Javier Ortiz
Apuntes del Natural

Bilbao amaneció el pasado jueves adornada con cientos de carteles de Batasuna que animan al personal a participar en la manifestación convocada para el día siguiente, viernes 26 de agosto, por un ciudadano particular y respaldada por un nutrido grupo de personas conocidas, pertenecientes a ámbitos abertzales y de izquierda. De inmediato, el PP y el PSE-PSOE exigieron a la Consejería de Interior del Gobierno vasco que prohíba la manifestación, alegando que el respaldo de Batasuna demuestra que se trata de un acto ilegal.
El argumento no tiene ningún peso. Que Batasuna apoye o deje de apoyar tal o cual iniciativa no es, en el plano jurídico, prueba de nada. Si Batasuna respalda la actividad de Euskaltzaindia (la Real Academia de la Lengua Vasca), ¿habrá de ser prohibida? Y si manifiesta que desea que la Aste Nagusia (Semana Grande) de Bilbao transcurra en paz, ¿deberán los seguidores del PSOE y del PP echarse a la calle a quemar contenedores y apedrear escaparates, para no coincidir con los propósitos del partido ilegalizado? Alguna vez lo he señalado ya con respecto a ETA: si De Juana Chaos sostuviera que en este momento son las 05:55 del viernes 26 de agosto —minuto y hora a los que escribo esta línea—, ¿qué habría de hacer yo para que no me acusaran de coincidir con ETA? ¿Afirmar que son las 8? ¿Asegurar que hoy es jueves?
Dicen que el consejero vasco de Interior no ha aplicado a esta convocatoria los mismos criterios que esgrimió en relación a la de hace una semana en Donostia. Balza se defiende afirmando que la manifestación de Bilbao la convoca una persona que goza de todos sus derechos civiles, y que él no puede impedir que los ejerza. Sin embargo, también la manifestación de Donostia había sido convocada en esas condiciones, y fue prohibida. La diferencia fundamental estriba en que la de la pasada semana fue prohibida por el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, lo que ya no dejó opción posible a la Consejería de Interior. Pero previamente Balza ya se había pronunciado a favor de la prohibición. En suma: ha rectificado.
Y ha hecho bien. Porque, efectivamente, el derecho de manifestación es un derecho básico de los ciudadanos, y mientras éstos actúen a título personal y no en tanto que representantes de una asociación situada fuera de la Ley, nadie puede legítimamente coartar su ejercicio. A esta razón de principios se añade otra de mero sentido común: o mucho me equivoco, o la manifestación de hoy, si no es finalmente desautorizada, se desarrollará pacíficamente, sin degenerar en enfrentamientos y violencias varias.
De todos modos, mi objeción a los afanes prohibicionistas del PSE y del PP, con su coro inevitable de medios de comunicación, es de principio. De principio porque parte de mis convicciones más profundas, y de principio también porque es previa a todo lo demás. Estoy en contra de la ilegalización de partidos políticos. Considero que, de demostrarse que los dirigentes o los militantes de un partido han cometido actos delictivos, deben ser procesados y condenados individualmente, uno a uno, con nombre y apellidos.
En buena ley, nadie puede ser condenado por un delito si no está acreditada su participación concreta, directa y personal, en él.
Pero este género de consideraciones de principio, que hace dos décadas asumían todos los partidos políticos —aunque a rachas—, ha sido sustituido a buen ritmo por toscas consideraciones de conveniencia, de ésas que ahora justifican cualquier práctica jurídica y policial, por aberrante que sea.
Suele decirse que están cercenando los derechos y las libertades en nombre de la defensa de los derechos y las libertades. Pero no es así. Más correcto sería decir que cercenan nuestros derechos y libertades para mejor salvaguardar sus derechos y libertades.

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