Con los precedentes de este sumario en la mano, ningún medio ni responsable político había sospechado siquiera que Otegi acabaría durmiendo en prisión.
El giro se produjo apartir de una petición fiscal que sorprendió incluso a la AVT por su desmesura. Pero antes pasó algo que ya llamó la atención.Fue el café conjunto de Rodríguez Zapatero y tres de sus ministros: Alonso, López Aguilar y Bono.
Fueron varios los informativos televisivos del miércoles que repararon en una imagen poco habitual :tras intervenir en el pleno del Senado en la sesión habitual de control al Gobierno, el presidente español, José Luis Rodríguez Zapatero, se había encerrado en un despacho de la Cámara Alta con tres de sus ministros llamados expresamente para la cita. Durante tres cuartos de hora, compartieron un café y quizás algo más, porque a partir de ahí la historia de la comparecencia de Arnaldo Otegi en la Audiencia Nacional tomó un rumbo impredecible.
Agencias informativas como Europa Press difundieron un teletipo dedicado en exclusiva a esta reunión que sorprendió tanto por la composición de la mesa como por su extensión temporal. La presencia de Rodríguez Zapatero y del titular de Interior, José Antonio Alonso, resultaba lógica a todas luces en función de la explosión de la furgoneta-bomba en Madrid, pero más extraña les resultaba a los medios la participación del ministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, o la del de Defensa, José Bono.
Según Europa Press, durante casi una hora los cuatro hablaron del atentado de ETA y de la situación que provocaba. Aseguró incluso que los ministros se habían mostrado más pesimistas que el presidente sobre la evolución de la situación política. Y apostilló que, acto seguido, hubo cruces de llamadas «informativas» a dirigentes del PP como Eduardo Zaplana.
El caso es que en la sesión celebrada por la tarde en el Congreso ya quedó en evidencia que Mariano Rajoy había rebajado el tono de la brutal crítica al Gobierno del PSOE de las últimas semanas. Rajoy emplazó directamente a Zapatero a reunirse de nuevo «pero en el Pacto Antiterrorista», el mismo que sirvió para ilegalizar a Batasuna y para dar la bendición política a sumarios de Garzón. Como éste de las «herrikos». Ayer, las cámaras sorprendían también a Alfredo Pérez Rubalcaba (PSOE) y Eduardo Zaplana (PP) departiendo de forma más que amigable en los pasillos del Congreso, por primera vez en bastante tiempo.
DEL ESTUPOR DE CERRACIN...
A la hora en que se producía esa reunión del Senado, Arnaldo Otegi viajaba a Madrid con cierta tranquilidad, toda la que puede llevar un ciudadano vasco cuando se ve obligado a acudir a la Audiencia Nacional española. En una entrevista con- cedida un día antes a un canal de televisión catalán, el mahaikide había confirmado que no esperaba otra situación diferente de la que han pasado ya otros 39 dirigentes abertzales envueltos en este sumario: la comunicación del procesamiento y, en su caso, la adopción de alguna medida como la retirada del pasaporte.
Del mismo modo, ningún medio de difusión había concedido especial relieve jurídico a la citación a Otegi. Al contrario, se había remarcado que el desenlace sería el mismo que el del 28 de febrero, cuando Joseba Permach y Joseba Alvarez al perder su condición de aforados por la disolución del Parlamento de Gasteiz comparecieron ante Garzón, le escucharon sin siquiera interrogatorio en el caso de Permach, hicieron unas declaraciones en la entrada a la Audiencia Nacional y regresaron a Euskal Herria.
La tarde, sin embargo, se fue consumiendo y no había noticias de Arnaldo Otegi. A última hora se conoció que el abogado de la Asociación de Víctimas del Terrorismo había planteado el ingreso en prisión eludible con una fianza de 300.000 euros. Pero la noticia no estaba ahí, sino en la posición del Ministerio Público, que esta vez no se quedaba atrás respecto a la AVT.
Su posición se ocultó hasta pasada la medianoche: fue entonces cuando se difundió que había reclamado prisión incondicional, sin fianza alguna, para el portavoz de Batasuna. La medida había sido defendida además ante el juez Grande-Marlaska, de forma también poco habitual, por dos fiscales a la vez: Jesús Alonso y Juan Moral.
La petición fiscal no sólo dejó boquiabiertos a los periodistas. El abogado de la AVT, Pedro Cerracín, dejó escapar su estupor a la 1.00, conocida ya la salomónica decisión de Grande-Marlaska de imponer a Otegi 400.000 euros de fianza. Por cierto, al parecer tras pensárselo mucho, porque para entonces ya hacía ocho horas que el portavoz de Batasuna había entrado en el tribunal especial. «Afortunadamente, el juez ha tomado una decisión más ajustada a derecho que la que pedía el fiscal», declaró Cerracín. Para el abogado de la AVT no parecía claro que la Fiscalía hubiera usado criterios jurídicos.
...A LA CONFESION DE PUMPIDO El fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, no contribuyó ayer precisamente a contradecir a Cerracín. Cuando los periodistas se interesaron por la posición del fiscal en este caso, respondió que «si ETA sigue atentando, no hay ninguna razón para que el Estado de Derecho no actúe de acuerdo con los criterios que mantiene hasta ahora: firmeza y energía». «Los jueces siguen adoptando sus decisiones de acuerdo con los criterios profesionales y de acuerdo con lo que figura en el sumario, porque es evidente que ETA no ha cesado en su actividad criminal», añadió.
Su ministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, intentaba mientras tanto sostener la independencia de los tribunales indicando que «su decisión sólo puede ser saludada con respeto». Pero López Aguilar había estado en el café del Senado, lo mismo que Bono, el ministro que ha llamado «secuestrador» a Otegi y ha ejercido como delegado especial del Gobierno Zapatero para tranquilizar los ánimos del PP. -