Siete personas han sido citadas a declarar la próxima  semana por el juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande-Marlaska en relación a la querella presentada por la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) contra EHAK.
La denuncia trata de que esta formación, que obtuvo nueve escaños en los pasados comicios autonómicos, sea declarada ilegal por "prestar auxilio" a ETA.
El miércoles han sido llamados a declarar Peio Gálvez responsable de prensa de este partido, el miembro de la Mesa Nacional de Batasuna Juan Joxe Petrikorena, y Joseba Zinkunegi. Se les acusa de "un delito de integración en banda armada".
El titular del Juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional ha llamado para el día siguiente a Aritz Blázquez, Juan Manuel Rodríguez y a los hermanos Juan Carlos y Javier Ramos Sánchez, a quienes señala como "miembros fundacionales" de EHAK. Les imputa un "delito de colaboración con banda armada" por "haber facilitado sus listas electorales a Batasuna (...), asumiendo su programa electoral".
La Fiscalía, en contra de la imputación             El origen de esta actuación está en una denuncia presentada en mayo por la AVT y que fue admitida a trámite por Grande-Marlaska el pasado 12 de julio. Esta decisión se produjo pese a la oposición del fiscal Jesús Alonso, quien en su informe consideró que "en su corta andadura" EHAK "no ha cometido delito alguno".
La AVT sostenía en su demanda que EHAK "ha procedido ha asumir los postulados de Batasuna, así como los de la propia ETA, en el sentido de que la izquierda abertzale debía estar ampliamente representada" en la Cámara de Gasteiz.
En su auto, el magistrado que sustituye a Garzón afirmaba que "el delito de colaboración con banda armada no se limita a los supuestos exclusivos de colaboración con las actividades armadas", sino que también cabía integrar en este tipo penal "los supuestos de colaboración genérica que favorecen el conjunto de las actividades o la consecución de los fines de la organización".
Sin embargo, afirma que "lo que aquí se sanciona no es la adhesión ideológica" y que "en un Estado Social y Democrático de Derecho, como el nuestro, existen cauces pacíficos y democráticos para la prosecución de cualquier finalidad política".
Entre los argumentos expuestos para la admisión de la querella, el juez hacía referencia a un informe de la Guardia Civil que señala que el 30 de marzo, un día antes de que se decretara la ilegalización de Aukera Guztiak, "se conjuga una reunión entre destacados dirigentes de la ilegalizada Batasuna y miembros de EHAK".
Agrega que, "nada más ser ilegalizada" la plataforma que reclamaba el respeto de todos los derechos civiles y políticos, "aparece el PCTV, cuya presencia había pasado inadvertida, siendo intervenida directamente por personas relacionadas con Batasuna", y señala que EHAK "decide ser la 'voz'" de la formación abertzale.

No a la suspensión            

Asimismo, apunta que "no puede obviarse" la "relación de EHAK con el originario EHK" que, a su parecer, "nace como consecuencia del proyecto de reestructuración de Batasuna exigido por ETA".
Sobre estos argumentos, concluye que EHAK, "con su comportamiento electoral, ha podido venir a favorecer las pretensiones" de ETA de "instrumentalizar las instituciones democráticas en beneficio de sus fines ilícitos".
La AVT había solicitado asimismo la "suspensión de actividades" de EHAK. Esta medida fue rechazada por Grande-Marlaska, al considerarla "aventurada y precipitada".
El PP se felicita y pide la ilegalización de EHAK             El secretario de "Libertades Públicas" del PP, Ignacio Astarloa, se mostró satisfecho por la actuación de Grande-Marlaska contra EHAK porque "por fin se esté actuando decididamente por la Justicia en contra de este fraude clamoroso a la ley que es el nuevo rostro de ETA-Batasuna".
A su vez, instó "muy urgentemente" al fiscal general del Estado y al Gobierno de Zapatero a que "hagan lo que tenían que haber hecho hace cinco meses, que es llevar al Tribunal Supremo a esa mentira y desafío que es el PCTV", y exigió que sean adoptadas "medidas jurídicas" contra EHAK, en clara referencia a que el grupo sea ilegalizado.
Un motivo más para pelear por la paz y la democracia  por Gari Mujika             EHAK calificó de "decisión grave" que el juez español Grande-Marlaska haya citado a declarar a siete personas que liga a la coalición, porque "la Audiencia Nacional española pretende condicionar la vida política". Para EHAK, esta decisión "no hace sino darnos un motivo más para pelear por la paz y la democracia, porque si por presentarse a unas elecciones representantes de una organización política son llamados a declarar, eso quiere decir que en Euskal Herria no vivimos ni en democracia ni en paz".
Para la formación que obtuvo nueve escaños en los pasados comicios, lo que se pretende mediante esta "estrategia jurídico-política" es "mantener constantemente su espada de Damocles sobre la cabeza de todo aquel que se sienta de izquierdas y abertzale".
Asimismo, EHAK señaló que "no vamos a fallarles", en referencia a los 150.000 ciudadanos que depositaron su confianza en esta candidadura, ya que "son ellas y ellos los que nos dan la legitimidad que necesitamos, nadie más".
EHAK exigió a los representantes del Estado español que "dejen a un lado las estrategias jurídico-políticas" y que, "al igual que se ha demostrado una y mil veces a lo largo de todo el mundo que el diálogo y la negociación son el camino para resolver los conflictos políticos", reclamaron que den una oportunidad "también en Euskal Herria".
Por su parte, Batasuna tildó las imputaciones realizadas ayer por el magistrado español Grande-Marlaska de "auténtico disparate que define por sí solo un Estado y una judicatura de nulo carácter democrático", y denunció que el citado juez siga "condicionando la vida política vasca".

Persecución          
  
Para la coalición independentista, la legalidad española vigente es la que posibilita este tipo de actuaciones "por una simple razón: para impedir que Euskal Herria libre y democráticamente ejerza sus derechos políticos y civiles".
Para Batasuna, la defensa del derecho de autodeterminación "se ha convertido en susceptible de actuaciones judiciales", y afirmó que "no toleraremos la persecución que se articula contra decenas de cientos de hombres y mujeres, contra plataformas y partidos políticos ilegalizados, por el simple hecho de defender el derecho de autodeterminación".
Asimismo, Batasuna exigió al Gobierno español, una vez más, que abandone "de una vez por todas la estrategia represiva en marcha que obstaculiza y pretende imposibilitar un proceso en paz y democracia".