El juez instructor del Juzga- do número 5 de la Audiencia Nacional española, Fernando Grande-Marlaska, dictó ayer orden de prisión por «un delito de integración en banda armada» contra Juan Joxe Petrikorena, Joseba Zinkunegi y Peio Gálvez, que sólo podrán evitar esta medida depositando sendas fianzas de 100.000 euros.
      Además, deberán comparecer dos veces al día en las dependencias de la Ertzaintza más cercanas a su domicilio hasta que depositen esta cantidad. A partir de ese momento, tendrán que acudir semanalmente. Los tres disponen hasta el próximo lunes para hacer efectiva la fianza, que deberán depositar en metálico y sin posibilidad de presentar avales.
      En su auto, el magistrado español estira la teoría de «todo es ETA» patentada por el juez Garzón y atribuye a la organización armada la creación de EHAK y de Aukera Guztiak para «garantizar su presencia en el Parlamento».
De esta forma, abre la posibilidad de iniciar actuaciones judiciales contra este partido legal. Es la primera vez que un juez vincula a ETA con EHAK.
      De hecho, la AVT solicitó ayer mismo al Gobierno español la puesta en marcha de «los mecanismos oportunos» para promover la «inmediata ilegalización» de EHAK. Precisamente, fue esta organización quien puso en marcha este sumario con una denuncia.
      Pernando Barrena, que acudió a Madrid para acompañar a los tres militantes abertzales, denunció con dureza la decisión del juez y tildó sus medidas de «totalmente draconianas y desproporcionadas, incluso atendiendo a la naturaleza del delito que les imputa».
     
«La misma receta de Aznar»      

Un delito que, según manifestó el mahaikide a GARA, «no es tal, sino que se trata de una persecución pura y dura de ideas políticas con el objetivo de terminar con la izquierda abertzale». Barrena destacó, asimismo, que «es evidente que el hecho de que se incida en que la fianza tenga que depositarse en metálico, y que no puedan presentarse avales, busca hacer el ma- yor daño posible».
      El portavoz independentista insistió en que lo sucedido ayer es una muestra de la «persecución de ideas que supone la Ley de Partidos», y subrayó la «responsabilidad política que se deriva de la aplicación de esa Ley de Partidos». A su parecer, además, «la decisión es todavía más grave cuando estamos en un contexto político en el que se está hablando de un eventual proceso de paz».
      Frente a ello, «estamos viendo que el Estado utiliza todos los medios a su alcance para seguir aplicando exactamente la misma receta que aplicó José María Aznar y el Gobierno del PP durante ocho años», denunció Barrena.
      Ante esta situación, el dirigente abertzale lanzó un mensaje «de manera tajante» al presidente español, José Luis Rodríguez Zapatero, en el sentido de que «poner en marcha un proceso de paz es un reto imposible si una vez tras otra se utilizan los aparatos del Estado como ariete en su contra».
      En cualquier caso, Barrena señaló que «la izquierda abertzale hace un año decidió claramente que era momento de abordar un camino hacia la paz» y recalcó que esa decisión «tiene el debe y el haber de la izquierda abertzale y, por lo tanto, no está condicionada por decisiones, incluso de carácter represivo, que puedan adoptar terceros, ya sean el Gobierno español, el presidente Rodríguez Zapatero o los aparatos del Estado».
     
Contra el criterio del fiscal      

Petrikorena, Zinkunegi y Gálvez entraron a las dependencias de la Audiencia Nacional a las 9.30 de la mañana, y su comparecencia ante Grande-Marlaska se prolongó por espacio de cuatro horas, a pesar de que los tres militantes abertzales se negaron a contestar a las preguntas cerca de un centenar que les formularon el abogado de la AVT y el fiscal Jesús Alonso, así como el propio magistrado.
      Alonso, quien se había opuesto a la admisión de la querella presentada por la AVT, solicitó al juez comparecencias semanales de los imputados, así como la retirada del pasaporte y la obligación de comunicar un domicilio al Juzgado Central de Instrucción número 5, mientras que el representante de la AVT, Emilio Murcia, reclamó prisión incondicional para los tres.
      El juez, finalmente, se acercó más a la petición de la AVT que a la del Ministerio Fiscal, ordenando prisión para los imputados. No sucedió lo mismo hace tres meses y medio, cuando tomó declaración a Arnaldo Otegi.
      Entonces, el fiscal pidió prisión incondicional para el mahaikide, mientras que el representante de la AVT, entonces Pedro Cerracín, solicitó una fianza de 300.000 euros. Esta posición no debió gustar a la AVT, ya que Cerracín fue relevado apenas unas semanas después.
      Petrikorena, Zinkunegi y Gálvez, responsables de comunicación de Batasuna y EHAK, abandonaron la Audiencia Nacional a última hora de la tarde. En Zumarraga, 106 vecinos realizaron una cadena humana de apoyo, sobre todo a su vecino Gálvez. Aralar se ha solidarizado también.
     
Hoy declaran ante el juez los otros cuatro imputados    

   Tras la comparecencia de Petrikorena, Zinkunegi y Gálvez, otros cuatro imputados deberán acudir hoy a la Audiencia Nacional. Se trata de Juan Carlos Ramos, Aritz Blázquez, Javier Ramos y Juan Manuel Rodríguez, a quienes Grande-Marlaska señala como «miembros fundacionales» de Euskal Herrialdeetako Alderdi Komunista e imputa un delito de «colaboración con banda armada» por «haber facilitado sus listas electorales a Batasuna, asumiendo su programa electoral». Estos cuatro ciudadanos vascos han sido citados a primera hora de la mañana, y al igual que ayer, se prevé que la toma de declaración se prolongue por espacio de varias horas. -