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País Vasco

Aukera Guztiak

Miguel Castells
Gara

Ese votó a los rojos», «votaron al frente popular»... son frases de la posguerra. Están en mi recuerdo de los años cuarenta. Con estas frases se discriminaba socialmente y se perseguía a quienes se suponía que habían dado su voto en las elecciones democráticas de los años 1931, 1934 ó 1936 a partidos nacionalistas vascos, republicanos o de izquierdas.

Luego, durante toda mi juventud y también en la madurez, la clasificación en «afecto al régimen» o «desafecto al régimen» marcó una divisoria para el gueto de los despojados, de respeto, dignidad y derechos.

Para ejercer la abogacía ante los Tribunales hube de jurar los "Principios Fundamentales del Movimiento Nacional". Mi primer carnet de abogado en ejercicio lleva la firma preceptiva del Gobernador Civil.

Muerto Franco mi subconsciente me la jugó. La razón me decía, por lo que veía, que en las raíces, en el fondo, en lo fundamental, el sistema pervivía; pero inconscientemente actúe como si existiera una situación de mínimos demo- cráticos que permitía el progreso hacia la democracia por vías políticas. Fui uno de los muchos que apoyó públicamente las reivindicaciones de la coalición electoral Herri Batasuna, en cuyas listas electorales tuve el honor de figurar, aunque pronto, visto lo visto, caí en el desencanto y me retiré de la actividad pública política. Me retiré con respeto y admiración hacia los que seguían.

En el año 2002 se ilegalizó a Herri Batasuna y hube de padecer que, como uno de los argumentos para la ilegalización, el Auto de 26.8.2002 del Sr. Garzón citase, sin oírme, frases y acciones, de tiempos lejanos. Que estúpida y demencialmente y, por supuesto mintiendo, me atribuían unos policías, constituidos en "Unidad Central de Inteligencia" (UCI). Conocí el contenido del auto por el periódico "El País" (edición escrita y página web) y remití a Garzón el escrito, del que, a continuación de estas notas, me permito publicar unos párrafos del comienzo, sobre una de las atribuciones, y otros del final. Lo publico, a estas alturas, por lo que tiene de ejemplo representativo de la falta de fundamento con la que los Tribunales están actuando. Lo que unos policías cualesquiera deciden deviene resolución judicial.

Ahora la Fiscalía del Reino ordena a la policía que investigue a los diecisiete mil personas que otorgaron su firma en apoyo de la platafoma Aukera Guztiak.

Daba yo por supuesto que, mientras perdure el régimen, el hecho de haber resultado electo senador por la coalición electoral Herri Batasuna, me inhabilita para volver a ser elegible. Daba por supuesto que cualquier coalición a la que yo apoye, pública y/o privadamente, podrá por ello ser ilegalizada. Bien, esta cuestión me la tomaba, en cierto sentido, como algo personal y, por lo tanto, carente de interés. Pero se ha dado un paso más, el paso lógico siguiente: Se ha abierto una investigación sobre todas y cada una de las personas que dieron su firma para que Aukera Guztiak pudiera constituirse como, plataforma electoral con el programa de «Por la defensa de todos los derechos civiles y políticos para todas las personas». Con este paso vuelve a desatarse la persecución por razón del voto.

La policía decide sobre elegibles y electores. El voto deviene materia policial. Después de éste, ¿cuál será el paso lógico siguiente? -

* * *

P.D.: Al Juzgado Central de Instrucción nº 5.

(...) he tenido conocimiento del texto íntegro del Auto dictado por el Juzgado el 26.8.2002. El Auto, reproduciendo un informe de la UCI, se refiere en cuatro ocasiones a mi persona y dados los efectos procesales, que vincula a dichas referencias, me hallo obligado a comunicar al Juzgado los hechos que, en relación con tales referencias, me constan, aportando los medios de corroboración. Lo hago, en las observaciones que, cada una tras la transcripción de la referencia con la que se relaciona, expreso a continuación.

I.- Se dice al folio 269 en la página web del Auto: «según los datos aportados por informe de la UCI (...) 18.02.1978. Durante la celebración de un acto político en San Sebastián, los dirigentes de HERRI BATASUNA, Francisco LETAMENDIA BELZUNCE, Miguel CASTELLS ARTECHE y Jokin GOROSTIDI ARTOLA profieren consignas en favor de E.T.A.».

La información de la UCI al respecto incurre en mendacidad manifiesta.

1.- El Acto político, que dice, no tuvo lugar y además es inverosímil.

2.- Sobra añadir que ninguno de los medios de comunicación locales (Diario Vasco, La Voz de España, Unidad, Egin y la Hoja del Lunes, editados en San Sebastián, Deia y El Correo Español, editados en Bilbao), ni los de ámbito estatal (p.e. El País), recogen la existencia del acto: pero, al menos, Egin y Deia del 19.2.1978 si recogen la intervención de Francisco Letamendia el día de autos, es decir el 18.2.78, en un debate público, sólo que el debate tiene lugar en la localidad de Basauri, Francisco Letamendia interviene en el mismo como representante de EIA y diputado de Euskadiko Ezkerra (en el Congreso español) y el tema de su intervención es «la Constitución».

3.- En la fecha 18.2.1978, que el informe de la UCI señala, ninguna de las tres personas, que refiere, éramos dirigentes de Herri Batasuna. Dicha coalición electoral no existía, Letamendia era diputado en el Congreso español por Euskadiko Ezkerra, además de miembro de EIA, y un servidor no tuvo relación alguna con Herri Batasuna hasta que, con motivo de la selecciones legislativas del año 1979, dicha coalición le solicitó aceptar ser candidato a senador.

4.- Es un disparate absoluto informar que he proferido «consignas a favor de ETA».

5.- En relación con el pretendido «acto político», no hubo trámite judicial alguno, trámite judicial y denuncia policial que forzosamente (art. 359 CP 1973) hubieran existido en el supuesto de tener alguna realidad la emisión, por parte de alguna de las tres referidas personas, de «las consignas a favor de ETA», que la UCI atribuye. (...)

Consecuencia de todo ello. Según indicios que me han venido siendo facilitados, es que mi ficha policial, tanto en vida como postmortem de Franco, constituye el debe de todo un ajuste de cuentas, en el que en respuesta a mis intervenciones profesionales «no gratas», se han ido cargando datos que poco o nada tiene que ver con la realidad.

Es posible que, por ello, no resulte del todo descaminado, en este caso, el dicho de un insigne catedrático de derecho administrativo: «La ficha policial es a la prueba judicial lo que la jaula de grillos a la orquesta sinfónica de Nueva York». (...).