad según los deseos y políticas que el Estado español impone en
materia de residencia y de extranjería. De esta manera el Estado español no sólo
impone un régimen de derechos desigual para las personas que viven en nuestro
territorio, sino también de manera unilateral y exclusiva su soberanía política
a las instituciones básicas de Euskal Herria.
Tal vez convenga recordar que el padrón se ha convertido en elemento fundamental
en la lógica que es- tablece el sistema de extranjería español porque constituye
para muchas personas inmigrantes extracomunitarias y sus hijos la única vía de
acceso a derechos básicos como la atención sanitaria, educación, vivienda... Por
ello, la no renovación del empadronamiento va a suponer para muchas de estas
personas en Hego Euskal Herria dejar de disfrutar de derechos y de prestaciones
imprescindibles para garantizar una mínima subsistencia dentro de este sistema.
Es decir, como consecuencia de estas políticas restrictivas del Estado español
en materia de residencia, nos vemos obligados en Hego Euskal Herria a convivir
personas con muy diferentes niveles de derechos y, en consecuencia, a
resignarnos a ver crecer en nuestros pueblos y barrios la marginación y la
exclusión.
La perversidad, además de por los efectos que va a producir la aplicación de
esta norma, está presente en el procedimiento elegido por la ley para llevar a
cabo estas renovaciones. En principio y según el texto literal de la norma, los
ayuntamientos «acordarán de oficio la caducidad sin necesidad de audiencia
previa al interesado». Es decir, por ley los ayuntamientos no están obligados a
informar a las personas no comunitarias afectadas por esta norma de que tienen
que renovar el empadronamiento al cumplirse los dos años desde la inscripción,
con lo que muchas personas van a enterarse cuando dejen de acceder a derechos y
servicios. La ley, evidentemente, está presumiendo que las personas a las que
afecta son expertas en extranjería y tienen un conocimiento exhaustivo de la
misma y de su consecuencias. O, como es consciente de que no es así, está hecha
para que miles de personas estén permanentemente controladas a través del
padrón, por un lado, y, por otro, para que otras muchas queden excluidas y dejen
de beneficiarse de las migajas de este estado de bienestar, engrosando las
bolsas de marginación y exclusión cada vez más numerosas en Hego Euskal Herria.
Con relación al control, es importante tener en cuenta el importante papel que
la Ley de Extranjería otorga a la Dirección General de la Policía española en
este procedimiento, y en la posibilidad de acceder a los datos del padrón, con
el consiguiente miedo de muchas personas que carecen de documentación a
empadronarse. Además del incremento del control por parte de las fuerzas de
ocupación y la injerencia en la presunta autonomía municipal.
La capacidad exclusiva y arbitraria que el Estado español tiene en materia de
residencia y nacionalidad nos impide realizar una política de inmigración y de
asilo. Por eso, la soberanía, también en este campo, es más urgente que nunca.
Y esto es lo que, más allá de grandilocuentes declaraciones y medidas
asistencialistas, tratan de ocultar las fuerzas políticas que sostienen el
tripartito del gobierno vascongado. O, así mismo, esa falta de capacidad en
materia de migración y asilo es lo que respalda con entusiasmo la fuerza «neogamazista»
del gobierno foral de Nafarroa Garaia. Por eso, ni unos ni otros y desde las
instituciones locales o autonómicas en las que están van a impulsar una sola
medida que, de manera efectiva, se oponga a esta medida de empadronamiento
excepcional y autoritaria.
En Batasuna hemos mantenido siempre que la legislación española en materia de
residencia y nacionalidad es racista, excluyente y sexista para las personas
inmigrantes extracomunitarias e, igualmente, es impositiva para Euskal Herria y
nuestro derecho a decidir sobre instrumentos básicos como el de la capacidad de
gestionar con garantías la residencia y nacionalidad de las y los ciudadanos que
viven en nuestro país vengan de donde vengan. Y esta nueva norma no hace sino
corroborarlo.
Esta nueva disposición española implica una triple vulneración e imposición.
Para el derecho ciudadano básico a la movilidad y a la residencia de las
personas de fuera del Estado español y de fuera de Europa que se asientan en
Euskal Herria y que tienen que dejar sus países de origen para buscar una vida
mejor o el asilo y el refugio huyendo de la guerra o la persecución política.
Hacia la autonomía y funciones de nuestras instituciones locales que deben
garantizar la estancia y el acceso a los servicios públicos de las personas que
viven en sus municipios en igualdad de condiciones.
Y, por último, contra el conjunto de Euskal Herria puesto que secuestra el
derecho que nos corresponde como pueblo a definir, disponer y gestionar el
acceso y la integración de las personas que vienen de fuera de nuestro país por
motivos políticos o económicos. El derecho de residencia nos corresponde a
nosotros y no a los estados que impiden nuestra soberanía.
Por todo ello, queremos denunciar esta legislación excluyente y racista del
Estado español y reivindicamos la soberanía como única garantía para establecer
el acceso al derecho de ciudadanía básico a la residencia de las personas de
otros pueblos que han elegido asentarse en nuestro país.
Pedimos que en los ayuntamientos de Hegoalde no se acepte esta imposición y que
se prorrogue, de manera automática e informada, el empadronamiento de estas
personas; así como que se garanticen en igualdad las condiciones de acceso a los
servicios sociales.
Y, por último, demandamos que se garantice el anonimato de estas personas
inmigrantes no cediendo sus datos personales en el caso de que la policía del
Estado español así lo solicite. * Pedro Albite, Obdu Lorenzo y Joseba Permach - Miembros de Batasuna
