Tres de los teléfonos serían los utilizados por el coordinador general del sindicato, Rafa Díez. Las escuchas se habrían realizado desde el 2003, dentro de una operación ordenada por el juez Garzón, para investigar "la posible relación" del sindicato con la organización armada ETA. El abogado Iñigo Iruin ha afirmado que "todo indica que el Gobierno Aznar preparaba una operación contra LAB".

Donostia.

- LAB ha denunciado hoy que miembros y ex miembros de su dirección están siendo investigados desde hace dos años por "su presunta relación con ETA" mediante escuchas telefónicas autorizadas judicialmente, una actuación que el secretario general de este sindicato, Rafa Díez, considera "incompatible con hablar de paz".
Díez, acompañado por varios miembros del sindicato abertzale, han comparecido hoy en rueda de prensa junto al abogado Iñigo Iruin, quien ha dicho que "se puede estar en disposición de una eventual operación contra LAB" sustentada en una investigación que, en su opinión, reproduce el esquema de los sumarios instruidos contra otras organizaciones de la izquierda abertzale.
Iruin ha señalado que, al menos, se han intervenido 24 teléfonos fijos y móviles a una veintena de dirigentes, ex dirigentes y militantes destacados del sindicato, entre ellos tres utilizados por Rafa Díaz y dos líneas de la sede de Gasteiz.
El proceso que se siguió contra las candidaturas de Aukera Guztiak ha hecho posible que lleguen a manos de LAB los documentos en los que se constata que en el Juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional existen unas diligencias previas desde verano de 2003 para investigar si LAB "da cobertura a ETA".
El letrado ha explicado que, en la demanda para impugnar la proclamación de las listas de AG por parte de las juntas electorales de Bizkaia, Araba y Gipuzkoa, el fiscal utilizó unas conversaciones telefónicas grabadas a Rafa Díez y Antxon Lafont, presidente del Consejo Económico y Social vasco y uno de los promotores de AG.
Cuando la defensa de AG interpuso el recurso de amparo ante el Constitucional español, pidió que se acreditara la validez legal de esas escuchas, por lo que, según ha indicado Iruin, el fiscal "se vio obligado" a presentar documentos incluidos en esas diligencias previas, como el auto que autorizaba las intervenciones telefónicas e informes de la Unidad Central de Inteligencia (UCI) de la Policía española que las solicitaban.
Desde setiembre del 2003 El abogado ha precisado que desde el 5 de setiembre de 2003 y "por lo menos" hasta abril de este año hay "todo un conjunto" de autos judiciales que han ido prorrogando la autorización "de manera sistemática".
Ha anunciado que tanto Rafa Díez como LAB han presentado un escrito de personación en estas diligencias para conocer "su objeto y su alcance" y esperan que el Juzgado les responda en un plazo no superior a dos semanas.
Para el abogado Iruin, estos datos son preocupantes, pues en su opinión "parece que se quiere colgar una causa más a este sumario racimo en el proceso de criminalización de las organizaciones de la izquierda abertzale".
Rafa Díez ha dicho que la investigación abierta 2003 contra LAB, "una organización que estaba sin tocar", podía ser "el último eslabón de una cadena de ilegalizaciones que pretendía desarrollar el Gobierno de José María Aznar", por lo que ha pedido al Ejecutivo de Zapatero que no siga estos pasos y acabe con este tipo de operaciones.